Sobre la admisión a trámite de la demanda contra la oferta de empleo público de 2018 y la posible paralización de las oposiciones, por Rubén Gómez

Como sabréis, un bufete de abogados ha denunciado ante el Tribunal Supremo el polémico y criticado Acuerdo de Función Pública de 29 de marzo firmado entre el gobierno y CC.OO, UGT y CSIF. Igualmente, por emanación, queda también denunciado el articulado de la Ley de Presupuestos Generales que contemplaba el procedimiento de oferta de empleo público que reflejaba dicho acuerdo.

Los rumores no han parado de extenderse: que si iban a paralizar las oposiciones, que si iban a hacer fijos a los interinos e interinas, que si nos iban a dar indemnizaciones por despido y un largo y en ocasiones esperpéntico etcétera.

¿Qué es lo que sabemos y podemos afirmar al respecto?

– Las oposiciones no se paralizarían hasta que el Tribunal Supremo estableciera medidas cautelares. Admitir a trámite una denuncia no significa necesariamente ni que la denuncia prospere ni que quede paralizado automáticamente nada. Es una posibilidad que se dicten dichas medidas, pero el Tribunal Supremo no lo ha hecho todavía.

– La única manera de hacer fijo a un interino o interina es superar un proceso de oposiciones. Y no hay más. Cuando se invoca la Directiva 1999/70/CE de la Unión Europea, que buscaba equiparar los derechos de los trabajadores eventuales con los de los trabajadores fijos y penalizar el abuso en el contrato temporal, no se cuenta ni se comprende el problema legal que tiene nuestro país. Problema que, por cierto, explica porqué la mayoría de las denuncias de interinos e interinas no prosperan (solo muy pocas). Vamos a explicarlo:

Hay tres normas a tener en cuenta:

Las directivas de la Unión Europea: orientan a los estados miembros a conseguir determinados objetivos y resultados, aunque no dicen cómo debe hacerlo cada estado. Así, lo que nos dice la UE es que hay que desincentivar la temporalidad y equiparar derechos de temporales y fijos.

El Estatuto de los Trabajadores: rige para la empresa privada y los y las contratadas laborales al servicio de la administración. Dicho estatuto sí que recoge el contenido de esta directiva europea y la cumple. ¿De qué manera? Obligando a que un trabajador eventual que cumple tres años de trabajo en un determinado puesto, debe pasar a ser indefinido. Igualmente, se penaliza la contratación temporal en el despido por causas objetivas con 20 días de sueldo por año trabajado.

El Estatuto Básico del Empleado Público: que rige para funcionarias y funcionarios, sean de carrera o interinos. Éste Estatuto no recoge la directiva europea, ya que el gobierno entiende que la interinidad implica una eventualidad por definición, ya que se supone que sirve para cubrir bajas, permisos, excedencias o jubilaciones del personal funcionario de carrera. Otra cosa es el uso retorcido, viciado y fraudulento que han practicado las administraciones públicas para precarizar el empleo, atacar a los servicios públicos y fomentar el negocio de las oposiciones del que participan academias, grandes centrales sindicales, preparadores, tribunales, etc… El gobierno entiende que la interinidad, por definición, implica eventualidad y esto, al menos formalmente, es correcto. La consecuencia es que hacer fijo a la interina o al interino implica superar oposiciones y convertirse en funcionaria o funcionario de carrera.

¿Cómo quedaría la cosa? Aquí hay varios problemas.

Por de pronto un vacío legal que es culpa del gobierno que no se ha molestado en modificar el EBEP para recoger la directiva europea. Ante este vacío legal, diversas demandas han prosperado y otras, la mayoría, no. Las relativas a equiparaciones salariales no han tenido demasiado problema, pero las relativas a indemnizaciones por despido, han sido muy escasas. Las que se han ganado se ha debido a que determinados jueces, ante el vacío legal, han buscado referentes en el Estatuto de los Trabajadores para apoyar en algo sus sentencias, pero la mayoría no lo ha hecho así al entender que es una normativa que no es de aplicación en el caso de función pública, que tiene su propio Estatuto.

Por lo tanto, sobre lo de hacer fijos por sentencia judicial a los interinos e interinas es una quimera que no se sustenta en ninguna base legal, es más, sería completamente ilegal. La única posibilidad que quedaría abierta, observando sentencias parecidas en el ámbito de personal laboral, sería que se estableciera una analogía con el ET e imponer un nuevo tipo de contrato diferente del de interinidad: el del funcionario indefinido, pero no fijo, totalmente diferente del funcionario de carrera. Esos contratos cesarían en el momento en que sus plazas ocupadas salieran a concurso de traslados, en oposiciones, o por amortización de las mismas. Es decir, que si se diera cualquiera de estas situaciones, el interino o interina se iría a la calle.

Otro problema sería la naturaleza y función de la interinidad y el mecanismo de provisión de puestos de trabajo a la función pública del estado español. El propio Tribunal Europeo admite que sus sentencias no habían asimilado y entendido plenamente esta realidad y ha señalado que tendría que revisar y aclarar sus sentencias. Los propios tribunales españoles han interpelado a sus homólogos europeos para aclarar dudas y éstos todavía no se han pronunciado y no sabemos en qué sentido lo harán. Dichas aclaraciones serían necesarias para sentar jurisprudencia y realizar los cambios legales necesarios para adecuarnos a la directiva europea (tengamos en cuenta que nuestro modelo no es el anglosajón, cuyas sentencias judiciales pueden ser objeto de ley, en España solo se dictan y cambian leyes en el poder legislativo, no en el judicial).

Otro problema es la falta de voluntad por parte del gobierno y de los sindicatos firmantes del acuerdo de 29 de marzo de acabar realmente con todo el agravio que han sufrido y sufren las trabajadoras y trabajadores interinos. Ante la situación irregular, injusta y perjudicial para el sistema educativo y el resto de servicios públicos que ha supuesto la enorme, casi obscena, tasa de interinidad, se han conformado con sacar más plazas sin dar ninguna otra solución que mejore la calidad y estabilidad en el empleo, abandonando a su suerte a quien quede excluido. No quieren contemplar la aplicación del artículo 61.6 del EBEP (BOE 31/10/15), que permitiría un proceso de regularización de las interinas e interinos del estado, para lo cual sería necesaria voluntad política para aprobar una ley en el Parlamento que estableciera dicho procedimiento. Han sido vagos y tibios a la hora de reivindicar condiciones del examen que suavizaran y garantizaran un procedimiento más seguro y justo. Se han negado a contemplar en ningún momento una salida viable que estabilice a quienes pudieran salir perjudicados en estos procesos selectivos.

Desde USTEA Cádiz, seguiremos el desarrollo de los acontecimientos para que todas y todos estemos bien informados, no nos manipulen ni jueguen con nuestro futuro y nuestros derechos. Solo una clase trabajadora bien informada, consciente y soberana es capaz de frenar abusos y manipulaciones.

1 Response

  1. Ángela Cortés

    Me parece muy bien explicado. Sin embargo no creo que tengas en cuenta que hay interinos que han aprobado varias veces las oposiciones con notas altas incluso, esos que llevan mas de 5 años dando vueltas por la Andalucia profunda. No se podría tener en cuenta esas notas que son totalmente legales y hacerlos fijos por esas dos causas, experiencia y haber aprobado al menos una vez? Creo que hay material suficiente para regularizar a los interinos pero si hay negocios detrás de todo esto, como tu dices, esa y solo esa es la enfermedad que nos esta exterminando.

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