USTEA Cádiz frente a la propuesta de Ley de Autoridad del Profesorado

Imagen: santiagonostalgico (Creative Commos)

Desde hace varios años con el desarrollo normativo de la LOMCE el profesorado es reconocido como autoridad pública. Ahora el PP presenta un proyecto de Ley de Reconocimiento de la Autoridad del Profesorado similar a los que ya fueron rechazados con anterioridad en el Parlamento de Andalucía.

Nos parece, sin duda, una simple maniobra propagandística vacía de contenido. Desde el punto de vista penal, la condición de Autoridad y de ser Funcionario Público tienen unos tipos similares y prácticamente indistinguibles, por lo que tienen poca relevancia jurídica. Por otro lado, el anteproyecto de ley no deja de ser un compendio de otras normas ya existentes y de obligado cumplimiento. Los impulsores de la norma acaban de inventar la palanca.

De la misma manera, la propuesta normativa aplica un principio de “presunción de veracidad”, otorgando supuestamente a los testimonios del profesorado un valor probatorio, salvo que se demuestre lo contrario. ¿Es que funcionábamos de otra manera cuando evaluamos o sancionamos en el ejercicio de nuestras competencias? ¿Es que alguna afirmación ha dejado de seguir siendo correcta cuando se prueba lo contrario? La nueva ley nos proporciona lo que ya teníamos con anterioridad, sin ningún matiz mínimamente relevante. Los impulsores acaban de descubrir el fuego.

Desde USTEA Cádiz estamos a favor del empoderamiento de la figura del docente, pero esa autoridad no pasa por la propuesta normativa del PP, que supuestamente pretende mayor capacidad punitiva. Parece más bien que podrá amparar nuevas tareas burocráticas y consecuentes quebraderos de cabeza para el profesorado. La autoridad que nosotros defendemos y que queremos que sea reconocida pasa por establecer unas condiciones de trabajo dignas y adecuadas a la realidad de la práctica docente. Nuestra autoridad deriva de nuestra competencia y función social. Nuestra autoridad es la del conocimiento, no la de leyes que no aportan ninguna novedad sobre la que ya son nuestros derechos y obligaciones. Cuando se pretende dotarnos de una mayor capacidad punitiva (que ni siquiera es real), verdaderamente se socava nuestra verdadera autoridad académica y social, derivada de la trascendencia y repercusión de nuestro trabajo, no de imposiciones legislativas.

Por todo ello, no queremos esta ley que establece que somos una autoridad porque sí. No queremos buenas intenciones y palabras, sino que la administración ponga en marcha realmente mecanismos, procedimientos y recursos que se supone que tenemos pero de los que en realidad carecemos, como medidas reales, apoyo y cobertura contra el acoso y la violencia en las aulas. Es más, la misma administración que dice querer “reconocer nuestra labor” socava nuestro reconocimiento de forma contradictoria con propuestas como la del llamado PIN parental, que cuestiona nuestra labor docente e introduce gratuitamente la sospecha sobre el ejercicio de nuestras funciones y responsabilidades legítimas.

En vez de realizar paripés propagandísticos y vacíos de contenido, la Junta de Andalucía sí que podría realizar otro tipo de actuaciones más reales y beneficiosas:

  • Establecimiento y cumplimiento de protocolos de actuación no burocráticos ante las incidencias de convivencia en los centros que protejan eficazmente al profesorado del acoso y el mobbing.
  • El refuerzo de personal en los gabinetes jurídicos, así como en los de Salud laboral y Prevención de Riesgos Laborales de las Delegaciones de Educación. Ya hemos denunciado públicamente la flagrante carencia de medios materiales y humanos en estos ámbitos.
  • Apostar por el desarrollo de planes de convivencia compartidos y centros Comunidad de Aprendizajes en entornos de difícil desempeño, partiendo de la formación específica del profesorado.
  • Replantear la planificación y actuación en centros de difícil desempeño de cara a dotarlos de mayores recursos económicos, personales y flexibilidad organizativa y directiva. Al profesorado de estos centros se le debe valorar ese esfuerzo extra y especial dedicación con medidas como mayor puntuación, posibilidad de continuidad, etc., que permitan incentivar a consolidar plantillas y proyectos a largo plazo. El compromiso con una mejor convivencia debe trabajarse con prevención y recursos reales, no con intenciones supuestamente bondadosas.
  • Por supuesto, la eliminación del llamado PIN Parental, como medida fiscalizadora de determinados individuos y formaciones políticas sobre las propuestas pedagógicas del profesorado amparadas por las leyes de nuestro país.

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