El “yoísmo” y el “nosotrosismo” en la Educación Pública

YO

Por J. David Vargas

Pocas cosas hacen más daño a la Educación Pública que el “yoísmo” y el “nosotrosismo”. ¿Quién no ha estado en una sala de profesores quejándose amargamente porque un grupo no trabaja, o un alumno o grupo de alumnos revientan las clases, y se ha acercado alguien con una sonrisa de autosuficiencia dibujada en los labios y ha dicho: “pues conmigo eso no pasa porque yo…”?

No me refiero aquí -y es importante diferenciar- a compartir experiencias con los compañeros y enriquecerse mutuamente. Quien haya vivido lo expuesto en el primer párrafo sabe que nada tiene que ver lo uno con lo otro.

Recuerdo como si fuera hoy el primer año que trabajé como profesor en un IES de Alcalá de Guadaira. Era tutor de un 3° ESO muy complicado. En el equipo educativo había una compañera a la que le parecía casi un crimen que un novato como yo estuviera allí como profesor y, además, con una personalidad fuerte como para no dejarse manejar. En una sesión de evaluación, cada vez que decía algo, me llevaba la contraria o hacía algún comentario que demostraba suficiencia en comparación con el pobre chavalito novato e interino que estaba dirigiendo, porque esa era su función, la sesión de evaluación. En un momento dado, llegué a un alumno – ya casi terminando, su apellido empezaba por “T” – y dije algo así como que se negaba a hacer cualquier cosa, que tenía una actitud muy negativa y presentaba una tendencia a la insumisión total respecto a sus estudios. Esta compañera empezó su perorata con que no podía estar más en desacuerdo, que con ella trabajaba muy bien, que su comportamiento era estupendo porque ella había llamado a su madre, que es lo que hay que hacer (apunta, tutor novato), etc.

Miré la nota que había obtenido en su asignatura y era un 2. La misma que en casi todas las asignaturas pues solo había aprobado Religión.

– En tu asignatura tiene un 2- le dije sorprendido.

– Bueno porque en los exámenes tiene 0,75 0,5 y un 1.

El resto de compañeros y compañeras la miraron con estupefacción.

– ¡Pero trabajar, trabaja! Al menos, conmigo – añadió ante el silencio acusador que se cernía sobre ella.

Hace poco volví a vivir un proceso de “yoísmo y nosotrosismo” en una reunión con varios representantes de la comunidad educativa sobre la convivencia en las aulas. Uno de los directores que allí había insistía en sus logros en su centro, continuamente refiriéndose al antes y después de asumir él la dirección. A veces, hablaba de “nosotros” en vez de “yo”, pero obviaba que estábamos allí para aportar en pos de la muy necesaria mejora de la convivencia en las aulas andaluzas. No estábamos para escuchar “su” experiencia o su buen hacer, que no la pongo en duda, solo que me recordó mucho a ese “yoísmo y nosotrosismo” tan singularizador y que construye tan poco cuando no se piensa en resolver el problema sino en mostrar lo “buen profesional” que es alguien en comparación con los pobres mortales que, humildemente, compartimos – oh, casualidad – problemas muy parecidos en aulas o centros comunes.

Más nos valdría pensar todos y todas en mejorar la Educación Pública y abandonar ya egos de salón que solo producen patetismo y lástima, cuando no sentimientos menos agradables.

#25N en Algeciras

algeciras

Por Mariluz Terán

La enseñanza siempre ha estado comprometida con lo que pasa a su lado. La enseñanza siempre ha alzado su voz contra aquellas teorías que privan la libertad de ser. La enseñanza siempre da la cara sin miedo aunque nos etiqueten. La enseñanza siempre defiende las causas vivas y las perdidas. Ahí estamos siempre: detrás de la pancarta y encima de las cabezas que piensan y deciden sus destinos.

Ocurre que cuando la sociedad toma el camino equivocado, no queda más remedio que salir y protestar. Ojalá a veces no tuviéramos que estar tan presentes; ojalá el Plan de Igualdad no existiera en los centros educativos porque no fuera necesario; ojalá no tuviéramos que vindicar espacios que pertenecen a la mujer; ojalá los cortometrajes dedicados a la violencia de género hubieran pasado de moda porque aquello ya quedó superado… Ojalá los sindicatos no tuvieran que estar siempre en la batalla peleando… Ojalá.

Pero ocurre que la sociedad sigue tomando el camino más difícil y la enseñanza se pone alerta y comienza a gritar, a protestar, a manifestar su desencuentro… Y hoy es uno de esos días en los que más afónicas nos quedamos: 25 de noviembre, Día Internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer.

Desde hace unos años, el alumnado de los institutos de Algeciras sale para decir BASTA YA a la violencia machista, al maltrato del hombre hacia la mujer por el simple hecho de ser mujer. Hoy no va a ser menos y diez centros de Enseñanza Secundaria de Algeciras nos hemos reunido en el recinto ferial para gritar fuerte, para lanzar manifiestos, poemas y alegatos a favor de la libertad y la igualdad.

Nos volvemos a concentrar de forma independiente a otras instituciones, como el año pasado, porque hemos entendido que el protagonismo hoy lo lleva el alumnado. Ellos y ellas son quienes vienen a decirnos que su corta edad no los excluye de su compromiso social y vital, que el futuro les pertenece y quieren cambiar este mundo injusto en el que viven.

Nosotras y nosotros, coordinadores de Igualdad, docentes, activistas sindicales estamos ahí para acompañarles, para que sientan que su grito es el nuestro, para decirles que nos sentimos orgullosos y orgullosas de su implicación y su compromiso. Ellos y ellas son el futuro, y por ellos y por ellas estaremos ahí, siempre.

USTEA-Cádiz denuncia al delegado de Educación en los tribunales por prevaricación

DenunciaRatiosEn USTEA-Cádiz no vamos a permanecer impasibles ante la gravedad del ataque a la educación pública por parte de la Consejería de Educación, que se salta las leyes que regulan el número máximo de alumnas/os permitidas/os por clase, masificando las aulas y degradando la calidad de nuestro sistema educativo. Por eso esta mañana hemos interpuesto una denuncia penal por un delito continuado de prevaricación administrativa contra el titular de la Delegación de Educación, Miguel Andreu Estaún.

Desde comienzos del presente curso, en efecto, en USTEA.Cádiz hemos tenido conocimiento de numerosos casos de ratios que sobrepasan el máximo permitido por la legalidad vigente, casos que nos han llegado tanto por madres, padres y docentes, como en las visitas de nuestros representantes sindicales a los centros de la provincia. Para la denuncia nos hemos basado en varios centros concretos, pero nuestro objetivo último es denunciar ante la opinión pública una situación generalizada que evidencia la política de recortes y agresión a la educación pública por parte del gobierno andaluz.

La cuestión de la ratio, o el número permitido de alumnas/os por unidad, viene recogida en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y en el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de educación infantil, educación primaria y educación secundaria. Y la legislación educativa es muy clara: se limita el número máximo de alumnas/os por aula a 25 en el caso de Primaria, 30 en el caso de Secundaria, y 35 en Bachillerato.

Estos máximos, evidentemente, pueden tener excepciones, las cuales están recogidas en el art. 87 de la LO 2/2006. En dicho artículo, de manera taxativa y cerrada, se establece la posibilidad de un incremento por unidad, pero solo de un 10% como máximo y para casos de alumnado de incorporación tardía, es decir, pasado el periodo ordinario de incorporación, que para el presente curso concluyó el pasado 21 de mayo de 2019.

Como hemos dicho, en USTEA-Cádiz hemos tenido conocimiento de la existencia de numerosos casos de incremento de ratios en toda provincia, acordados por la Consejería de Educación a través de la Delegación de Cádiz, superando, en ocasiones con creces, las ratios legalmente establecidas, habiéndose efectuado muchos en periodo ordinario de incorporaciones, y otros en plazo de incorporación tardía pero sin estar legalmente justificados.

Por tanto, entendemos que, de manera indiciaria, podemos estar ante un presunto delito continuado de prevaricación administrativa regulado en el art. 404 del Código Penal. La intervención de la jurisdicción a la que nos hemos dirigido viene justificada por: a) la naturaleza jurídica de la legislación administrativa que ha sido manifiestamente incumplida, b) afectar a un derecho fundamental y consagrado constitucionalmente (art. 27 de la Constitución) como es el derecho a la educación, c) tener una legislación taxativa: nada menos que una Ley Orgánica. La presunta culpable es la Delegación de Cádiz de la Consejería de Educación.

Queremos recordar, finalmente, que entre los objetivos de USTEA Cádiz, además de la defensa de los derechos laborales de las/os trabajadoras/es docentes, se encuentra -conforme a sus estatutos- la defensa de la educación pública y de la calidad de la misma. El incremento de la ratio es otra forma de ataque -una más, entre las varias que está llevando a cabo- por parte de la Consejería de Educación a la educación pública que tiene una doble consecuencia negativa: es una forma velada de recorte de empleo público, y afecta directamente a la calidad de la enseñanza, pues un mayor número de alumnas/os por aula implica un menor tiempo de atención individualizada para cada una/o por parte de las/os docentes.

Y ante ataques como este en USTEA-Cádiz no dudamos en responder. Incluso en los tribunales.

USTEA-Cádiz exige a la Delegación de Educación el cumplimiento de la normativa sobre horas de guardia

El equipo de USTEA-Cádiz ha registrado hoy martes, 1 de octubre, un escrito en la Delegación Territorial de Educación para exigirle a su titular, D. Miguel Andreu Estaún, que garantice que las horas de guardia en todos los centros se ajustan a la normativa.

En efecto, uno de los temas sobre los que más quejas nos están llegando en el arranque del presente curso 2019-20 es el número de horas de guardia. Algunas/os profesoras/es de diversos centros nos han comunicado que en sus horarios el número de horas dedicado a dicha función excedería presuntamente el límite contemplado por la normativa.

Ante esta situación, USTEA-Cádiz le recuerda en su escrito al Delegado de Educación que la Orden de 29 de junio de 1994 del Ministerio de Educación y Ciencia (BOE núm 59 de 5 de julio) especifica en su artículo 81. a) que el horario deberá contemplar “entre una y tres horas de guardia, en función de las necesidades del centro y a juicio del Jefe de Estudios”.horas-de-guardia

Partiendo de lo fijado por la legislación estatal sobre el límite de horas de guardia, en nuestro escrito solicitamos al Delegación de Educación:

Que comunique a todos los componentes del servicio de inspección y a todas las directivas de los centros de la provincia que esta normativa es de obligado cumplimiento, y que por tanto vigile el cumplimiento de la misma.

– Que se revisen todos los horarios de los docentes de la provincia para que se ajusten a lo establecido en el artículo 81. a) de dicha Orden.

Que nos remita un listado de los centros que no cumplen dicha normativa, indicando la base legal de dicho incumplimiento.

Darwinismo y SIPRI: interin@s docentes excluid@s e inactivos de oficio.

En la primera convocatoria de SIPRI para Secundaria, FP, Escuelas de Idiomas y Conservatorios quedaron INACTIVOS DE OFICIO 5124 puestos en bolsa. Digo puestos en bolsa porque hay interin@s que están en varias bolsas. No son la mayoría ni mucho menos, pero demos como posible que el número de personas que pasaron a estar inactivas de oficio tras el primer SIPRI de esos cuerpos docentes sea, siendo generosos, de 3500. 3500 interin@s pasaron a estar, en la práctica, congelados para todo el curso por no participar o hacerlo de un modo inapropiado en la convocatoria de SIPRI.

Supongamos que de esos 3500, 1500 sabían que tenían que participar en SIPRI y no lo hicieron porque hayan decidido no seguir o empezar a ser docentes en Andalucía. Supongamos que algunos de conservatorio están de gira con Rosalía y les va la vida lo más bien. Otras han publicado su primera novela y otres están viajando por el mundo. Claro que podrían haberse inactivado a petición propia cuando echaron los destinos en junio, pero supongamos que todo ello ha sucedido desde que tuvimos que echar los destinos. En fin, la vida da muchas vueltas y lo que a nosotros nos parece extraordinario, a otros les parece rutina. Bien. Tenemos entonces a 2000 personas que queriendo ser docentes o continuar siéndolo este curso en Andalucía no sabían que tenían que participar en SIPRI o, sabiéndolo, lo hicieron de un modo incorrecto y, por tanto, no van a trabajar como docentes en la Educación Pública andaluza este curso. Son las normas. Así está la normativa.

En las oposiciones de 2017, unos cincuenta interin@s fueron al paro por inscribirse incorrectamente en ese proceso selectivo. Se hicieron llamar Excluid@s Docentes 2017. Algunos de ellos, llevaban más de 25 años trabajando en conservatorios. Otros, maestros que llevaban seis años o tres, etc. Después de inscribirse, rellenar los destinos, pagar al banco la tasa para realizar el examen no le dieron al último clic del ratón y la solicitud quedó en el limbo. No se registró. Como en ese momento la normativa decía que quien no se presentara a las oposiciones sería excluido de la bolsa, pues se les mandó al paro. Fuera de la bolsa. Da igual lo que hayas hecho. Da igual qué tipo de docente seas. A la calle porque no le diste al último clic de ratón. No te llegó el PDF con el sellito. Al carrer. Sin piedad. Son las normas. Así está (estaba) la normativa.

Entonces, los interin@s docentes importamos exactamente eso, ¿no? ¿Un clic de ratón? ¿Es esto el darwinismo aplicado a los procesos administrativos para ser o poder seguir siendo docentes?

Cuando sucedió aquello de los Excluid@s Docentes 2017 hay quien dijo que así era la vida, que mucha gente había pasado por eso y que nada se podía hacer. Tenían razón. En parte. Mucha gente había pasado por eso, pero iban a Canarias a hacer los exámenes y poder salvarse de ser excluidos. Aquel año 2017, Canarias convocó al mismo tiempo que Andalucía por lo que no pudieron hacer lo mismo que se había hecho hasta entonces. “Nada se podía hacer”. Judicialmente, como ha ido sucediendo con las sentencias contra ellos, ciertamente poco se ha podido hacer. Pero que nadie olvide nunca que una cosa es legalidad y otra justicia. Que nadie olvide nunca que lo legal en la Alabama de 1960 era ir al servicio de los negros si eras de raza negra, a cederle el asiento a los blancos (viva Rosa Parks!!) si estos lo necesitaban y, en general, a toda una normativa excluyente para una parte de la población de aquel estado y de otros estados sureños de USA. Toda esa normativa fue aprobada por los políticos de la época y la mayor parte de la población – la blanca, por supuesto- la veía razonable y justa. Y se aplicaba. Y si un negro estaban tan loco para ir a los tribunales a denunciarla, habría perdido cien de cien veces porque estaba muy clara. Y había que cumplirla.

No se trata de decir que los interin@s docentes somos como negros de Alabama en los cincuenta o sesenta porque no es el caso. Es más, en Andalucía hemos conseguido derechos impensables en otras comunidades autónomas en las que el PP – y a veces el PSOE- los trata como a basura dispensable. Y eso está muy bien. Pero al igual que cierto club de fútbol no puede vivir del pasado y de lo conseguido, nosotr@s tenemos que ganar la batalla al darwinismo interino. Nosotr@s tenemos que luchar para que nuestra vida no dependa de un clic.

Ahora vendrán los rapsodas del desconsuelo y la normalidad a apestar con su azufre estas palabras y decir que no se puede pedir a la Consejería que prevarique (cosa cierta, desde luego) y que entonces cómo y que siempre ha sido así y que fíjate todo lo que hemos conseguido, etc, etc. Se ve que a esta gente, poetas o no, no se les ha ido la vida por el inodoro porque olvidaron darle un clic. Se ve que se quitaron el drama de en medio pronto porque delante molesta y no han visto a afiliados con sus vidas destrozadas porque les mandaron al paro por un golpe de ratón de ordenador. Se ve que tampoco ahora les llamará alguien entre lágrimas porque estando el 300 en su bolsa fue convocado en SIPRI y no se enteró y ya este año se ha ido, se le han puesto 700 por delante en junio de 2020 y tampoco trabajarán, probablemente, el curso 20-21.

No se trata de pedir a la Consejería que prevarique. Se trata de luchar para que la normativa sea tal que no se dedique a excluir y congelar con un chasquido de dedos sino que atienda a la dignidad del trabajador. Y si no se echa con tanta facilidad, no hay que prevaricar para revertir la situación que ellos mismos con su normativa castigadora han creado.

A mí me encantaría que los diputados andaluces, los consejeros y los directores generales de las consejerías tuvieran que hacer un proceso administrativo por ordenador cada año para seguir ocupando sus puestos. Me habría encantado que lo hubiese tenido que hacer Antonia Cascales Guil, que tan poco empatía demostró con aquellos Excluid@s Docentes 2017. Sin olvidar a Sonia Gaya, que era la consejera, sindicalista de UGT y “compañera” de mi especialidad. Me habría encantado porque sé positivamente que varios de ellos lo habrían hecho mal algún año. Sé con certeza que ni siquiera varios habrían sido capaces de cerrar el proceso sin ayuda externa. Total, si hay un tutorial y unos instrucciones. ¿Cuál es su problema, señoría? Me habría encantado verles perder su trabajo por la misma razón por la  que lo perdieron esos Excluid@s Docentes 2017  o ahora van a perder una gran oportunidad miles de docente de ese SIPRI de 11 de septiembre y tantos cientos de otros SIPRIS pasados y por venir. Irían llorando a gritar que eso es injusto. Irían a El Mundo a que les publicase un artículo y luego alguien les diría en un gran despacho: “si no hubieseis ido a la prensa, todavía podríamos hacer algo” (y si no hubiesen ido a la prensa, tampoco habríais hecho un pimiento, a quién vais a engañar). En fin, fantasías de uno que quisiera vivir en un mundo más justo en el que los malos, al final, pierdan y nos enteremos todos de ello: de su derrota y de su maldad. Pero ese no es este mundo, sin duda.

SIPRI es un magnífico invento. Ofrece transparencia para poder ver todas las bajas que no se cubren (y reclamarlas como hacemos en USTEA Cádiz), para cubrir las de carácter voluntario que antes casi ni se cubrían, para dar seguridad de limpieza en el proceso. Pero SIPRI no puede ser un instrumento del viejo Darwin para seleccionar a los que mejor se adapten a estos estúpidos procesos administrativos usados – por razones POLÍTICAS y culpa de los POLÍTICOS- para ir echando a gente a diestro y siniestro o congelarlos para un año cuando, además, por pura NEGLIGENCIA de la Consejería se han quedado bolsas vacías sin que se hubieran convocado bolsas extraordinarias en tiempo y forma. Nadie fue al paro por ello. Se han ido a la calle porque su partido no pudo seguir gobernando. Y los que están ahora se parecen a ellos como dos gotas de agua. No es cuestión de siglas sino de entender a los interin@s docentes como trabajadores que tenemos derecho a la dignidad laboral y a no perder su trabajo por un clic de ratón. Es tan sencillo como eso.

En USTEA Cádiz seguiremos luchando por todo esto. No nos callaremos jamás. En posición de delegado sindical o cuando lo dejemos, más pronto que tarde. Porque Rosa Parks no se levantó de ese asiento y no hay más dignidad en la historia de este loco mundo que la de esa mujer allí sentada.

 

J. David Vargas (responsable Interin@s USTEA Cádiz)

 

Imagen destacada: Pixabay

 

 

 

Sobre la justicia europea y el profesorado interino

Desde hace meses las/os docentes interinas/os de Andalucía, y de todo el Estado en general, están pendientes de una sentencia del TJUE que supuestamente forzaría a las administraciones públicas a convertir al personal funcionario interino en fraude ley en fijo, como funcionario de carrera o con otra denominación que implique igualmente la deseada estabilidad.

Teniendo en cuenta el interés e incluso preocupación entre el profesorado interino, y sin apartar la mirada de lo que está ocurriendo en el TJUE, queremos exponer una serie de aspectos de carácter legal a tener en cuenta.

En primer lugar, no hay que perder de vista que el TJUE no resuelve casos concretos, sino que su función consiste en responder a las dudas que los órganos judiciales de los distintos Estados plantean sobre la interpretación de una norma comunitaria, en este caso concreto la DIRECTIVA 1999/70/CE.

Dicho esto, las dos cuestiones claves son las siguientes:

– ¿Es posible y coherente con los objetivos de la referida directiva europea transformar una relación estatutaria temporal interina en una relación estatutaria estable, ya sea desde la denominación de empleado público fijo o indefinido, con la misma estabilidad en el empleo que los empleados estatutarios fijos comparables?

– En caso de que la respuesta fuera negativa, ¿sería posible, según los objetivos de la Directiva, condenar a la Administración a pagar una indemnización equiparable a la del despido improcedente?

Dado que, como queda dicho, la función del TJUE es orientar a los tribunales estatales sobre la interpretación de la normativa comunitaria, resulta muy difícil -por no decir imposible- que imponga una solución única. En cualquier caso, después de un pronunciamiento el TJUE reconociendo un posible abuso, la elección de la sanción corresponderá a la justicia española, en este caso a un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en una sentencia que será recurrible ante el Tribunal Superior de Justicia y después, en casación, ante el Tribunal Supremo. Estaríamos, por tanto, ante una cuestión con un largo itinerario procesal por delante.

Por otra parte, no existe razón jurídica alguna que justifique la necesidad de empezar inmediatamente los trámites para reclamar la fijeza. Tampoco ningún indicio de que el legislador vaya a modificar la regulación de esta cuestión antes de que el TJUE se pronuncie. Plantear una reclamación de forma prematura implica riesgos: económicos (pago de las costas) y de más calado (el peligro de que adquieran firmeza resoluciones administrativas perjudiciales que podrían obstaculizar futuras reclamaciones).

Por otra parte, desde que el TJUE fijó en septiembre de 2016 su doctrina sobre la contratación temporal, se han sucedido sentencias contradictorias que han generado una lógica incertidumbre. Lo aconsejable sería esperar a que el TJUE se pronuncie sobre las cuestiones pendientes.

En cualquier caso, nuestros servicios jurídicos están a disposición de la afiliación para cualquier reclamación que quiera realizar. Nuestra obligación es informar de los pormenores legales, pero cada persona puede decidir libremente iniciar los trámites para reclamar su estabilización si así lo desea.

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Nota de prensa sobre la desescolarización de menores inmigrantes en la Sierra de Cádiz

USTEA–CÁDIZ EDUCACIÓN DENUNCIA LA DESESCOLARIZACIÓN DE MENORES INMIGRANTES EN LA SIERRA DE CÁDIZ  Y SU DISPERSIÓN SIN PREVIO AVISO.

Este hecho podría estar ocurriendo en otras zonas de la provincia, como el Campo de Gibraltar.

De un día para otro, a dos semanas de finalizar el periodo de clase y tirando por tierra todo el trabajo de decenas de profesionales y el esfuerzo de esos chicos por conseguir la integración y la normalización de sus vidas. Está ocurriendo en Arcos de la Frontera, donde el profesorado del CEPER Blas Infante y del IES Alminares han hecho un escrito denunciando cómo el alumnado inmigrante, al que tenían escolarizado desde enero, ha desaparecido repentinamente de sus aulas sin haber sido avisados previamente por ningún representante de la administración. Al parecer la causa sería el cierre del centro SAMU de Arcos de la Frontera que les albergaba. Pero la desescolarización de menores y su traslado no solo están ocurriendo en Arcos, pues hemos recibido quejas de otros centros educativos de la Sierra donde está sucediendo el mismo problema. Los IES Francisco Fatou, Los Remedios y Las Cumbres de Ubrique también han visto desaparecer a sus alumnos inmigrantes, procedentes del albergue de menores de El Castillejo, en El Bosque, de un día para otro y sin previo aviso.

USTEA-CÁDIZ Educación denuncia la atrocidad de estas medidas, que condena al desarraigo y a la marginalidad a decenas de jóvenes que estaban reconduciendo sus vidas, tras haberlas arriesgado cruzando el Estrecho en busca de una oportunidad.

Esa oportunidad la habían encontrado de la mano de sus profesoras y profesores, junto a los cuales invirtieron tiempo y esfuerzo por aprender el idioma y adaptarse a la nueva cultura, con comportamiento óptimo y respeto hacia la comunidad educativa. Así lo denuncia el claustro del CEPER Blas Infante de Arcos en su escrito de protesta por la desescolarización de los menores y el futuro incierto al que se les condenan, al ser repartidos por diferentes puntos de la Comunidad andaluza sin tener en cuenta sus procesos formativos, ni el desarraigo que supone la separación tras los lazos de convivencia e integración creados a lo largo de los últimos meses.

USTEA-Cádiz Educación exige a la administración provincial aclare el porqué de estos cierres de centros y el traslado de estos jóvenes sin previo aviso, y dé explicaciones de por qué no se ha esperado a finalizar sus procesos educativos, ya que no solo supone una vulneración de los derechos más elementales de esos menores y un acto de falta de humanidad, sino un claro desprecio al trabajo de decenas de docentes que ya preparaban sus proyectos de formación para el curso próximo en base a los buenos resultados obtenidos.