Sobre la última convocatoria para cubrir una plaza de Inspector/a

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En esta semana nuestra Consejería, a través de su Viceconsejera, ha publicado una convocatoria pública para la cobertura de un puesto en la Inspección Central (pinchad aquí). Según la misma, las y los aspirantes, además de reunir los requisitos, han de enviar su curriculum vitae a la Viceconsejería de Educación. Así de simple. Al analizar la misma, no encontramos un baremo  a través del cual calibrar los méritos y en el que se prime, por ejemplo, la experiencia para un puesto de este tipo.  Aunque teniendo en cuenta la negativa de la Viceconsejera a regular la bolsa de trabajo de sus inspectoras e inspectores interinos por tiempo de servicio, se entiende el desprecio de esta misma a la experiencia laboral en este cuerpo funcionarial. Tampoco se contempla la publicación de listas provisionales, plazo de reclamaciones, listado definitivo, etc., todos los requisitos que entraña un procedimiento administrativo riguroso para la cobertura de un puesto en la administración educativa.

¿Quiere esto decir que se trata de un puesto de libre designación encubierto en convocatoria pública que adolece de los principios de objetividad, mérito y capacidad que invoca nuestro TREBEP? ¿Puede ser que ya este puesto tenga nombre y apellidos y no interesa incluir en la convocatoria para su cobertura un baremo de méritos que vaya más allá del que tiene la persona para la que se creó? Llama la atención que quien la firme sea Carmen Castillo Mena, Inspectora de Educación con una dilatada experiencia y conocimientos en procedimiento administrativo en el sistema educativo. Desgraciadamente, es la forma de cubrir vacantes en puestos de altos cargos, no solo de la Inspección General, sino también de los que componen las Delegaciones Territoriales de Educación. De esta manera se demuestra que el actual equipo de gobierno de la Comunidad Autónoma Andaluza, al igual que el anterior, a pesar de contar con profesionales con formación en administración pública, utiliza los mismos mecanismos de colocación a través de convocatorias en presunto fraude de ley, en las que supuestamente se vulneran e incumplen los principios que rigen la contratación pública.

 

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