Libertad de expresión, represión y democracia

Por Rubén Gómez Garralón

Asistimos perplejos esta semana a la detención del rapero Pablo Hasél por incurrir en un delito de ofensas a la corona y a una agresión por parte de dos policías de paisano a un padre y su hija en Linares, con sus respectivas algaradas y protestas callejeras que se han saldado con heridos de gravedad y detenidos. Por otro lado, asistimos a la salida de Rodrigo Rato de prisión, una manifestación neonazi culpando “al judío” de la Segunda Guerra Mundial, y en un ámbito más general, a un rey hemérito con causas judiciales abiertas en varios países por corrupción y huido de la justicia. En Andalucía vuelven a tratar de instaurar la censura en las aulas con el “PIN parental”, perjudicando el derecho a la educación y a la libertad de nuestro alumnado a formar sus propios conceptos, ideas y valores a partir del conocimiento de las diversas realidades sociales, filosóficas y científicas.

Este país está inmerso en una batalla dialéctica sobre las ideas que pueden expresarse y la manera de cómo hacerlo, mientras que las realidades más materiales y graves que más afectan a la mayoría de las personas pasan desapercibidas.

No hace falta ser un marxista peligroso para criticar con dureza diferentes sucesos relacionados con las actuaciones del Estado durante la última semana. Nozick, uno de los teóricos del neoliberalismo más radical y referencia ideológica de partidos poco castristas o bolivarianos como el PP o Ciudadanos, señala que no hay sociedad libre cuando se da la coacción ilegítima, entendida de manera primaria como agresión física. La ausencia de agresión física es relacionada por Nozick con la noción de “voluntariedad”, como eje de vertebración social, y señala que debe ser construida en analogía con la primera y se diga, consecuentemente, que son voluntarios todos los actos que no son realizados bajo el apremio de la violencia física o de su amenaza directa.

Por esto mismo, podemos señalar, parafraseando a otro referente de la derecha política como Popper, que no puede haber una sociedad plena y que progrese sin libertad de expresión y participación, debate racional de ideas, progreso y mejora basados en la razón. Estas son algunas de las características de lo que Popper definió como sociedad abierta.

Desde la izquierda, desde las clases trabajadoras que realmente creamos la riqueza y somos motor del país, pero quienes ponemos la mayor parte del sufrimiento en las crisis económicas o en la actual pandemia, sabemos que nuestra condición para evitar los abusos del poder y abrirnos paso por la vida pasa por poder expresarnos y opinar, en primer lugar, como condición para situarnos en el mundo, conocer nuestra realidad y transformarla. Sin esta condición, no se puede ejercer el control sobre los poderes políticos y económicos, que es característica fundamental de toda democracia verdadera.

La libertad de expresión no puede servir en ningún caso para perjudicar derechos de terceros, pero no podemos confundir los derechos con los privilegios. No es lo mismo hacer chiste de quien está en situación de exclusión y vulnerabilidad que hacerlo sobre quien ejerce un poder fuerte. En el primer caso, puede servir para consolidar socialmente una situación de injusticia y estigmatización, mientras que cuando se hace al poderoso puede servir como forma de defensa y de límite frente a los abusos que pueda cometer. La autocontención en lo que decimos es deseable en las formas y condición necesaria para ejercer los derechos colectivos, pero la libertad de expresión también tiene que contemplar la libertad en las formas que puedan no agradar o incluso molestar de forma premeditada, y por ello la libertad artística tiene que tener margen para elegir formas menos convencionales. En resumen, si no se percibe amenaza en que un general pueda ir diciendo a sus amigos que hay que fusilar a “26 millones de hijos de puta” en un país cuyo ejército en más de dos siglos las únicas guerras que gana es a su propio pueblo con frecuentes golpes de Estado, menos aún debería preocuparnos que raperos hablen de llevar “a los Borbones a los tiburones”, sabiendo que es una institución salpicada de casos de corrupción a los que la justicia española no tiene capacidad de juzgar por las propias leyes.

¿Qué nos queda cuando el sistema no da soluciones, ni protege derechos eficazmente, ni tiene herramientas para cambiar y mejorar? Que hay que elevar la voz, y que esta pueda ser ejercida con mayor o menor grado de molestia mientras no perjudique los derechos básicos de nadie.

¿Qué pasa cuando aquellos a quienes pagamos para que nos protejan abusan de su poder y se protegen entre ellos mismos y las leyes blindan y protegen sus abusos? Recordemos que una manera de prevenir abusos de poder de quien está legitimado por la ley para ejercer violencia tiene que ver con poder testificar y demostrar los abusos. Y, sin embargo, poder grabar y difundir la acción policial es en sí mismo un delito. ¿Qué nos queda entonces hacer cuando ni el Estado ni las leyes nos protegen de abusos físicos y políticos? Si la ley no sirve, ante el miedo y el retroceso social nos podemos encontrar situaciones indeseables como las que hemos vivido, porque si el sistema no funciona, la gente busca otras alternativas que se cobran su precio.

¿Qué pasa cuando a quienes votamos para aprobar leyes no hacen nada mayoritariamente por avanzar en la protección de nuestros derechos y mantienen o impulsan leyes que nos impiden elevar la voz, señalar, denunciar y reivindicar? ¿Cómo podemos controlar y demarcar a nuestra jefatura del Estado, que ni siquiera podemos elegir porque es patrimonio de una familia salpicada de casos de corrupción y abuso de poder? ¿Cómo podemos protegernos y seguir confiando en la ley cuando es la propia ley la que nos impide liberarnos de los abusos? ¿Qué caminos nos quedan?

Santo Tomás de Aquino señalaba que aquellos Estados que no respetaban los derechos naturales de las personas no eran justos, y por lo tanto no había obligación de cumplir con sus normas. El derecho a la protesta y la desobediencia (contemplado incluso en nuestro ordenamiento) tienen que permitirnos avanzar como sociedad y servir de contrapoder frente a los abusos y la incapacidad del sistema. Sin crear, efectivamente, males mayores.

Por lo tanto, debemos exigir que se derogue la Ley Mordaza y que se eliminen los delitos de ofensas a la corona y los de ofensas a los sentimientos religiosos y perseguir con más dureza los delitos que atentan contra la vulnerabilidad y persecución de determinados colectivos, como por ejemplo las víctimas del terrorismo o la violencia machista.

Debemos renovar los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para que sean verdaderamente democráticos, debiendo depurar a aquellas personas que no respeten la neutralidad y lealtad al pueblo, a los derechos y la legalidad de manera tajante y sin medias tintas. El uso de la violencia debe ser proporcional y medido, debiendo ejercerse cuando sea estrictamente necesario. Una persona ya esposada o que se marcha de donde no debe estar no puede seguir siendo atacada, golpeada e insultada como demasiadas pruebas y testimonios evidencian. Si su labor es difícil, que se dediquen a otra cosa y que dejen paso a quienes controlan más y hacen su trabajo como debe hacerse. Estos cuerpos tienen que estar bien formados y conocer y saber actuar en las problemáticas actuales, como por ejemplo con el estigma de la violencia machista, pudiendo atender esta realidad y otras de manera más adecuada.

Debemos dejar de criminalizar las ideas que no nos gustan y perseguir realmente las que menoscaban derechos. Pienso que deberíamos abandonar la noción de corrección política y sustituirla por lo que yo llamo ser políticamente consecuente. Si somos demócratas, no somos machistas ni buscamos perjudicar a nadie, así deberíamos expresarnos y comportarnos. No vale decirse igualitario y soltar chistes machistas en un clima en el que están matando mujeres todas las semanas, porque eso alienta el machismo. Ser políticamente consecuente es que si estamos contra la corrupción o el maltrato, poder señalar y denunciar la corrupción, de manera más artística o más objetiva. Ser políticamente consecuente debe ser también hacer y comportarse como tal.

Debemos conseguir que la protesta y la libertad de expresión sean plenos, responsables, consecuentes y estén protegidos. Debemos conseguir que todo el mundo pueda ejercerla, sin silenciar a nadie y que tenga los límites necesarios para salvaguardar derechos, abandonando esa noción de lo que me gustaría o no me gustaría oír con madurez y generosidad. Pero en aras de ser políticamente consecuentes, no tolerando la mentira, la manipulación, los ataques personales o la censura.

Por último, debemos abandonar esa tendencia creciente de pensar que las ideas propias pueden ser impuestas por cualquier medio y caiga quien caiga simple y llanamente porque alguien cree en ellas. Esta es la forma en que el partido VOX se comporta, aunque esta manera de actuar políticamente, expresarse y relacionarse no es exclusiva de la ultraderecha y lo encontramos en ámbitos muy diferentes, como en el problema de Cataluña o ciertos debates en el feminismo. Existe una tendencia a creerse con el derecho de imponer ideas y a sentirse legitimado para imponerlas por el mero hecho de que uno así las tenga o así lo sienta. Y esta práctica debe ser extirpada de raíz. La legitimidad viene del convencimiento mediante argumentos libres y razonados, en que todo el mundo tiene la oportunidad de explicar, escuchar, contradecir, preguntar y reflexionar sin presiones, censuras ni manipulaciones. Y así quizás también podremos identificar y centrarnos en los verdaderos problemas que nos afectan en nuestro día a día, más graves e importantes que las polémicas que agitan los medios de comunicación masivos.

Sin estos elementos básicos sociales, políticos y personales, seguiremos viviendo sin libertad ni democracia plena. Porque la democracia y el bienestar del pueblo es algo más que una bandera, una corona, una idea política o una canción de rap.

La verdad nos hará libres. Atrevámonos a saber.

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