Libertad y derecho a la educación de la derecha política

Estamos acostumbrados en este país a ser espectadores de luchas ideológicas en diversos temas ya que, al fin y al cabo, el debate es consustancial al propio concepto de libertad política. En el ámbito educativo, lo que no es ya algo políticamente natural es la continuada y perpetua batalla por las leyes educativas y sus continuos cambios, síntoma de que quizás este país tiene diversas asignaturas pendientes de pasados cursos con las bases sobre las que se asienta su sistema democrático.

El pasado 30 de noviembre un inspector educativo valoraba en el Diario de Sevilla el proyecto de la LOMLOE recién aprobado en el Congreso de los Diputados. El autor de esa columna de opinión se despachaba a gusto en sus críticas a la susodicha ley repitiendo algunas consignas que no es que aportaran algún elemento novedoso o interesante frente a lo ya transmitido a través de los medios de comunicación estos días. Se podría esperar alguna aportación que aclarara o elevara el necesario debate ante cualquier reforma por parte de quien vela por el cumplimiento y sentido de las leyes educativas, su aplicación y procedimientos, y asesora o prescribe soluciones al profesorado para que el sistema funcione de la mejor manera. Sin embargo, como contrapartida, el panfleto contribuye más bien a arrojar más sombras que luces sobre un tema que precisa más neutralidad, espíritu constructivo, pedagógico e ilustrador, en vez de tener un claro y evidente interés propagandístico y, si se nos permite, casi partidista.

Comienza esta persona su artículo empleando juicios de valor, sin referencias ni explicaciones mínimas sobre que la LOMLOE representa “el modelo igualitarista, permisivo, fuertemente sindicalizado y fragmentado, inhibidor del menor atisbo de excelencia o calidad en el sistema educativo“. No sabemos a qué “modelo” se refiere, ya que como profesionales de la educación en lo pedagógico solo nos podemos referir a modelos teóricos, resultado de las investigaciones que realizan expertos y docentes en las facultades y, en lo práctico, al trabajo concreto de determinados centros educativos, de este país o de otros. Estos modelos no están sujetos a debate u opinión vulgares, sino al propio procedimiento científico, por mucho que su ámbito situado en las ciencias sociales esté sujeto también a valoraciones y discusiones. La valoración del inspector, con elementos que no se entienden muy bien y que parecen formar un cajón de sastre de conceptos acuñados por las maquinarias de propaganda de la derecha más tramontana y fundamentalista de este país, estaría al mismo (bajo) nivel y de tertulia televisiva de baja estofa de decir que la actual LOMCE, aprobada en absoluta minoría por el Partido Popular, es un modelo depredador, rígido, fuertemente ideologizado por la Iglesia católica, ineficiente e inhibidor de cualquier atisbo de justicia o mejora del sistema educativo. Que el resto de la sociedad se posicione es normal, pero es poco natural cuando estas opiniones las expresa públicamente quien es inspector educativo, a quien se le presupone neutralidad e independencia, ya que si no difícilmente podrá tener credibilidad en su acción inspectora cuando aconseje, informe o prescriba medidas en los centros. ¿Será que el susodicho autor se ve a sí mismo como un mero burócrata que vive de aplicar medidas que no comparte y justificando que se hagan las cosas de una manera en las que no cree en absoluto?

Pero esto no es lo único preocupante, ya que a la inspección también se le presupone un conocimiento amplio y profundo de las leyes educativas y de su sentido y bases. Por lo tanto, sonroja bastante el desconocimiento sobre el uso de las lenguas que prescribe la Constitución o el éxito de los modelos de implantación en las comunidades plurilingües que arrojan los datos objetivos, como los resultados de las pruebas de acceso a la Universidad en todas las Comunidades Autónomas en la prueba de Lengua Castellana y Literatura (por mucho que no les quiera entrar en la cabeza a partidos con visiones un poco alteradas y desproporcionadas sobre el asunto). Dicho inspector parece también desconocer informes internacionales de la OCDE o de la propia UNESCO en los que se puede comprobar el éxito de esos modelos estatalizados que tanto critica, por ejemplo, en países tan absolutamente diferentes como Finlandia o Cuba. Confunde modelos de gestión con alternativas metodológicas y curriculares de una manera pasmosa, ya que el modelo de gestión es una cosa establecida en cada centro (o se es público, o privado-concertado o privado totalmente) con alternativas metodológicas y curriculares, en las que todas las leyes educativas que ha habido en este país otorgan un marco de autonomía a los centros para emplear precisamente esas alternativas metodológicas que consideren oportunas. No deben funcionar mal en ese sentido en las escuelas públicas (donde al parecer el señor inspector debe pensar que no hay libertad), ya que nuevamente la prueba del algodón de los resultados de las pruebas de acceso a la Universidad vuelven a otorgar las medias de resultados más altas que a las privadas o privadas concertadas. Y es la prueba del algodón, ya que todos los centros, independientemente de su gestión, hacen el mismo examen de manera anónima. Quizás, pensamos nosotros, esto sucede por la diferencia que quizás existe entre concebir la educación como un derecho y un servicio social frente a quienes la consideran un mercado y un beneficio privado.

Además, hay un aspecto que resulta casi entrañable por la candidez, no sé si de su propia conciencia o de la que presupone a todos los demás, con que este inspector señala que “resulta bastante tranquilizador” que el gobierno andaluz “limitará los aspectos más lesivos de la ley Celaá“. La LOMLOE, al igual que la vigente LOMCE, son reformas de la LOE. Toda ley orgánica, por su propio carácter de orgánica, solo puede ser sustituida por otra ley nueva. En ambos casos, frente a cómo se presenta la batalla partidista y mediática, lo cierto y honesto es que los aspectos fundamentales no cambian y esencialmente el sistema no sufre ninguna transformación traumática. Por mucho que nos anuncien el apocalipsis desde los sectores conservadores cada vez que se dan tímidos avances sociales, como el divorcio, el aborto o el matrimonio LGTBI (para estos temas poca libertad esgrimían en su momento), nada de eso es cierto y es grave en alguien a quien se le presupone un conocimiento fundamentado sobre la materia. Como casi todo, esta reforma tiene aspectos positivos que vienen a solucionar en mayor o menor medida algunos problemas que arrastraba la anterior reforma, mientras evita otros en vez de hacer más. Cabría preguntarle al inspector algunas cuestiones importantes: ¿qué puede cambiar el gobierno andaluz en el marco de sus competencias? Pensamos que no mucho. ¿Lo suficiente para que esto sea un vergel frente al infierno LOMLOE, ley que delimita lo que puede cambiar y lo que no el gobierno andaluz? El marco de competencias no cambia sustancialmente. Entonces, ¿es realmente tan mala una ley que permitiría al gobierno andaluz hacerla viable y funcional? ¿Está de broma o solo trata de hacernos trampa? ¿Esto es independencia y neutralidad o un descarado ejercicio de manipulación ideológica?

En todo este conjunto de desaciertos, nuestro inspector tampoco es muy original empleando el manido y facilón concepto comodín que en la práctica parece valer para todo, lo mismo para un roto que para un descosido, que es el de la manoseada y tergiversada libertad. Un concepto de libertad que no es el moral o el filosófico, sino el de la derecha política. Una libertad que esconde el privilegio, la desigualdad, la opacidad, la rendición de cuentas y el beneficio privado. Una excusa que en la práctica se emplea para justificar lo injustificable. La salvaguarda de los derechos básicos corresponde al Estado, que es para el que trabaja nuestro inspector como funcionario. Estado que elegimos democráticamente y que debe garantizar y proteger derechos y no permitir que se juegue con ellos al Monopoly en los mercados, perjudique a quien perjudique. La iniciativa privada económica está salvaguardada en nuestra Constitución, pero eso no significa que todo pueda ser depredado por empresarios, banqueros y financieros. Por eso no se permite el mercado de la donación de órganos, se regula el mercado del trabajo, consagrándose constitucionalmente que el trabajo tiene que desarrollarse por el acuerdo entre trabajadores y empresarios, y se prescriben límites a la actividad financiera (menos de lo humanamente deseable y sostenible, por cierto). Se regula hasta el tráfico rodado, por mucho que alguien crea que conduce muy bien con tres cubatas encima y se sienta que le roban la libertad de correr cuanto quiera cuando le imponen los límites de velocidad. No es inquina personal ni odio por la humanidad, como pretenden algunos extremistas. Es porque desde que existe el concepto de libertad, este mismo, tiene límites. Y hay actividades y acciones que pueden llegar a perjudicar y hacer mucho daño si no se regulan y controlan. Precisamente, gran parte de lo que significa educación y convivencia implica la delimitación y asimilación de los límites en nuestra vida cotidiana.

En la cuestión educativa, hay muchas escuelas concertadas que son auténticos chiringuitos y no son para nada ese paradigma cuando:

– Discriminan alumnado, como aquel con necesidades de atención educativa especiales o alumnado inmigrante, que asume el sector público hasta en un 85%.

– Chantajean con cuotas a las familias, disparando el gasto por alumno con respecto al de la educación pública.

– Compiten desigualmente con el sistema público con decretos de escolarización que claramente les favorece blindando la pérdida de líneas, mientras todas las pérdidas las asume la educación pública obligados por ley.

– Inculcan en no pocos casos idearios religiosos e ideológicos muy particulares frente a la pluralidad y libertad de un profesorado diverso en la educación pública, donde sí que cabe la diversidad y riqueza de la sociedad.

– Contratan profesorado seleccionado en la competición de las oposiciones públicas y no a dedo de según quién, garantizándose unos mínimos de preparación, exigencia y neutralidad comprobados.

Esta LOMLOE viene a solucionar más bien poco de estos problemas, pero ya es algún avance con respecto a la LOMCE. No, señor inspector, no es una cuestión de libertad, sino un problema de libertinaje, de mantener una estructura que favorece estos problemas y, por contra, tratar de solucionarlos, aunque sea tímidamente, no es un atentado contra la libertad, sino un paso más para mejorar y asegurar el derecho a la educación en la línea de lo que la mayoría democrática de este país confió y decidió cuando votó al poder legislativo en este país. Y si este inspector no cree en ello, quizás por coherencia y ética profesional, debería dimitir y volver a la tiza, donde como profesor de la educación pública transmitirá sus conocimientos y lecciones al alumnado, al igual que otros compañeros y compañeras que pensarán o igual o diferente que él. El alumnado, en el ejercicio de su libertad y tras conocer todas las enseñanzas y opciones ya discriminará lo que quiere pensar, a diferencia de muchos centros concertados con sus peculiares idearios y su profesorado callado y con miedo a perder su trabajo si se sale de determinadas líneas. Al menos, este inspector sí que podrá ejercer su libertad adecuadamente desde la salvaguarda de la educación pública, donde se garantizan mejor los derechos que en el negocio de la concertada.

El cuerpo de inspección no es el terreno de la libertad personal ni son los jefes que dirigen ningún cortijo, sino que es un cuerpo neutral que vela por el cumplimiento de la ley y de los derechos, al servicio de la democracia y en beneficio del conjunto de la ciudadanía, no de sus inquietudes y opiniones personales de según qué inspectores.

Presentarse como inspector de educación en un medio de comunicación y lanzar una opinión sin dar evidencias, sin analizar ningún artículo o párrafo de la Ley, a favor de un gobierno y en contra de otro, es cuanto menos poco ético y bastante irresponsable para la institución de Inspección Educativa, sin respetar el código deontológico de la misma.

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