USTEA-CÁDIZ denuncia el agravio comparativo entre centros públicos y concertados de FP en relación a la Formación en Centros de Trabajo

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El sindicato USTEA-CÁDIZ denuncia el agravio comparativo que está sufriendo el alumnado de Formación Profesional de los centros públicos de Cádiz: se ha comprobado que ciertos centros concertados han podido colocar a sus alumnos y alumnas, antes de fecha, en las empresas conveniadas para la realización de los módulos de Formación en Centros de Trabajo.

Tales módulos, conocidos por sus siglas como FCT, son el último requisito para titular en los respectivos ciclos formativos, y se accede a los mismos una vez cursadas el resto de asignaturas. Cada curso escolar, respetando el plazo establecido por ley, los centros solicitan plazas a las distintas empresas colaboradoras, tratando de amoldar al máximo el perfil y las necesidades profesionales de cada uno y cada una de sus alumnos y alumnas.

Cumpliendo la normativa vigente, que presupone una serie de horas lectivas previas en el centro educativo de origen, este curso no era posible iniciar el módulo de FCT con fecha anterior al 15 de marzo. Sin embargo, USTEA-CÁDIZ constata la presencia de alumnado de la concertada formándose en determinadas empresas desde al menos el 1 de marzo, lo cual, para el alumnado de la pública, redujo la oferta a la hora de solicitar su FCT más adecuado.

USTEA-CÁDIZ, conocedora del asunto desde hace más de un mes, se puso en contacto con la Inspección Educativa de la Delegación de Educación, tanto para transmitirle el problema como para pedir explicaciones. Sin embargo, a día de hoy sigue sin haber ninguna respuesta, y, por desgracia, sigue sin estar prevista ninguna actuación para desactivar el agravio.

Teme USTEA-CÁDIZ que solo se haya descubierto la punta del iceberg de una práctica habitual, tanto en Cádiz como en el resto de la provincia, o incluso en otras partes de Andalucía. Exige el sindicato que la Delegación de Educación afronte y combata el problema, abriendo una investigación, depurando responsabilidades y resarciendo al alumnado afectado; y denuncia, asimismo, que el silencio de la Administración la convierte en cómplice de esta situación inmoral, desleal e ilegal —que, por desgracia, no desentona con la situación inmoral, desleal e ilegal de la que siempre se beneficia la educación concertada en detrimento de la pública—.


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