Sobre la justicia europea y el profesorado interino

Desde hace meses las/os docentes interinas/os de Andalucía, y de todo el Estado en general, están pendientes de una sentencia del TJUE que supuestamente forzaría a las administraciones públicas a convertir al personal funcionario interino en fraude ley en fijo, como funcionario de carrera o con otra denominación que implique igualmente la deseada estabilidad.

Teniendo en cuenta el interés e incluso preocupación entre el profesorado interino, y sin apartar la mirada de lo que está ocurriendo en el TJUE, queremos exponer una serie de aspectos de carácter legal a tener en cuenta.

En primer lugar, no hay que perder de vista que el TJUE no resuelve casos concretos, sino que su función consiste en responder a las dudas que los órganos judiciales de los distintos Estados plantean sobre la interpretación de una norma comunitaria, en este caso concreto la DIRECTIVA 1999/70/CE.

Dicho esto, las dos cuestiones claves son las siguientes:

– ¿Es posible y coherente con los objetivos de la referida directiva europea transformar una relación estatutaria temporal interina en una relación estatutaria estable, ya sea desde la denominación de empleado público fijo o indefinido, con la misma estabilidad en el empleo que los empleados estatutarios fijos comparables?

– En caso de que la respuesta fuera negativa, ¿sería posible, según los objetivos de la Directiva, condenar a la Administración a pagar una indemnización equiparable a la del despido improcedente?

Dado que, como queda dicho, la función del TJUE es orientar a los tribunales estatales sobre la interpretación de la normativa comunitaria, resulta muy difícil -por no decir imposible- que imponga una solución única. En cualquier caso, después de un pronunciamiento el TJUE reconociendo un posible abuso, la elección de la sanción corresponderá a la justicia española, en este caso a un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en una sentencia que será recurrible ante el Tribunal Superior de Justicia y después, en casación, ante el Tribunal Supremo. Estaríamos, por tanto, ante una cuestión con un largo itinerario procesal por delante.

Por otra parte, no existe razón jurídica alguna que justifique la necesidad de empezar inmediatamente los trámites para reclamar la fijeza. Tampoco ningún indicio de que el legislador vaya a modificar la regulación de esta cuestión antes de que el TJUE se pronuncie. Plantear una reclamación de forma prematura implica riesgos: económicos (pago de las costas) y de más calado (el peligro de que adquieran firmeza resoluciones administrativas perjudiciales que podrían obstaculizar futuras reclamaciones).

Por otra parte, desde que el TJUE fijó en septiembre de 2016 su doctrina sobre la contratación temporal, se han sucedido sentencias contradictorias que han generado una lógica incertidumbre. Lo aconsejable sería esperar a que el TJUE se pronuncie sobre las cuestiones pendientes.

En cualquier caso, nuestros servicios jurídicos están a disposición de la afiliación para cualquier reclamación que quiera realizar. Nuestra obligación es informar de los pormenores legales, pero cada persona puede decidir libremente iniciar los trámites para reclamar su estabilización si así lo desea.

bandera

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s