Acompañando a nuestro compañero Paco Blanco y a la Plataforma de Profesorado Excluido en su lucha, por Susi de León

El jueves 1 de febrero el Ayuntamiento de Puerto Real aprobó por unanimidad la Moción de Lesividad presentada en apoyo de Paco Blanco y la Plataforma de Profesorado Excluido. La moción fue defendida por la teniente de alcalde, Maite Sánchez, de Por Puerto Real Si Se Puede, y obtuvo el voto favorable de todos los grupos políticos con representación en ese Ayuntamiento, incluido el PSOE. Un enorme logro y una inmensa alegría para nuestros compañeros y compañeras, bastante afectados anímicamente por la difícil e injusta situación en la que se encuentran.

Ya el pasado 14 de diciembre todos los grupos políticos con representación en el Parlamento andaluz, salvo el PSOE –Podemos, IU, PP y Ciudadanos- estuvieron de acuerdo en apoyar esta vía como posible solución en el tema del profesorado excluido. En esa reunión estuvimos presentes Francisco Blanco, en representación de la Plataforma de afectados y Mª Jesús de León, en calidad de acompañante desde la organización de USTEA-CÁDIZ, a la que pertenece el anterior.

Todas las fuerzas políticas mencionadas vieron oportuno que esta iniciativa partiese del Ayuntamiento de Puerto Real, pues ha de ser una administración pública la que lo ponga en marcha, y en esta localidad reside Francisco Blanco, una de las personas más activas de esta plataforma. Los cuatro grupos parlamentarios manifestaron su intención de apoyar dicha iniciativa cuando se llevase al Pleno, y así ha sido, pero nuestra alegría ha sido aún mayor al comprobar que también el PSOE puertorrealeño votaba favorablemente a esta moción.

La iniciativa de lesividad es una moción donde se intenta demostrar fehacientemente que hubo indefensión en estas personas, y, sobre todo, un daño social. No está mal recordar cómo ocurrió el caso.

¿Por qué consideramos que hubo indefensión?

Las listas de opositores se publicaron a finales de mayo y las oposiciones se realizaron en junio. Durante este mes las personas afectadas intentaron por todos los medios a su alcance subsanar el error. Para matricularse en las oposiciones es necesario realizar tres pasos: Inscripción, pago de tasas y presentación (en registro o telemáticamente). Este tercer paso es el que les falla. Hay multitud de personas que cometen el mismo error (más del 10%), lo que confirma que el propio programa informático induce a error. Pero solo hay  40 de estas personas en bolsas de interinidad, personas que pierden sus empleos al no poder cumplir el requisito obligatorio de presentarse al proceso selectivo para continuar en bolsa. En un primer momento, ante sus reclamaciones, se les admite cautelarmente. A dos días de los exámenes, se les excluye definitivamente sin opción alguna.

Todos los años suceden casos similares, pero la propia Consejería les ofrecía la posibilidad de presentarse en otra Comunidad, generalmente, Canarias, que realiza sus exámenes más tarde. Este curso solo hubo oposiciones en Andalucía, por lo que fue imposible realizar esta posibilidad.

En la colocación de efectivos – que se hizo posteriormente- también ocurrieron fallos similares, pero ante el alto número de personas afectadas la Consejería admitió dos caídas de sistema y admitió a todas las personas excluidas. Existe por ello un claro agravio comparativo, pues todas esas personas no se equivocarían en el mismo momento de la caída del sistema informático.

La Consejería sabía de las consecuencias que tendría para todas estas personas el no poderse presentar a las oposiciones y, aun así, les impide subsanar su error, a pesar de haberse detectado con más de un mes de antelación. Es completamente injustificable, pues esas consecuencias son el despido fulminante,  por razones que nada tienen que ver con su labor profesional.

Creemos que la indefensión del profesorado afectado es clara y manifiesta. La consecuencia de un error administrativo o informático, desproporcionada e injusta.

Hemos de señalar, además, que estas personas pertenecen a bolsas diferentes, del cuerpo de Primaria y de Conservatorios, realmente su readmisión no causaría apenas modificaciones en esas bolsas de interinidad.

¿Por qué consideramos que hubo daño social?

La consecuencia de no permitir a estas personas subsanar su error es el despido fulminante, al quedar expulsados de las bolsas de interinidad como vemos. Consideramos que hay daño social por las siguientes razones:

  1. Al despedir a estas personas sin  motivos que tengan que ver con el desempeño de su labor profesional, lo que se crea es una situación de indefensión y desamparo en esas personas y sus familias. No es una situación individual, sino colectiva, afecta a todo el profesorado interino, al no valorarse la experiencia en estos casos, sino la correcta realización de una inscripción por vía telemática. Todo ello añade una situación de estrés a este profesorado y a su situación de precariedad.
  2. Es un daño social colectivo porque toda la sociedad se ve privada de la experiencia docente de estas personas, y, por tanto, de personas perfectamente cualificadas para su desempeño laboral. Cualquier empresa valoraría la experiencia laboral como una de las herramientas prioritarias para mantener a un trabajador o trabajadora. En este caso, además, estamos hablando de profesorado de especialidades como idiomas (inglés y francés), donde los años marcan la práctica y el camino para la enseñanza de las lenguas; o de Conservatorios, donde cualquiera sabe que la maestría en un instrumento se alcanza a través de los años con la experiencia, así como su enseñanza.
  3. Existe un daño social evidente contra la sociedad por ello. Debería cuidarse al profesorado con experiencia, pero en este caso la Consejería se ha permitido el lujo de tirar por la borda a personas con más de 20 años de servicio docente, y más de 500 años en experiencia docente global… ¿Qué gran empresa dilapida a sus trabajadores y trabajadoras por un simple fallo informático, máxime cuando la propia Consejería de Educación ha cambiado y rectificado posteriormente este programa?
  4. El 4 de diciembre último, en Mesa Técnica, se ha modificado la normativa que dio origen a esta tremenda injusticia, y eliminado el requisito de la obligatoriedad de presentarse el profesorado en bolsa al proceso opositor, por lo que ningún docente más volverá a pasar por esta situación. Sin embargo, para nuestra sorpresa, se perdió la oportunidad de arbitrar en ese momento medidas de rescate para este profesorado excluido, por lo que el agravio continúa creciendo hacia estas personas.

Por todo ello USTEA-CÁDIZ sigue y seguirá apoyando a este colectivo en su lucha por la reincorporación a las bolsas de las que nunca debieron ser expulsados, y se congratula enormemente de su triunfo en el Pleno de Puerto Real. Ojalá que las gestiones que desde la Oficina del Defensor del Pueblo se están realizando se sumen a esta iniciativa de lesividad  del Ayuntamiento de Puerto real y la Consejería les restituya. Es una cuestión de humanidad.  Es una cuestión de justicia

“Si la justicia existe, tiene que ser para todos; nadie puede quedar excluido, de lo contrario, ya no sería justicia”         Paul Auster

 

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