REPRESIÓN SINDICAL EN LA JUNTA DE ANDALUCÍA: LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓIN Y EL GOBIERNO “DE IZQUIERDAS” DE LA JUNTA DESPIDEN A UNAS/OS 1000 TRABAJADORAS/ES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS EN ANDALUCÍA POR EXIGIR SUS DERECHOS

MOVILIZACIONES EN ESTA SEMANA:

De momento hay confirmadas dos acciones para este jueves 31 de octubre a las 19:00:

  • En Cádiz: Concentración el jueves a las 19:00 frente a la sede del PSOE en plz. San Antonio.
  • En Málaga: Reparto de panfletos para informar a la ciudadanía y atender a la prensa al principio de la calle Larios. 
Llegarán más e iremos informando. Estamos organizando un calendario de movilizaciones a nivel andaluz.

Este colectivo denunció su situación en las provincias de Cádiz y Córdoba ante la Inspección de trabajo después de ocho años trabajando sin derechos para la Junta de Andalucía. Sueldos de miseria (unos 4 € la hora), sin derecho a vacaciones, ni antigüedad, ni a descanso semanal, inseguridad de un curso a otro, mientras las empresas (Eulen, Clece, Adecco, BCM, STI…) se lo llevaban calentito sin hacer nada más que poner la mano para cobrar.

Cuando la Inspección de Trabajo les da la razón en sendas resoluciones  en las que determinan que existe una clara “cesión ilegal de trabajadores”, la Consejería decide “eliminar pruebas”, “borrar huellas” de cara al primer juicio que tendrá lugar en diciembre despidiéndolas y contratando precipitadamente de forma directa a otro personal en su lugar que les lave la cara.

La inmoralidad y la hipocresía de quienes se dicen defensores de la Escuela pública no tiene límites.

El viernes pasado el sindicato Ustea se reunió con el Viceconsejero de Educación, Sebastián Cano, y la Directora General de Recursos Humanos de la Consejería, Antonia Cascales. En dicha reunión certifican el fin inmediato del Servicio de Apoyo y Asistencia a la Gestión Académica y Económica de los Centros Públicos de Infantil y Primaria dependientes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía en las ocho provincias andaluzas. El último correo que planificación envía a los centros esta misma mañana de lunes certifica dicho fin para la próxima semana.

ANTECEDENTES

Este servicio lleva subcontratándose a través del oscuro y nepotista ISE (Ente Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, dependiente de Educación) desde hace ocho años con distintas empresas trayendo como consecuencia la precarización del empleo y del servicio:

  • Salarios de unos 4€ la hora.

  • Sin derecho a vacaciones ni a descanso semanal.

  • Sin derecho a convenio ni permisos, ni licencias, ni maternidad.

  • Obligadas en muchos casos a renunciar bajo coacción al finiquito y a la revisión médica legal.

  • Incumpliendo toda la normativa referida a seguridad y salud en el trabajo.

  • Autoformándose para desempeñar su trabajo.

  • Encadenando ilegalmente contratos por obras y servicios, despedidas en junio y con la inseguridad de no volver a ser llamadas en septiembre.

  • Siendo cedidas ilegalmente ya que funcional, organizativa y materialmente las trabajadoras llevan ocho años trabajando para la Consejería de Educación en las secretarías de nuestros colegios, absolutamente invisibilizadas.

El desencadenante de la organización de las trabajadoras y la denuncia posterior en la calle y los juzgados fue el hecho de que en las provincias de Cádiz y Córdoba empezaran a no cobrar. La empresa subcontratada en ambas provincias, Sistemas Territoriales Integrados, se demuestra claramente insolvente pero gana el concurso porque en los últimos pliegos el único criterio de adjudicación era el precio más bajo. No llega a un año después cuando la empresa se declara en Concurso de Acreedores debiéndoles a las trabajadoras cuatro nóminas de media.

A falta de empresa las contrataciones este curso se hacen de forma tardía e improvisada mediante dotaciones que se dan a los centros para que subcontraten a las trabajadoras.

La denuncia a la Inspección en Cádiz y Córdoba se resuelve con sendos oficios en los que se reconoce una clara CESIÓN ILEGAL DE TRABAJADORES según el artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores. El primer juicio en Cádiz es en diciembre.

 

LA REUNIÓN DEL VIERNES CON LA CONSEJERÍA

El viernes pasado en la reunión que mantienen con nosotras, Sebastián Cano y Antonia Cascales nos informan de la eliminación inmediata del Servicio y su sustitución por contrataciones a través de Plan de Choque y por el SAE con las siguientes características en el perfil:

  • Monitores Escolares (grupo III).

  • Titulación: Técnico Superior en Administración y Finanzas o Técnico Superior en Animación Sociocultural.

Excluyen así, de forma intencionada, a todo el personal que ha venido desempeñando este trabajo durante ocho años y a los que sólo se les pidió nivel de Graduado Escolar o equivalente para optar al mismo puesto.


INTENCIÓN VELADA DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Eliminar pruebas de cara a los juicios que tienen pendientes con el personal por cesión ilegal ya que:

  • La acción para declarar una cesión ilegal sólo podrá ejercitarse durante el período en que se mantenga la cesión ilegal, siendo el término temporal de referencia la fecha de presentación de la demanda. En otro caso se presupone el trabajador consiente esa cesión y se pierde el derecho de reclamar.

    • Con lo que evitan que el personal del resto de provincias que no han denunciado todavía puedan demandar.
  • Cuando la cesión ilegal se produce en la Administración Pública, los trabajadores cedidos adquieren la condición de trabajadores con relaciones laborales indefinidas, pero no son fijos de plantilla, pudiéndose extinguir el contrato al cubrirse reglamentariamente la plaza ocupada.

    • Las contrataciones por plan de choque que harán en los próximos meses y sin RPT a la vista pretenden presentarse como coberturas “reglamentarias” de las plazas, con lo que podrían justificar en un juicio la extinción de los contratos.

Más información sobre la cesión ilegal y lo que supone: http://www.cuestioneslaborales.es/cuando-existe-la-cesion-ilegal-de-trabajadores/

EN DEFINITIVA, EVITAR A TODA COSTA QUE LAS TRABAJADORAS QUE ESTÁN DANDO LA PELEA LA GANEN PARA NO SENTAR PRECEDENTES EN UN CASO EVIDENTE DE REPRESIÓN SINDICAL.

EXIGENCIAS DEL COLECTIVO:

  • Si no se quiere admitir el requerimiento de las inspecciones de Cádiz y Córdoba proporcionar un método para acreditar al personal que lleva todos estos años desempeñando este trabajo sin reconocimiento de su categoría profesional de forma que puedan acceder a la oferta de empleo público en igualdad de condiciones.

  • Denunciar los despidos y atribuirlos a una voluntad de reprimir sindicalmente a la plantilla por reclamar sus derechos con la intención de no sentar precedentes que pudieran suponer un ejemplo para todo el personal subcontratado, precarizado, sobreexplotado de la administración pública andaluza.

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