38 euros por inscribirse en una bolsa extraordinaria docente, o de cómo la falta de pudor se instala en la política de manera impune

Por J. David Vargas

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Imagen: Dennis Amith

El 29 de mayo, la comunidad autónoma de Murcia publica una Orden por la que convoca bolsas extraordinarias del cuerpo 590 de las especialidades de Matemáticas, Dibujo, Francés, Música, Educación Física y Tecnología.

Hasta ahí todo bien y todo normal. El problema surge cuando en unos de los requisitos se dice “hacer efectivo el pago de la tasa correspondiente”.

Resulta que en Murcia hay que pagar para inscribirte en una bolsa extraordinaria. Curioso, cuando hablamos de una bolsa que no garantiza en absoluto trabajar y que se forma para que la administración tenga un ramillete de docentes de los que echar mano en caso de necesidad (esto es así en las bolsas ordinarias que se crean tras cada proceso selectivo, pero aún más en las bolsas extraordinarias de las que, en muchas ocasiones, no se llega a contratar a ningún docente o, a veces, solo a unos pocos docentes, según las necesidades del servicio).

Bueno, no me parece bien en absoluto que haya que pagar por algo así, pero sí que oí en su momento que las administraciones se habían autoconcedido la gracia de pedir dinero a los ciudadanos por procesos administrativos (supuestamente, ya pagamos impuestos directos e indirectos para ello) y aunque mal me parezca, entendía yo que hablábamos de cantidades pequeñas, un eurito o dos, más que nada para desanimar a quien realice procesos administrativos de modo compulsivo o incorrecto, si es que existe alguien así.

La sorpresa, rayana en la vergüenza ajena (y propia, en tanto en cuanto pertenece Murcia al mismo estado al que pertenece Andalucía) es cuando en el artículo 9 se anuncia que para el ejercicio 2020 se prorroga la “tasa por actuaciones en materia de Función Pública Regional” que es de 38,15 euros. Toma y quema la goma, que cantaban Los Delinqüentes.

38,15 euros por inscribirte en una bolsa extraordinaria docente. Es alucinante. Recuerdo que eso solo vale para ser baremado y tu nombre introducido en una lista de la que podrías ser llamado algún día o no ser llamado nunca.

¿Pero os habíais pensado que la Comunidad Autónoma de Murcia, o Región de Murcia como prefieren ser llamados, está solo para sacar pasta de cualquier circunstancia? Pues no. Porque son tan magnánimos que aquellos que estén en paro (registrados por supuesto) pagan la mitad (19,07€) y también la mitad aquellos que pertenezcan a una familia numerosa. Si tienes el chupi carnet joven de la CARM se te hace un 20% de descuento porque claro, si eres joven, igual no tienes mucho dinero (se les quedaría en 30,52€ que para mí, cuando era joven de cuerpo y no solo de espíritu como ahora, era una fortuna).

Eso sí, no tiene que pagar nada quien tenga 33% de discapacidad o más, quien pertenezca a una familia de categoría especial (¿Los Aznar? No, familia numerosa categoría especial, como los de la peli “La familia y uno más), quien legalmente ostente la condición de víctima del terrorismo y “los” que sean o hayan sido víctima de violencia de género. Nótese el artículo de masculino plural porque ya sabemos que la violencia de género está al 50% entre hombres y mujeres. Del mismo modo que sabemos que la Región de Murcia es un paraíso para la justicia social.

Por último, en las titulaciones exigidas para poder formar parte de esas bolsas extraordinarias hay algo que tampoco he visto nunca antes. Se mencionan títulos de universidades concretas para poder acceder a esa bolsa. Por ejemplo, para Matemáticas, Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Católica de Murcia (ya sabemos que su rector o presidente o lo que sea es un ejemplo de cordura, inteligencia y cultura), Arquitectura por la Universidad Antonio de Nebrija, Arquitectura Naval por la Universidad de A Coruña, etc. Algo bastante raro y que habría que estudiar si es legal o no.

En cualquier caso, valga este texto para denunciar la falta de pudor de unos políticos que hacen pagar 38 euros a docentes (o 30 con cierto carnet o 19 bajo ciertas circunstancias y sólo unos pocos están exentos de pagar) para lo que es gratuito en otras comunidades como la nuestra, donde afortunadamente el colectivo docente interino hemos sido capaz de reivindicar y mantener una serie de derechos bastante más amplios que los de otras comunidades autónomas y donde directamente tomaríamos las calles si se nos dice que van a cobrar casi cuarenta euros por inscribirte en una bolsa extraordinaria.

Mi más enérgica repulsa, que cantaba Evaristo.

Puñales por la espalda

Por Moisés Martín Gómez

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Este miércoles 17 de junio el Pleno de Diputación de Cádiz tiene una reunión decisiva respecto al futuro del CEIP Institución Provincial Gaditana, un emblemático centro de la ciudad amenazado con el cierre. Por esa razón, se han convocado para ese mismo día dos concentraciones vinculadas entre sí: contra el cierre del colegio, impulsada por la Coordinadora Escuela Pública de Cádiz, y para exigir una solución para las trabajadoras del servicio de limpieza, convocada por Autonomía Obrera. La doble cita, a la que acudiremos USTEA Cádiz, es frente al edificio de Diputación a las 13:30.

El futuro de La Institución es preocupante. Este centro está edificado en suelo propiedad del Obispado, y su titularidad pertenece a Diputación Provincial, que desea deshacerse de la misma, mientras que la Consejería de Educación, la administración con las competencias en el ámbito educativo, se ha resistido siempre a asumirla. Un centro que está, como se ha dicho en varias ocasiones, en un “limbo administrativo” que es la clave fundamental para entender sus problemas. Ahora bien: en su muerte, que parece inminente, no solo ha habido desidia, sino también puñales por la espalda.

Lo que motiva el anuncio de cierre del centro en mayo es el hecho de que, según Diputación, la Fundación Aramburu Moreno de Mora le comunica la finalización del convenio de 1963 de cesión del espacio para octubre de 2020. Cuando se publica la noticia, varios portavoces de la Fundación la desmienten, alegando que se había ofrecido a Diputación prolongar la cesión mediante un nuevo convenio, pero Diputación responde sacando a la luz una carta de marzo de 2019 en la que el obispado le instaba a recuperar el espacio cedido. Desde USTEA Cádiz, mediante un comunicado de prensa, instamos entonces a la Diputación Provincial a aclarar públicamente la situación, en cuanto administración (pública) titular del centro.

Eso no significa que comulguemos -qué apropiada expresión para este caso- con la versión ofrecida por el obispado. Ni mucho menos. Quien escribe estas líneas no confía en absoluto en una supuesta filantropía o en un compromiso con la educación por parte del mismo. Las causas por las que el obispado puede querer dar por finiquitado el acuerdo pueden ser varias, y aquí la imaginación es libre. Habrá quien piense que el terreno es suculento porque está muy bien situado. No faltará quien crea que el cierre de este centro favorece además la educación concertada, mayoritariamente en manos de la Iglesia. Por la mente de las lectoras y lectores, en fin, podrán pasar otras posibles razones.

Pero no es menos cierto que el proceder de Diputación Provincial, gobernada por el PSOE, es muy opaco, incluso sospechoso. Sabían desde hacía mucho tiempo -más de un año, si nos atenemos a la carta del obispado que ellos mismos sacaron a la luz- que el convenio no se iba a prolongar, pero comunican el cierre del centro, tanto al AMPA del mismo como al Ayuntamiento de Cádiz, el 15 mayo. Cuando todo está paralizado por la pandemia. ¿Por qué tan tarde? A cualquier podría darle la sensación de que la intención de Diputación era, tan cerca ya el final del curso, no dar tiempo a reaccionar a las familias y empujar a estas a matricular a sus hijos en otros centros, acelerando el cierre de La Institución.

Pero no es menos llamativo el proceder de la Junta de Andalucía. Desde que la Diputación Provincial aprobara en un pleno de 2013 que la Consejería de Educación asumiera la titularidad de este centro público, pues es la administración con competencia en educación, la reacción de la Junta, durante los gobiernos tanto de PSOE como ahora de PP y Ciudadanos, ha sido la de ponerse de perfil. Ahora, cuando salta toda esta polémica, la Consejería de Educación hace público un comunicado en que rechaza claramente asumir la titularidad de La Institución. Se basan, sobre todo, en el hecho (ciertamente problemático) de que es un centro edificado sobre suelo completamente privado, mientras que los convenios que realiza la Junta se basan en la cesión de suelo municipal. Entonces nos preguntamos: ¿por qué la Junta de Andalucía se comprometió, cuando todavía gobernaba el PSOE, a que construiría un nuevo edificio para La Institución, compromiso mantenido por el gobierno de PP y C’s? ¿Quizás porque estaban convencidos de que La Institución se cerraría más pronto que tarde, y sabían que no estaban obligados a cumplir su promesa? ¿Cómo podemos pensar que el compromiso por parte de la Junta era real cuando sabían de las presiones del obispado a Diputación?

El miércoles estaremos frente a la Diputación provincial para seguir pidiendo la continuidad del centro, porque esta batalla la vamos a dar hasta el final. También para pedir una solución para las que, en caso se cerrarse, se llevarían la peor parte: las trabajadoras (precarias) del servicio de limpieza, que todavía no han recibido una aclaración sobre su futuro ni por parte de la empresa adjudicataria ni por parte de Diputación. Pero estaremos también para señalar públicamente a los culpables de la muerte de La Institución: al PSOE, sobre todo, pero también al actual gobierno de PP y Ciudadanos, y a dos administraciones, Diputación y Consejería. Que no lo han dejado morir solo por inacción: aquí también ha habido puñales por la espalda.

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NO al sinsentido estival de Imbroda

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El Plan de refuerzo estival del Consejero Imbroda sigue poniendo de manifiesto su desconocimiento casi total de la realidad educativa andaluza y de sus necesidades.

De nuevo el Consejero de Educación, Javier Imbroda, saca adelante su Plan de Refuerzo Estival sin escuchar a la comunidad educativa, un plan que, según la resolución provisional de centros participantes publicada ayer lunes 25 de mayo, ha sido rechazado por el 87% de los centros públicos.

Este es el empeño del Sr. Imbroda. Mientras comprobamos la enorme brecha social y digital que ha dejado fuera del sistema educativo a un alto porcentaje del alumnado, mientras continúa la política de cierre de líneas en la pública y la no bajada de ratios, o incluso se mantienen ratios ilegales denunciadas en los juzgados por USTEA Cádiz, mientras centenares de menores se quedan fuera del desastroso Plan SYGA para la alimentación, mientras hay muchos centros que no están debidamente climatizados, mientras hay un abandono de determinados centros y recortes en los presupuestos de los mismos, el consejero pone como prioridad una especie de “campamento de verano” que no es lo que necesita la comunidad educativa y que, por las circunstancias actuales, podría poner en riesgo la salud de alumnado y de docentes.

Multitud de organizaciones que defienden una escuela pública de calidad estamos denunciando su incoherencia y venimos haciéndolo desde el año anterior, como puede comprobarse en escritos de Marea Verde, plataformas educativas o incluso la Junta de Personal Docente no universitario de Cádiz, en la que se aprobó por unanimidad una resolución contraria al mismo:  “un plan de 15 días en julio no incidirá en el éxito del alumnado con mayores problemas de aprendizaje por ser solo testimonial y no mejorar el apoyo educativo estructurado, que lo debe ser durante todo el curso escolar, en unas aulas que en numerosos casos cuentan con demasiados estudiantes”.

USTEA Cádiz queremos exponer al menos una parte de las majaderías contenidas en esta propuesta de refuerzo y queremos pedir su paralización apelando a las directivas, al profesorado y familias.

1.- No tiene sentido que el alumnado no pueda asistir a su centro en junio para clases ordinarias  pero sí pueda hacerlo días más tarde para otras actividades. ¿Ya no hay riesgo?

2.- Los centros no están dotados para temperaturas de 40 grados ni con medidas de prevención del COVID para un alumnado que estará allí durante horas.

3.- No hubo recursos para evitar brecha social-digital pero sí los hay para un proyecto de un mes. Debería hacerse un programa anual de refuerzo real y dejar a un lado este tipo de ocurrencias.

4.- El año pasado fue un desastre… así que este año se hace gratis, se le da difusión a toda la comunidad educativa y se hace publicidad institucional con cartas, infografías, folletos, etc. Es una campaña de marketing de la Consejería y del Sr. Imbroda por interés personal.

5.- Se publica de forma apresurada, sin informar adecuadamente y sin llegar a consensos, además de llevar una ingente cantidad responsabilidad frente a un riesgo para el que no se tiene previsto recibir formación de prevención.

6.- Si las decisiones de la directiva y del claustro son negativas a la realización del programa, la Delegación podría decidir de forma unilateral la asignación de un centro por necesidades del servicio.

7.- Se podrá agrupar alumnado para llegar al número mínimo, si es necesario, por ejemplo, con alumnado desde primero a sexto de primaria.

8.- El descanso activo se tiene que hacer en el aula, es decir, la mayoría del tiempo estarán en el interior de un espacio público para el que es obligatorio el uso de mascarillas.

9.- No se sabe cómo vamos a finalizar el curso 2019/2020 ni cómo vamos a comenzar el 2020/2021, pero sí cómo se va a trabajar en el verano.

10.- La escuela es un espacio digno. Decimos ¡NO! a este programa político sin sentido.

Habla el Sr. Imbroda de promover un modo de vida saludable sin tener en cuenta las altas temperaturas veraniegas ni el riesgo sanitario, ellos mismos hacen ver que se trata de un experimento y de un plan piloto. El sistema educativo andaluz no es una cancha de baloncesto, y el Sr. Imbroda debería reconocer el fracaso de su plan, pero su soberbia le impide reconocerlo.

Prevenir el abandono escolar y el absentismo requiere detectar a tiempo la problemática del alumnado en situación de vulnerabilidad, para lo cual es imprescindible reforzar los servicios de Orientación Escolar, dotando a los centros de Primaria de equipos de orientación y aumentando las plantillas de orientación en Secundaria, al igual que es también es necesario apoyar la labor de los Educadores Sociales en los centros educativos. A estas medidas habría que añadir un aumento de plantillas docentes para hacer posible la atención a la diversidad y al alumnado NEAE, las clases de apoyo, el desdoble de grupos y la reducción del número de alumnas/os por aula.

USTEA Cádiz exige a la Diputación una aclaración pública sobre el cierre del CEIP Institución Provincial Gaditana

institución

Tras el giro que se produjo ayer en el caso de la amenaza de cierre del CEIP Institución Provincial Gaditana, desde USTEA Cádiz exigimos a la Diputación Provincial una explicación clara sobre lo ocurrido, y el compromiso público de que trabajará para que este emblemático centro educativo de la ciudad siga abierto.

Como denunciamos en una nota de prensa que remitimos ayer martes 19 de mayo a los medios, la Diputación Provincial comunicó el pasado 15 de mayo al AMPA del CEIP Institución Provincial Gaditana el cierre de este centro alegando que el convenio con la Fundación Aramburu Moreno de Mora para la cesión del espacio tiene como “fecha irremediable de extinción” el 20 de octubre de 2020. En nuestro comunicado exponíamos que nos llamaba la atención el sospechoso proceder de la Diputación Provincial, pues supuestamente había recibido la notificación sobre la extinción del convenio hacía meses, pero no lo comunicó ni al AMPA ni siquiera al Ayuntamiento de Cádiz hasta el pasado 15 de mayo. Una comunicación que finalmente se ha producido cuando todo está paralizado por la crisis sanitaria causada por el COVID-19.

Pero hay más. Tras dicha reunión con el AMPA, el Gabinete de Prensa de la Diputación Provincial remitió el mismo 15 de mayo una nota de prensa sobre la mismas cuyo contenido ha sido desmentido y criticado duramente por el AMPA en una nota posterior, que además ha pedido el cese del diputado Daniel Moreno, quien en nombre de la Diputación se reunió con las madres y padres del centro.

Y ayer martes se produjo un giro en esta situación: la portavoz de la Fundación Aramburu Moreno de Mora manifestó públicamente que no es cierto que dicha fundación haya tomado la decisión de la no continuidad de la cesión de los terrenos para fines educativos, sino que ha sido la propia Diputación de Cádiz la que ha desestimado la continuación del convenio y, con ello, del CEIP Institución Provincial Gaditana. De hecho, desde la Fundación defienden que presentaron una oferta a la Diputación Provincial para continuar con el convenio y la actividad del colegio que esta rechazó, rechazo que a la Fundación le resulta sorprendente.

Las versiones de lo ocurrido de la Fundación y la Diputación son absolutamente divergentes, y pueden conducir a la sospecha de que alguien no está diciendo la verdad.

Por ello, exigimos a la Diputación Provincial una aclaración pública sobre lo sucedido, entre otros aspectos, en qué consistía la oferta de la Fundación y por qué la rechazó. También sobre las acusaciones del AMPA de no haber dicho la verdad en la nota de presa sobre la reunión que tuvieron el pasado 15 de mayo. Exigimos también a la Consejería de Educación que aclare si tiene constancia de todo lo ocurrido, y que deje de lavarse las manos en todo lo concerniente a este centro educativo.

Volvemos a pedir tanto a Diputación Provincial como a la Consejería de Educación que cumplan sus compromisos y trabajen para garantizar que el CEIP Institución Provincial Gaditana sigue abierto.

USTEA Cádiz se opone al cierre del CEIP Institución Provincial Gaditana

institución

Tras años de abandono en el mantenimiento y de amenazas (y ejecución) de cierre de líneas, quieren asestar el golpe definitivo al CEIP Institución Provincial: la Diputación Provincial comunicó al AMPA su cierre el pasado 15 de mayo alegando que la “fecha irremediable de extinción” del convenio con la Fundación Aramburu Moreno de Mora es el 20 de octubre de 2020.

Desde USTEA Cádiz apoyamos al AMPA del CEIP Institución Provincial Gaditana, estamos junto a las familias de esas alumnas y alumnos que van a quedarse sin centro educativo, y denunciamos el abandono en el que tanto de Diputación Provincial como la Consejería de Educación tienen al centro.

Nos resulta muy llamativo, por no decir sospechoso, el proceder de la Diputación Provincial: recibió hace meses la notificación de la Fundación Aramburu Moreno de Mora sobre la finalización del convenio firmado en 1963 para la cesión del espacio, pero no lo ha comunicado ni al AMPA ni al Ayuntamiento de Cádiz hasta el pasado viernes 15 de mayo. Y lo ha hecho, además, cuando todo está paralizado por la crisis sanitaria causada por el COVID-19. Esto parece evidenciar que la Diputación Provincial tiene poco interés, como siempre, en la supervivencia de este CEIP.

Entendemos que la Diputación de Cádiz es la máxima responsable, pues tiene la titularidad del centro, y no puede lavarse las manos (una vez más) ante esta situación. Una Diputación que gobierna el PSOE, que no tiene empacho en presentarse públicamente como defensor de la escuela pública.

Sin embargo, la Junta de Andalucía es corresponsable. Hay que recordar una vez más que desde que la Diputación Provincial aprobara en un pleno de 2013 que la Consejería de Educación asumiera la titularidad de este centro público, pues es la administración con competencia en educación, la reacción de la Consejería, durante los gobiernos tanto de PSOE como PP y Ciudadanos, ha sido la de “apoyar” públicamente este centro educativo, pero nunca asumir formalmente ni comprometerse (menos públicamente) con la titularidad del mismo, lo que lo ha condenado a una suerte de “limbo” administrativo que ha facilitado a Diputación y Consejería dejarlo morir.

Exigimos a Diputación Provincial y la Consejería de Educación que cumplan sus compromisos y trabajen para garantizar que el CEIP Institución Provincial Gaditana sigue abierto. El cierre de una línea o un centro educativo público es siempre una pésima noticia, pero lo es sobre todo en una ciudad donde más del 60% de las plazas ofertadas en educación obligatoria son en centros concertados. El cierre de este CEIP, que deja desamparadas a numerosas familias, redunda en el beneficio y el fomento de la educación privada subvencionada.

Día de la familia diversa y día contra la LGTBIfobia

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El día 15 de mayo ya no es solo el Día internacional de la Familia, sino de la Diversidad familiar. Frente a quienes querían imponer un único modelo tradicional como válido, ya no hay vuelta atrás: la diversidad familiar es una realidad que llegó para quedarse y se va a ir imponiendo en todas las zonas del mundo, a pesar de los regímenes totalitarios que se siguen oponiendo a este progreso ético.

 

Por eso queremos ligar este 15M familiar al 17M, Día Internacional contra la LGTBIfobia. Si miramos un mapamundi donde se reflejen las zonas donde se mantienen este tipo de fobias, incluyendo la persecución, la cárcel e incluso la pena de muerte, nos daremos cuenta de lo que aún queda por avanzar.

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Desde USTEA nos comprometemos a trabajar por una sociedad libre de LGTBIfobia y donde no sean admisibles las llamadas “terapias de conversión”, que ya se han prohibido en países como Alemania.

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La compañera Nereida Cáceres ha elaborado unos materiales didácticos que os ofrecemos. Se trata de un cortometraje con una versión en pictogramas y otra en lenguaje de signos, además de unas sugerencias didácticas.

VIDEOS

https://www.youtube.com/watch?v=dVo5-ZAPX7s&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=GIJBb8jhZFo&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=81hVNTSWJyU&feature=youtu.be

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS

https://www.facebook.com/100621138330310/posts/101680528224371/

LA FAMILIA. FUNDAMENTO Y OBJETIVOS. Por Nereida Cáceres.

El cortometraje trata de poner en valor la familia como sistema humano, contado por una niña bajo la perspectiva de lo que opina su madre. La familia es un sistema humano necesario para la existencia de la humanidad, aunque con valores relativamente modernos, ya que este sistema aparece durante la época de la industrialización. El amor como sentimiento fundamental es una premisa que puede generar sentimiento de fracaso y otros sentimientos contradictorios, porque si pensamos que el amor romántico entre la pareja que forma una familia es un concepto estable y este amor desaparece, o creemos que los nuevos miembros de una familia tienen que amar a los demás miembros de forma necesaria, y esto no ocurre, pensamos que no funciona el sistema y nos sentimos más vulnerables. Por eso pone por delante el respeto como premisa, y no el amor. La estructuras familiares que la sociedad establece como ideal están cambiando y la denominación de familia rota cuando en una familia se produce un cambio tiene como connotación el fracaso. Las familias cuando se van o vuelven algunos miembros  se transforman en otras familias pero no se rompen. Las familias reconstituidas monoparentales, recompuestas y homoparentales tienen una perspectiva más actual en la sociedad que vivimos. Los niños y niñas tienen como miedo básico y fundamental el miedo a que aquellos que los cuidan y protegen desaparezcan. Por ello el cortometraje trata de exponer la visión de que cuando sienten que el adulto le señala alguna conducta como no adecuada para el sistema de valores que sustentan no significa que ya no les quieran en su sistema familiar, sino todo lo contrario, se está intentando que no se desvíe de la norma familiar y se quede dentro. Trabajar la red genealógica de las familias también sirve para elaborar los duelos y situar a las personas desaparecidas en algún lugar, además de hacer extensible mucho más allá de la familia nuclear, la grandeza de la familia y su concepto infinito. La genealogía es una red de genética y también de afectos, los lazos que se representan no solo tienen que estar sustentados en la genética. Este pequeño cortometraje tiene como fuente la Teoria Sistémica.

OTROS ENLACES para ambas conmemoraciones

https://www.facebook.com/groups/educacionfelgtb/permalink/4045589508848077/

https://www.facebook.com/hashtag/diversidadfamiliar?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG

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USTEA Cádiz exige transparencia en los procesos administrativos de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía

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Imagen: Sparkleice (via Creative Commons)

A la Consejería anterior había decenas de temas que le reclamábamos, pero hay uno que no se le podía reclamar porque lo hacía bastante bien. Era la transparencia en procesos administrativos relacionados con la adjudicación de destinos provisionales, el Concurso General de Traslados o, incluso, la publicación del baremo de opositores.

Con la nueva Consejería queda pendiente casi todo lo que reclamábamos a la anterior, pero se le suma ahora algo nuevo: la falta de transparencia.

Nadie piensa que esta falta de transparencia tenga que ver con el consejero Imbroda enchufando a sus sobrinos por delante de nadie. Esa zafiedad ha ocurrido alguna vez con puestos específicos de las delegaciones (USTEA se presentó como acusación particular en un caso de hace unos años de la Delegación de Sevilla), pero no es, afortunadamente, norma ni en absoluto algo habitual. Entendemos entonces que no se trata aquí de señalar a nadie que haya cometido o pretenda cometer un delito de cohecho, pero sí se podría discutir sobre un delito de prevaricación, consciente o negligente, porque resulta lamentable que en el año 2020 aún tengamos que estar mendigando que una administración ofrezca la información necesaria para comprobar que los procesos realizados son los correctos y dar así la oportunidad de reclamar todo aquello que se crea que ha vulnerado los derechos de los docentes, bien sean funcionarios o bien interinos o aspirantes a interinidad.

La Consejería, preguntada en mesa por este asunto por parte de USTEA, se escudó en la protección de datos para operar del modo oscurantista en el que lo hace. Pero, en realidad, lo que ha hecho esta Consejería no es tanto esconder como dificultar el acceso a la información. Es decir, no se podría acusar a la Consejería de prevaricación consciente puesto que hay manera de acceder a los datos necesarios, pero el modo de publicarlos obliga a dos cuestiones que no ocurrían antes: la obligación de pertenecer a la especialidad para poder acceder a esos datos y una suerte de investigación indispensable para poder acceder a la información.

Para que lo tengamos claro: veinte años después de cambiar de siglo y llegar al veintiuno debería ser una vergüenza para una administración que tenga que existir un texto como este, que USTEA Cádiz haya solicitado por registro a la Consejería todas las bolsas de interinidad y destinos provisionales de este curso sin respuesta desde el 25 de noviembre (hemos llevado el tema al Portal de Transparencia, sin respuesta tampoco por ahora) y que la Consejería, que se comprometió a estudiar el tema, no se haya pronunciado en meses sobre el particular. Mucho nos tememos que su idea sea la misma que la del curso pasado: esconder lo que debería ser público y no prestarle la mínima atención al decoro y civismo que implica la transparencia en los procesos administrativos públicos.

Desde USTEA Cádiz exigimos:

– Publicación de todos los destinos (definitivos o provisionales) de la manera en la que se publicaban hasta este cambio oscurantista (todos/as podemos consultar todo).

– Publicación de todas las bolsas de interinidad de la manera en la que se publicaban hasta este cambio oscurantista (todos/as podemos consultar todo).

– Permanencia en la web durante el curso de la publicación de todos los procesos administrativos realizados y enlace para los procesos de los cuatro cursos anteriores.

– Publicación en web de los méritos para el concurso de todos los opositores.

– Publicación de los destinos provisionales y definitivos del Concurso General de Traslados    de la manera en la que se publicaban hasta este cambio oscurantista (todos/as podemos consultar todo).

Todo ello desde el respeto a la Ley de Protección de Datos. Recordemos que no se puede escudar la administración en dicha ley cuando le información está en la web y cuando lo que se hace es dificultar todo lo posible que cualquiera pueda acceder a ella.

Otra muestra muy significativa fue la manera de publicar los méritos de los opositores en las últimas oposiciones. Estaban en un solo ordenador en la Delegación de Educación de Cádiz con colas de horas de opositores que querían ver los méritos de otros opositores para saber si conseguían plaza. Eso no es Ley de Protección de Datos. Eso es no ofrecer al ciudadano los derechos que como tal nos corresponden. Eso es no cumplir con la obligación de transparencia a la  que, como organismo público, la Consejería de Educación está obligada.

En USTEA Cádiz entendemos, por todo lo expuesto, que se trata de un despropósito y por eso pedimos rectificación a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y unas disculpas por haber ofrecido oscurantismo donde lo que se tendría que haber ofrecido era transparencia.

Sobre la última convocatoria para cubrir una plaza de Inspector/a

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En esta semana nuestra Consejería, a través de su Viceconsejera, ha publicado una convocatoria pública para la cobertura de un puesto en la Inspección Central (pinchad aquí). Según la misma, las y los aspirantes, además de reunir los requisitos, han de enviar su curriculum vitae a la Viceconsejería de Educación. Así de simple. Al analizar la misma, no encontramos un baremo  a través del cual calibrar los méritos y en el que se prime, por ejemplo, la experiencia para un puesto de este tipo.  Aunque teniendo en cuenta la negativa de la Viceconsejera a regular la bolsa de trabajo de sus inspectoras e inspectores interinos por tiempo de servicio, se entiende el desprecio de esta misma a la experiencia laboral en este cuerpo funcionarial. Tampoco se contempla la publicación de listas provisionales, plazo de reclamaciones, listado definitivo, etc., todos los requisitos que entraña un procedimiento administrativo riguroso para la cobertura de un puesto en la administración educativa.

¿Quiere esto decir que se trata de un puesto de libre designación encubierto en convocatoria pública que adolece de los principios de objetividad, mérito y capacidad que invoca nuestro TREBEP? ¿Puede ser que ya este puesto tenga nombre y apellidos y no interesa incluir en la convocatoria para su cobertura un baremo de méritos que vaya más allá del que tiene la persona para la que se creó? Llama la atención que quien la firme sea Carmen Castillo Mena, Inspectora de Educación con una dilatada experiencia y conocimientos en procedimiento administrativo en el sistema educativo. Desgraciadamente, es la forma de cubrir vacantes en puestos de altos cargos, no solo de la Inspección General, sino también de los que componen las Delegaciones Territoriales de Educación. De esta manera se demuestra que el actual equipo de gobierno de la Comunidad Autónoma Andaluza, al igual que el anterior, a pesar de contar con profesionales con formación en administración pública, utiliza los mismos mecanismos de colocación a través de convocatorias en presunto fraude de ley, en las que supuestamente se vulneran e incumplen los principios que rigen la contratación pública.

 

Obligan a darse de alta a la profesora con depresión y aislada por Covid-19

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Desde USTEA Cádiz tenemos que denunciar que, lamentablemente, el despropósito no se ha solucionado -como comunicamos la pasada semana-, sino que se ha consumado.

Desde USTEA Cádiz ya denunciamos el pasado lunes 20 de abril que desde la Seguridad Social habían dado el alta obligatoria para el siguiente día, martes 21, a una docente con un cuadro de ansiedad y aislada por Covid-19. Por esta razón el mismo lunes 20 remitimos una nota de prensa denunciando este caso, del cual los medios de comunicación se hicieron eco ese mismo día. Sin embargo, pocas horas después de publicarse la noticia esta docente, afiliada a nuestro sindicato, nos comunicó que le darían otra baja el miércoles 23. Finalmente no ha sido así: el despropósito se ha consumado y ha sido dada alta de oficio.

Recordemos que a esta docente se le reconoció el 3 de marzo la situación de incapacidad temporal con un diagnóstico de ansiedad, provocada por la dificilísima situación personal que atraviesa: en febrero su marido sufrió un ictus que lo ha dejado hemipléjico, pese a haber sido intervenido quirúrgicamente hasta en tres ocasiones. Situación que después se agravó, pues el cónyuge también dio positivo por Covid-19. Dado que esta docente ha sido su acompañante en todo momento, ambos se encuentran en confinamiento y aislamiento en el hospital. Por esta razón la notificación del alta resultó sorprendente, porque se produjo sin una mínima indagación previa sobre la situación de nuestra compañera, la cual, como decimos, se había complicado notablemente.

Pusimos el caso en manos de nuestros servicios jurídicos, pero al tiempo dirigimos un escrito a la Subdelegación de Gobierno de Cádiz con la esperanza de que todo fuera un error subsanable y pidiéndoles que intervinieran en el asunto. Ante la ausencia de respuesta, optamos también por sacarlo a la luz pública. La respuesta de la Subdelegación fue comunicarnos que nos negaba información por no ser el sindicato “parte interesada”, cuando lo que desde la organización en realidad pedíamos era una mediación ante este sorprendente caso.

En un informe firmado el 22 de abril por un integrante del Servicio de Medicina Interna del Hospital Puerta del Mar, donde actualmente se encuentra ingresado su cónyuge, se especifica que este presenta hemiplejia izquierda completa y tiene una traqueostomía, además de nutrición enteral, por lo que necesita acompañante todo el día. En dicho documento se explica que esta docente ha desempeñado dicha función, y que al haber el cónyuge dado positivo en Covid-19 no puede haber un cambio de acompañante, por lo que nuestra compañera y afiliada deberá permanecer con él las semanas que restan de ingreso. El escrito finaliza con la recomendación de que, finalizado el acompañamiento, la docente permanezca en aislamiento domiciliario al menos 14 días o hasta que se compruebe no estar infestada de Covid-19. En un texto más reciente, un Justificante de Consulta con fecha de hoy lunes 27 de abril, se recuerda esta situación.

Pese a la falta de indagación previa, y pese a este reciente y clarificador escrito del Hospital Universitario Puerta del Mar, nuestra compañera ha sido obligada a volver a su puesto de trabajo desde el pasado 21. No se ha tenido en cuenta su durísima situación personal, ni que debe seguir desempeñando la función de acompañante, ni que tenga que permanecer aislada en el Hospital para evitar posibles contagios de Covid-19 a otras personas.

No vamos a quedarnos, desde luego, de brazos cruzados. Desde USTEA Cádiz vamos a seguir luchando para que se haga justicia. Es desolador el desprecio absoluto que la Seguridad Social demuestra por la salud anímica y física de esta docente, y de aquellas personas que serán víctimas potenciales de un contagio por Covid-19.

USTEA Cádiz denuncia que han dado el alta obligatoria a una docente con incapacidad temporal por ansiedad y que debe estar confinada por Covid-19

mascarilla

Desde USTEA Cádiz denunciamos que desde la Seguridad Social han dado el alta obligatoria para mañana martes 21 de abril a una docente, afiliada a nuestro sindicato, con un cuadro de ansiedad debido a la durísima situación personal que atraviesa y que, además, debe estar en cuarentena por Covid-19.

A esta docente se le reconoció el 3 de marzo la situación de incapacidad temporal con un diagnóstico de ansiedad. Dicha ansiedad se comprende teniendo en cuenta su dificilísima situación personal: en febrero su marido sufrió un ictus que lo ha dejado hemipléjico, pese a haber sido intervenido quirúrgicamente hasta en tres ocasiones.

Pero la situación, además, se ha agravado, desde el momento en que más recientemente el paciente también ha dado positivo por Covid-19. Dado que esta docente ha sido su acompañante en todo momento, ambos se encuentran en confinamiento y aislamiento en el Hospital Punta Europa de Algeciras.

Por esta razón, nos sorprende mucho que haya recibido el alta de oficio desde la Seguridad Social para reincorporarse mañana martes 21 de abril. Nos sorprende, sobre todo, porque dicha notificación se ha producido sin que haya habido una mínima indagación previa sobre la complicada situación que atraviesa esta docente, y sin una consulta siquiera a la inspección de la Seguridad Social o incluso a su médico de cabecera.

Evidentemente, hemos puesto el caso en manos de nuestros servicios jurídicos, que ya han presentado una reclamación a la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Aun así, con la esperanza de que se tratara de algún tipo de error subsanable, también hemos dirigido un escrito a la Subdelegación de Gobierno de Cádiz para que intervenga en el asunto, sin que hayamos tenido respuesta por su parte.

Desde USTEA Cádiz vamos a seguir luchando para que se haga justicia con esta docente. Darle el alta médica sin una indagación previa de su actual situación no solo demuestra el grado de insensibilidad por parte de la administración, sino que resulta a todas luces incomprensible en el actual contexto de crisis sanitaria.