Comisión de Escolarización: otro curso de recortes en la pública

Tras la reunión de la Comisión de Garantía de Escolarización Provincial, que tuvo lugar ayer jueves 24 de junio, en las que se trató el proceso de escolarización en las etapas de Infantil y Primaria, se consuman los recortes de unidades en centros públicos de la provincia. Concretamente este curso se pierden 12 Unidades en Infantil y Primaria, todas ellas en centros públicos. Son significativos los casos de dos grandes ciudades como Jerez y Cádiz, que este año pierden 4 unidades cada una. La sangría no hace sino continuar, ya que el curso pasado, por ejemplo, se perdieron 20 unidades (19 en la pública y 1 en la privada concertada).

Desde USTEA Cádiz hemos denunciado de manera reiterada lo que desde el propio sindicato bautizamos como recortes a priori en la pública, y que es un sistema torticero por el que desde Planificación educativa, antes de comenzar el proceso de inscripción, ofrece un número de plazas la baja a los centros para marzo, una oferta que conlleva ya un recorte, y solo para los centros públicos. Esto tiene un efecto disuasorio: se consigue que, al llegar al número máximo concedido, baje la demanda, pues las familias prefieren evitar que sus hijos/as se queden fuera y entren en sorteos para adjudicación. Un sistema que beneficia a la educación privada concertada, que no sufre dichos recortes, al conservar de partida sus plazas.

Hasta ahora el mantra que hemos escuchado mil y una vez es que no se les recortaba unidades porque las familias los solicitaban y había que atender ese supuesto derecho, muy discutible como tal. Ese mantra cae fácilmente a la luz de los datos: se han ofrecido 2750 plazas en Infantil de 3 años en centros privados concertados, aunque a que la demanda solo ha llegado a 2575 solicitudes, y eso a pesar de no tener el lastre de los recortes a priori, o no tener limitación de plazas en matinal o comedor. Es decir, ha sobrado un 8% de plazas. Creemos que esta baja demanda sería suficiente para que hubiesen perdido alguna unidad; sin embargo, las 12 unidades suprimidas son todas de centros públicos.

Nos resulta igualmente inaudito que a esta fecha sigamos sin conocer si contaremos en la plantilla del curso que viene con los docentes conocidos comos «refuerzos Covid». El Delegado provincial tan solo nos ha dicho que están negociando con otras consejerías para poder contar con ellos/as, pero sin más precisiones, ni siquiera numérica. Con esta incertidumbre volverán a castigar a los equipos directivos con otro verano de rehacer planificaciones y a muchos/as interinos/as sin saber si trabajará o no. Porque, casi con total seguridad, si se mantienen dichas plazas de refuerzo, lo que está por ver, volverán a quedarse fuera de la colocación de efectivos y se ofertarán a posteriori, por lo que los/as interinos/as con más tiempo de servicio saldrán perjudicados.

Por cierto, en este punto recordamos que USTEA no suscribió este acuerdo que firmaron la Consejería de Educación y otras tres organizaciones sindicales porque el número era muy insuficiente y servía para legitimar las ratios ilegales, pues solo proporcionaba una leve «corrección» del problema hasta 2º ESO. Por eso ahora denunciamos, con toda legitimidad, que el delegado de Educación de Cádiz se vanaglorie de haber respetado que todos los cursos de acceso, o sea, Infantil de 3 años y 1º de Primaria, tengan como máximo 25 alumnos/as. Es inadmisible vender como un logo el cumplimiento de la legalidad. Al contrario, eso supone el reconocimiento de que dicha legalidad se ha estado incumpliendo durante años, y se sigue incumpliendo: como botón de muestra, el CEIP Miguel de Cervantes de Jerez arrancará el próximo curso con una unidad de 5 años con 27 alumnas/os, presentando en varios casos de Educación Especial. Una vez más se utiliza en el proceso ordinario de escolarización ese 10% que la ley exige reservar para posibles casos de escolarización sobrevenida.

Y finalizamos con la consumación de un caso que ya denunciamos en USTEA Cádiz: en Jerez, donde la perdida de unidades públicas es alarmante, la Consejería ha concertado otra unidad a la empresa privada UPACE Jerez para atención alumnado de Educación Especial, pese a que el CEE «La Merced», público, ha ido perdiendo unidades en los últimos años. Todavía resulta menos comprensible este concierto cuando, en la reunión de ayer, el Delegado provincial confirma una importante partida económica, alrededor de 2 millones, para remodelar y actualizar dicho centro público. Tampoco se comprende teniendo en cuenta que el propio jefe de Planificación habla de los esfuerzos de la directiva actual del CEE La Merced para plantear nuevas iniciativas de mejora y adaptarse a las demandas de las familias. Pero este es el comportamiento de quienes dicen defender la Educación Especial: conciertan líneas en un CEE privado aunque tienen uno público en la misma localidad, mientras permiten situaciones como la del CEIP Gadir de Cádiz, donde las supresiones de unidades dejarán al colegio con una única unidad de Infantil con 5 alumnos/as de Educación Especial y una alumna con Trastorno Específico del Lenguaje. Está claro que para esta administración la Educación Especial es también una oportunidad de negocio.

USTEA Cádiz denuncia que la Consejería deja sin PTIS a una niña de 3 años, que no puede asistir regularmente a clase

Desde USTEA Cádiz queremos volver a denunciar otro ejemplo flagrante de la escasa atención e importancia que la Consejería de Educación que da al alumnado con Necesidades Especiales de Apoyo Educativo (NEAE), el alumnado más vulnerable y que más atención requiere.

En el CEIP Nuestra Señora de la Luz de Tarifa se tramitó la petición de entrada de una alumna de Educación Infantil del nivel de 3 años para el curso 2020/21, solicitud que fue aceptada, procediéndose a su matriculación. La niña provenía de la escuela infantil municipal Virgen de la Luz con la información de que era necesaria una valoración psicopedagógica por parte del equipo de orientación del centro por sus características personales. Se trataba, además, Además, de una usuaria del servicio de Atención Temprana de su localidad, dadas sus necesidades específicas de atención y cuidado.

Cuando la alumna llega al centro al comienzo del curso se le realiza la evaluación psicopedagógica, que determina que es una alumna NEAE (Necesidades Especiales de Apoyo Educativo) que requiere del recurso de un/a PTIS (Personal Técnico de Integración Social) a tiempo completo. Así pues, el centro tramita la petición del PTIS a la Delegación de Educación, en concreto al Servicio de Ordenación Educativa. En noviembre, todavía sin ningún tipo de respuesta por parte de Ordenación Educativa, se realiza con registro de salida un escrito solicitando información sobre la situación del PTIS.

Pasado el primer trimestre, con todos los trámites correctamente realizados, desde Ordenación Educativa responden al fin en enero que, en efecto, se ha tramitado la petición, especificando que se está a la espera del visto bueno de la Consejería de Educación con sede en Sevilla, que es la que en última instancia tiene que autorizar la asignación. Frecuentemente se alude a que no hay presupuesto para cumplir con las obligaciones que marca la ley en lo referido a la atención al alumnado más vulnerable, situación que desde USTEA llevamos combatiendo y denunciando desde hace años.

Pero el curso va pasando y la alumna sigue sin su PTIS, lo que le imposibilita asistir a clase con regularidad. Un/a PTIS que ha sido reclamado/a por la familia a Delegación en varias ocasiones.

Tras diferentes peticiones de información, se señala que, en efecto, hay una PTIS asignado a esta zona educativa, pero que no puede atender en dicha zona porque, por una cuestión de necesidades, tiene que desempeñar su labor en otro lado. Pasa el curso, y a pesar de que el centro y la comunidad educativa solicita la atención a la que la niña tiene derecho, esta Consejería sigue haciendo caso omiso de la situación del alumnado NEAE, más pendiente en programas de escaso éxito, repercusión e incidencia como los planes de refuerzo estivales. Una vergüenza y un despropósito.

La realidad es que esta niña no puede asistir con normalidad porque no tiene su PTIS, y que sus docentes no pueden atenderla a ella y al grupo simultáneamente como sería deseable, pues la alumna requiere una atención constante. De esta manera, se resiente la calidad educativa y no se respetan los derechos de la menor. No es ni mucho menos la única situación así en Cádiz y en el resto de provincias andaluzas.

Además, la situación en este centro se agrava, pues en el curso que viene (2021/2022) se ha matriculado un alumno en la etapa de Educación Infantil y en el nivel de tres años con movilidad reducida y con una valoración psicopedagógica en la que se determina la necesidad de un PTIS a tiempo completo.

Desde USTEA Cádiz denunciamos esta situación y exigimos a la Consejería que dirige Javier Imbroda que abandone la palabrería y las excusas para atender de manera real y eficaz las necesidades educativas del alumnado NEAE de nuestra provincia y el resto de Andalucía. Es imperdonable e injustificable el olvido y el desprecio por las familias y alumnado más vulnerable, que más dificultades tiene y que más apoyo necesita.

Represión sindical: ¿se está vengando la Delegación de Educación de USTEA Cádiz con una niña de ocho años?

Fuente: Creative Commons

La historia de Blanca, la niña de ocho años de Tarifa a la que Delegación de Educación se niega a escolarizar en su centro de siempre tras una experiencia traumática, ha impactado a la comunidad educativa y ha tenido un considerable eco en los medios de comunicación. Desde USTEA Cádiz queremos poner el foco en que podemos estar ante un presunto caso de represión sindical: la niña es hija de un delegado y liberado de nuestro sindicato.

A comienzos de enero nuestro compañero Pablo Díaz, delegado sindical y miembro del equipo de liberados de USTEA Cádiz, tuvo un terrible accidente de coche cuando circulaba cerca de Loja al ser su vehículo embestido de frente por una conductora que dio positivo en el test de drogas. Fallecieron dos hermanas, una de ellas también docente, que iban en la parte trasera del vehículo, mientras que él y su pareja ingresaron en la UCI y fueron sometidos a varias intervenciones quirúrgicas, a las que siguió un largo proceso de rehabilitación.

Durante todo este tiempo sus dos hijas, entonces de 10 y 8 años, permanecieron en Loja, localidad de Granada, al cuidado de familiares, donde fueron escolarizadas. Allí estuvieron la segunda evaluación, hasta que la mejoría de sus progenitores permitió plantear el regreso a Tarifa. Es en este punto en el que empieza el problema.

Los padres intentaron que sus hijas volvieran al colegio en el que estaban, el CEIP Nuestra Señora de la Luz de Tarifa. La Delegación de Educación lo permite con la mayor, pero no con la menor. Así pues, Blanca, la niña de ocho años, es reubicada en otro centro educativo de la localidad. Tercer centro educativo en un solo curso para una niña que acaba de vivir una situación muy dura.

Desde el principio los padres han solicitado la escolarización de la niña en su antiguo centro. La Delegación de Educación se ha negado en todo momento, aferrándose al hecho de que la hija de una docente interina pasó a ocupar la plaza que dejó Blanca al escolarizarse en Loja, por lo que en su antigua clase son ya 25 alumnos/as, la ratio máxima legal permitida para Primaria. El padre, delegado sindical -recordemos- con años de experiencia a sus espaldas, solicita algo que sabe que es perfectamente legal: el artículo 87.2 de la LOE, incluido tanto en la LOMCE como en la LOMLOE, establece la posibilidad de un incremento de hasta un 10% del número máximo de alumnos por aula para dar respuesta a situaciones de escolarización sobrevenida. Y este es el caso, precisamente, que nos ocupa.

La actitud del delegado de Educación ha producido un enérgico rechazo de toda la comunidad educativa. El director del CEIP Victoria, de Loja, dejó constancia en un escrito de que la niña había tenido problemas de adaptación debido a la experiencia vivida y que lo mejor para «su delicado estado emocional y afectivo» era volver al grupo-clase anterior. Lo mismo solicitaron tanto la directiva como el claustro del colegio de Tarifa, y las madres y los padres, que han recogido firmas y dirigido un escrito a la Delegación de Educación pidiendo su reincorporación. Ha habido pronunciamientos públicos: artículos de opinión en prensa firmados por María Jesús de León, presidenta de Junta de Personal Docente, o Manuel Santander Díaz, ex inspector de educación, que dijo no poder comprender la actitud de delegación y apuntó a una posible vulneración de los derechos de la menor, recordando que por encima de todo está la Ley del Menor. Y, finalmente, en una línea similar, el mismísimo Defensor del Menor de Andalucía, Jesús Maeztu, que dice que ante todo hay que actuar «en interés superior de la menor».

Durante todo este tiempo tanto Miguel Andreu Estaún, delegado de Educación, como Joaquín Mateo, jefe de servicio de Planificación y Escolarización, se han mantenido inflexibles. El Sr. Mateo ni ha respondido a los padres, actitud que no nos extraña en una persona que ha conseguido poner de acuerdo a todas las organizaciones de la Junta de Personal Docente para pedir su dimisión.

Pero no solo: a día de hoy el jefe de Inspección, José María González García, tampoco se ha dignado a responder a la petición de los padres de Blanca de una reunión para tratar el tema. Una petición que no solo han efectuado por correo electrónico, sino también a través de la dirección del centro, pues la directora ha elevado la solicitud de los progenitores por ventanilla electrónica al Servicio Provincial de Inspección Educativa. La Inspección Educativa tiene la obligación de atender a las familias, y cuando no lo hace estas quedan desamparadas. El silencio del Sr. González García, Jefe de Inspección, nos consterna y nos da que pensar.

Desde USTEA Cádiz somos incapaces de entender la actitud de la delegación de Educación, a no ser que estemos ante un caso de represión sindical: una venganza en una niña de ocho años de un sindicato, el nuestro, que denunció al delegado de Educación por una situación generalizada de ratios ilegales. Exigimos que se use ese 10% reservado para la escolarización excepcional para solucionar el caso de Blanca, un 10% que la administración sí está usando para la escolarización ordinaria, haciendo que ya a comienzos de curso haya numerosas aulas con más de 25 alumnos/as en Primaria, más de 30 en Secundaria y FP o más de 35 en Bachillerato. Una situación generalizada en nuestra provincia y en Andalucía que hace que el caso de Blanca sea todavía más indignante. Y recordamos, finalmente, que ante todo está el bienestar de la menor.

Basta de violencia machista: queremos soluciones ya

La violencia contra las mujeres no es algo que surja de la nada, no es un fenómeno fortuito. La violencia contra las mujeres surge amparada por unos valores y una concepción del mundo en la que los hombres pueden llegar a sentirse amparados para ejercer un poder y dominio sobre las mujeres. De esta manera, las mujeres son deshumanizadas y se convierten en algo adjetivo frente a la sustantividad masculina.

Han hallado el cadáver de Olivia. Nos tememos que el de Anna también está cerca. Su padre, Tomás Gimeno, no podía soportar la idea de que Beatriz, su madre, viviera al margen de su poder e influencia y decidió castigarla de la manera más brutal y despiadada que se le pudiera ocurrir. Es un ejemplo más de la violencia vicaria, aquella que se ejerce contra la mujer a través de la deshumanización y castigo a sus hijas e hijos. Una violencia vicaria que se manifiesta en muchas formas diversas, no implicando exclusivamente la violencia física, pero que busca hacer sufrir a la madre a través del sufrimiento aplicado a sus hijos e hijas. Las técnicas de la violencia patriarcal son muchas, variadas y sofisticadas.

Simultáneamente, el asesino de Rocío, señala a la Guardia Civil dónde escondió su cadáver descuartizado. Una menor de 17 años que trató de rehacer su vida sin su ex novio y que fue asesinada cuando fue a recoger sus cosas a la casa de su asesino. Es la afirmación más explícita para afirmar que las mujeres o pertenecen a un hombre o no son nada. La constatación de que los hombres pueden pensarse estar tan por encima que se sienten con legitimidad para decidir disponer de la vida de las mujeres y robarles todo lo que podrían tener y sentir, que es su futuro, su propia existencia.

Esto no son sucesos aislados.

Hay hombres que han aprendido en sus familias, en su barrio, en los medios de comunicación y en todo su entorno que las mujeres están ahí para su placer, para su consumo, para su explotación, para reforzar su poder y estatus. Y si las mujeres se rebelan y reafirman su humanidad, su libertad y sus derechos, hay hombres que las castigan y buscan disciplinarlas y dañarlas para relegarlas al lugar que ellos creen que a ellas les corresponde. De manera despiadada, inmisericorde y brutal.

Muchos hombres pueden llegar a utilizar una variedad enorme de técnicas para ejercer la dominación, que no es solo la violencia física, sino también el acoso y la violencia psicológica. Chistes, miradas, piropos, desprecios, negación de la desigualdad, justificación de las agresiones, ridiculización, silencios, mentiras… El patriarcado es un sistema que justifica y legitima cualquier comportamiento y actitud que busca relegar a la mujer a su papel subordinado y sometido al hombre.

Desde USTEA Cádiz nos rebelamos y asumimos la lucha de las mujeres como un compromiso irrenunciable, en lo político y en lo personal. Trabajaremos desde lo educativo por una sociedad justa en la que hombres y mujeres sean iguales en derechos y libertades. Señalaremos al patriarcado y sus defensores como los que amparan la muerte de Olivia, Anna y Rocío y el sufrimiento de sus familias, como Beatriz, la madre de las pequeñas.

Saldremos a la calle contra el patriarcado y contra un gobierno que a pesar de sus promesas y buenas palabras, sigue sin enfrentar la violencia contra las mujeres como una política de Estado de primer orden ni tomar medidas prioritarias para extirpar esta lacra de nuestra sociedad. No queremos seguir esperando, no queremos más buenas intenciones, no queremos más palabras de solidaridad. Exigimos políticas activas y soluciones ya.

El plan de Iceta: despedido el interino, se acabó la interinidad

Por J. David Vargas

Fuente: Creative Commons

Llegaba Iceta a su Ministerio muy compungido por el fraude de ley al que el personal interino ha estado sometido durante décadas en España, diciendo el hombre que iba a acabar con eso, que no podía ser que gente estuviera décadas en un mismo puesto siendo personal temporal y asegurando que eso iba a acabar.

Todos vimos algo de esperanza en sus palabras, puesto que parecían referidas a una situación injusta que estamos padeciendo más de ochocientas mil personas en todo el Estado. Un millón, dicen algunos, entre administraciones locales, provinciales, autonómicas y nacionales.

Sin embargo, pronto vio Iceta, una mente privilegiada sin duda, que el modo más fácil de acabar con la interinidad no era que las personas que hubiésemos estado ocupando un puesto de empleo público durante años y años fuéramos funcionarizadas o se encontrara otro método de acuerdo con la ley (existente o por hacer) para hacernos fijos sino que lo más fácil era despedir al interino y siguiendo el principio básico, y neandertal, de «muerto el perro, se acabó la rabia», pues hacer un «despedido el interino, se acabó la cosa fea esa de la interinidad». Fácil.

El proyecto de modificación del EBEP tiene como objetivo despedir a todo aquel que lleve tres años como interino. También, amortizar (eliminar) la plaza que haya sido ocupada por un interino más de tres años sin salir a oposición. Quitársela al ayuntamiento o a la comunidad autónoma o al Ministerio, incluido el suyo, seguramente. Porque Iceta obvia de manera vil que este problema no ha sido causado por los interinos en nuestro empecinamiento por no querer ser funcionarios. Nada más lejos. Ha sido creado por todos los gobiernos del país desde hace más de cuatro décadas, lo cual incluye los gobiernos del PSOE de Felipe González y de José Luis Rodríguez Zapatero. Ellos lo hacen mal y los interinos pagamos su ineptitud. Muy lógico.

¿Y cómo vamos a pagar si no conseguimos tumbar esto? Pues poco claro queda el texto en lo referente a quienes ya estamos. Hay quien dice que no nos afectaría lo de despedir a los tres años. No lo veo por ninguna parte. Sí veo que es un melón abierto con mucho veneno dentro y cuando hay mucho veneno, hay muchas posibilidades de resultar envenenado. Quiero suponer que es así aunque solo sea por la imposibilidad de cubrir las plazas que quedarían desiertas en Educación y, sobre todo, en Sanidad. No puede ser que se aplauda al personal sanitario interino a las ocho y a las diez se le despida de una patada en la parte en que la espalda pierde su casto nombre.

Hay que insistir, una vez más, para que quede claro el asunto. Los trabajadores públicos interinos hemos sacado adelante todo el trabajo durante años siendo parte indispensable del engranaje para que este no se trabara. Dependiendo de la administración en la que nos desempeñemos, lo hemos hecho dejando atrás familia y amigos y yendo a cubrir sustituciones allá donde las hubiera. Hemos asistido a convocatorias de plazas ridículas o, directamente, suspendidas, como pasó en la Educación Andaluza en 2012. Nos hemos quedado a muy poco de la plaza sabiendo que se habían guardado plazas estructurales y que podríamos ser ya funcionarios si esas plazas hubieran salido. Hemos aprobado el proceso muchos una, dos y hasta tres o cuatro veces. Pero sin plaza. ¿Y cuál es el premio que reserva el gobierno de Pedro Sánchez con Unidas Podemos de invitado de piedra en este asunto? El Titanic. Sálvese quien pueda. Pero si tienes más de cuarenta años, obligaciones familiares, tiempo libre limitado, merma en las capacidades que se tienen cuando tienes veinticinco años que no es lo mismo que tener cincuenta… Si tienes todo esto, piensa que lugar en los botes no hay para ti. Así que haz un Di Caprio, que aunque a él no le fue muy bien el asunto, Iceta seguro que piensa que fue un blandengue por dejarse morir en aquel agua. ¡Que se hubiera buscado otra tabla él!

Valga este texto para pedir a todos los interinos e interinas de todas las administraciones del Estado Español la máxima movilización ante este intento de brutal e injusto atropello y, también, para pedir al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el cese fulminante de Miquel Iceta i Llorens, que inició sus estudios de Ciencias Químicas y Ciencias Económicas en la Universidad Autónoma de Barcelona para dedicarse plenamente a la política y, por tanto, no tiene ni la más mínima idea de lo que supone prepararse unas oposiciones, pero sí la máxima idea de llevar toda una vida cobrando del erario público en casi todas las administraciones posibles (local, autonómica, nacional) y, según su escala de valores, con abrumador éxito pues por eso está él ocupando un Ministerio mientras otros seguimos trabajando en la Administración Pública y con espanto miramos lo que suponemos para ella cuando todo lo que pretende hacer el Gobierno para solucionar el problema interino es, si no consigues la plaza, despedirnos.

USTEA Cádiz en una movilización por la estabilidad del profesorado interino.

USTEA Cádiz denuncia la supresión de una unidad en el CEIP Miguel de Cervantes de Jerez

Las consecuencias de los recortes continuados en el CEIP Miguel de Cervantes de Jerez hacen mella tanto en el profesorado como en el alumnado, sobre todo en el más vulnerable, el de Educación Especial (NEE). La excusa es, de nuevo, la bajada de solicitudes por la natalidad, lo que podría aprovecharse para bajar las ratios y garantizar así una mejor atención al alumnado, pero que la Delegación de Educación, a través del brazo ejecutor que es Planificación Educativa, aprovecha para segar la vida de los centros públicos de la ciudad y la provincia.

Este colegio sufrirá la supresión de una línea de Infantil, de modo que este centro que contaba con dos líneas desde los tres años de Infantil a 1º de primaria ya solo tendrá una. Se van a unificar las dos aulas de 4 años en una sola de 5 años, que albergará a 27 alumnos/as, es decir, que comenzará el curso con una ratio por encima de la legalidad. Recordemos que la normativa establece una ratio máxima de 25 alumnos/as en Infantil, contemplando solo la posibilidad de un incremento del 10% para escolarización sobrevenida. Y este, evidentemente, no es el caso, puesto que ya en el proceso de escolarización ordinario el centro ha informado a la Delegación de esa superación de la ratio máxima.

Pero hay más: de esos 27 alumnos/as, a los que será difícil proporcionar una atención individualizada, 3 alumnos/as será de Educación Especial. Una vez más es el alumnado más vulnerable el que se llevará la peor parte de los recortes en educación por parte de una administración que ha demostrado con creces, en numerosas ocasiones, su falta de interés por el alumnado NEAE.

Finalmente, los recortes también los pagarán, por supuesto, las y los trabajadores. Este recorte se traducirá también en la pérdida de un nuevo puesto de trabajo en el centro, un total de 4 en los últimos años, en una ciudad donde el paro sigue siendo un problema acuciante. También puede llevar asociado el desplazamiento de parte de la plantilla fija a otros centros.

Desde USTEA Cádiz no vamos a cansarnos de denunciar este ataque sistemático a la Escuela Pública. Se presentan los recortes disfrazados de bajada de la natalidad, pues no tomarán por tonta a la ciudadanía de Jerez. Recortan en la pública para defender los intereses empresariales de la escuela privada concertada, porque el Servicio de Planificación no cuenta con ningún sistema de adivinación que le permita saber que las niñas y los niños que no han nacido en este contexto de bajada de natalidad habrían ido a la escuela pública si al final hubieran venido al mundo. Este año tienen en pie de guerra a colectivos de los centros afectados más directamente, como el CEIP Elio Antonio de Nebrija o el Alfonso X, pero cada vez somos más los afectados y más para luchar por una escuela pública de calidad en Jerez de la Frontera. Y en esa lucha vamos a seguir, de la mano de las familias y de la comunidad educativa en general.

CEIP Gadir: recortes a priori y matriculación abierta

La situación que está viviendo el CEIP Gadir de Cádiz, que ya denunciamos desde USTEA Cádiz, ejemplifica de varias formas el maltrato que sufre la educación pública por parte de la administración educativa.

Como es sabido, el centro ha sido víctima un curso más de supresiones de unidades, en concreto dos. El colegio se quedaría así para el próximo curso con una sola unidad de Infantil, una sola unidad para 1º y 2º, una sola unidad para 3º y 4º, una unidad para 5º y otra para 6º.

El golpe asestado se notará especialmente en Infantil, como ya denunciamos públicamente. El centro pasará a tener una sola unidad de Infantil con 15 alumnos/as de diferentes edades: 3, 4 y 5 años. En ese grupo habría 5 alumnos/as de Educación Especial y una alumna con Trastorno Específico del Lenguaje. La administración se aprovecha de que no hay una ratio fijada para el número de alumnos/as de Educación Especial en un aula ordinaria para realizar un agrupamiento que imposibilitaría garantizar la adecuada atención individualizada.

Es evidente que sería necesario, como mínimo, desdoblar esa unidad en dos. Algo difícil gracias a ese perverso mecanismo que desde USTEA Cádiz hemos bautizado como recortes a priori, y cuyas consecuencias se comprueban también en este centro. Vayamos por partes.

Un niño procedente de un colegio privado concertado ha elegido este centro para matricularse en 1º. En realidad, las familias del pequeño han solicitado dos centros públicos, este colegio y el Carola Ribed, pero el niño no ha podido entrar en ninguno de ellos. Reto difícil en una ciudad en la que las supresiones de líneas han hecho que la privada concertada acapare cerca del 70% de las plazas para la educación obligatoria. La pregunta es obvia: ¿dónde está ahora la libertad de elección para esas familias? Resaltemos algo terrible: el niño no puede optar por un centro público en su primer año de educación obligatoria.

El problema está en el mecanismo que hemos denominado recortes a priori. La administración aprovecha el periodo de escolarización, en marzo, para hacer una oferta siempre a la baja: asignan un número de plazas a los centros públicos menor al del curso pasado y se excusan diciendo que si hay más solicitudes «se plantearán» una ampliación de la oferta. El pretexto es la baja natalidad, un problema que, basándose en el proceder de nuestra Consejería, alguien podría pensar que solo afecta a la educación pública. La cuestión es que luego cuesta sudor y lágrimas que se otorguen finalmente esas líneas. Pero hay más.

En el caso del CEIP Gadir esa oferta «a la baja» consistió en una única unidad para Infantil y otra para los dos primeros cursos de Primaria. Cuando se supera ese cupo «a la baja» inicialmente asignado, y esto es otra clave importante, las solicitudes ya no dependen del centro, sino de Planificación, que -obviamente- se niega.

La alternativa a esa oferta «a la baja» habría sido la matriculación abierta: haber mantenido separados los cursos 1º y 2º en unidades diferentes en marzo. Al unir a priori 1º y 2º en una única unidad, y ofertarla así ya en marzo, limita las plazas a 15, que es la ratio máxima permitida cuando en una unidad hay alumnado de diferentes edades. La diferencia es importante: pasamos de tener la posibilidad de ofertar 50 plazas a ofertar solo 15. El mecanismo conlleva, por tanto, un recorte a priori de 35 plazas.

Hay quien achacará el arrinconamiento de esta opción, la matriculación abierta, a un problema de falta de voluntad, pero más bien se trata de la voluntad de beneficiar a la privada concertada en detrimento de la pública. Desde USTEA Cádiz, como ya defendimos en nuestro primer comunicado sobre el colegio Gadir, defendemos que se opte por la matriculación abierta para ayudar a frenar esta sangría en la educación pública.

Pero mucho nos tememos, como queda dicho, que detrás de esto hay una voluntad clara de asfixiar la educación pública para favorecer la privada concertada. Los recortes a priori tienen un efecto disuasorio: cuando las familias son conscientes de que en un centro se llega al máximo de solicitudes de acceso directo, teniendo en cuenta las plazas concedidas, dejan de entregar solicitudes para dicho centro y optan por otros, movidas por la inquietud de que su hija o hijo quede fuera por falta de plazas y sean desplazados a un colegio o instituto muy alejado o sin los servicios que necesitas. El caso de este niño servirá para disuadir a otras familias a elegir centros públicos como el Gadir y se decanten por la privada concertada, que tanta presencia tiene en la ciudad. Lo que, a su vez, prepara el camino para más recortes de líneas en la escuela pública.

Dinero público para un centro deportivo en suelo de un colegio concertado en Jerez

Desde USTEA Cádiz denunciamos públicamente el último intento de la Junta de Andalucía para favorecer los intereses de la iniciativa privada con dinero público: la subvención a una empresa para la construcción de un gran centro deportivo en Jerez que se levantará, además, en terreno perteneciente a un colegio privado concertado, pese a las carencias en infraestructuras que presentan centros educativos públicos de la localidad.

La prensa ha informado, en concreto, de que la Junta de Andalucía aportará nada menos que 5,3 millones de euros, a través de los Fondos de Desarrollo Urbano, para la construcción de un gran centro deportivo que incluiría piscinas, pistas de pádel, área fitness y otros muchos servicios, un recinto que se construirá además en suelo de un centro privado concertado, el colegio Marianistas de Jerez. Así pues, al dinero que, es de suponer, obtendrá ese colegio por la cesión de su suelo hay que sumarle las ventajas que, con toda seguridad, tendrá el alumnado del centro e incluso sus familias, que previsiblemente disfrutarán de un uso preferente de las instalaciones. Así pues, el dinero público servirá para añadir atractivos a este centro privado concertado, en detrimento de la escuela pública, por supuesto, inmersa en una oleada -un año más- de supresiones de unidades.

Este hecho resulta aun más indignante si tenemos en cuenta las serias carencias en centros públicos de la ciudad: las grietas estructurales del CEIP Guadalete de El Torno, el tejado de amianto sin retirar en el CEIP Tomasa Pinilla de Guadalcacín, o la reiteradas negativas a construir comedores escolares en centros como CEIP La Alcazaba, CEIP Cervantes o CEIP Arana Beato, entre otras que podríamos citar. No olvidemos tampoco la no concesión de nuevos ciclos formativos, o el abandono de una zona tan deprimida como San Juan de Dios, una de las barriadas con nivel socioeconómico más bajo de Andalucía, al no querer crear en la misma un centro integrado de FP. No podemos olvidar tampoco la reivindicación de la dotación de un Conservatorio Superior de Flamenco (danza y música) o de centros de Formación Profesional especializados en el sector agroindustrial así como en tecnologías energéticas y de aplicaciones.

A nivel general, también mencionar reclamaciones de años, como la Licitación de las obras de la Ciudad del Flamenco, vía verde del rio Guadalete, ampliación de las dotaciones sanitarias, etc… Podríamos seguir enumerando proyectos para posibles subvenciones que sí implicarían un impacto positivo para la ciudadanía de Jerez.

Sin embargo, la Junta de Andalucía ha preferido invertir el dinero público de andaluces y andaluzas en un gran centro deportivo en suelo de un colegio privado concertado. Además, en una ciudad como Jerez, con multitud de instalaciones públicas y privadas de este tipo, muchas de las cuales están experimentado dificultades de viabilidad a causa de la competencia y la pandemia, y que ahora comprueban cómo la Junta subvenciona con dinero de todos un recinto deportivo mientras un centro privado concertado se frota las manos.

En definitiva, el gobierno de Andalucía persiste en su línea de beneficiar a la empresa privada y, en concreto, a la educación privada con dinero de las arcas públicas, el que sale de los bolsillos de todas y todos, mientras las familias de la escuela pública protestan y se movilizan por el cierre de líneas y las carencias -en recursos, en infraestructuras, en personal- de los centros.

Bachillerato Internacional: la privada hace caja a costa de la educación pública

Foto: niksebastian (Creative Commons)

En estas semanas pasadas hemos visto cómo las distintas delegaciones territoriales han publicado las convocatorias de puestos específicos de Bachillerato Internacional.

Desde USTEA Cádiz somos muy críticos con este tema. Cuestionamos que la administración se preocupe por un Bachillerato elitista cuando hay tantas carencias en los centros de enseñanza andaluces: falta de personal, ratios por encima de la legalidad, problemas graves en instalaciones, falta de climatización, falta de recursos para la atención al alumnado de NEAE y NEE… No lo entendemos en este contexto, si no es por hacerse la foto, como la que ya se hizo Imbroda a inicios de curso en el IES Padre Luis Coloma de Jerez, donde se llevó la amarga sorpresa de que nuestros representantes sindicales, junto con la FLAMPA, lo pusieron en un aprieto con preguntas ante todos los medios sobre la paupérrima dotación de PTIS en los centros jerezanos.

Sacamos esto a colación ahora porque la publicación de los listados provisionales y nuestras consultas con los baremadores de la Delegación de Cádiz nos confirman lo que ya denunciamos. El Bachillerato Internacional en IES públicos está sirviendo para alimentar las arcas de las empresas privadas a través de sus universidades privadas. Lo explicamos.

El International Baccalaureate exige que el profesorado que imparte clases en su red cuente con la acreditación de haber superado una formación específica homologada que solo pueden impartir instituciones asociadas a la red. En el caso de España la única entidad homologada para impartir los cursos que se exigen al profesorado es la Universidad Camilo José Cela, por supuesto, privada.

El precio del curso requerido en la convocatoria de puestos específicos de la Consejería de Educación (Categoría 1), según la web de la Universidad Camilo José Cela, es de 890 euros por persona, y consiste en un taller presencial de 15 horas de duración. Estos talleres se imparten en un calendario previsto de varias sesiones al año en Madrid y Barcelona, corriendo los gastos de alojamiento y desplazamiento a cargo de los usuarios.

Durante el presente curso, la Consejería, ha sufragado la realización de dichos talleres exclusivamente a profesorado de los siete centros seleccionados para inscribirse en la red. En concreto: el IES Celia Viñas de Almería, IES Padre Luis Coloma de Jerez de la Frontera (Cádiz), IES Medina Azahara de Córdoba, Instituto Diego de Guzmán y Quesada en Huelva, IES Los Cerros en Úbeda (Jaén), IES Padre Manjón de Granada y el Instituto María Zambrano en Torre del Mar (Málaga).

No entendemos cómo una Consejería de Educación tiene que gastar dinero para que una empresa privada de formación (aunque lo que dan es el título, porque la formación como tal es una broma de 15 horas y 890 euros) certifique a profesorado para trabajar en el ámbito público. Nos parece un auténtico disparate solo entendible en las ansias de esta Consejería por favorecer a las empresas educativas privadas y rapiñear con el dinero público.

USTEA Cádiz denuncia nuevos conciertos educativos en plena oleada de recortes en la educación pública

Desde USTEA Cádiz denunciamos que la Delegación de Educación va a «obsequiar» a la educación privada con un lote de nuevos conciertos en plena oleada de supresiones de unidades en centros públicos. El gobierno de Andalucía profundiza en su política educativa: el deterioro y la asfixia de la educación pública para favorecer a la educación privada subvencionada con dinero público, también llamada educación concertada.

En concreto, para el próximo curso van a concertar: un aula de Educación Básica Apoyo a la Integración al IES San Felipe Neri de Cádiz, un aula PFTVA Plurideficientes al CEE Pilar Varo (Afanas) de Rota, un Aula de Educación Básica Especial de Plurideficientes a Upace Jerez y un Aula Básica de Apoyo a la Integración al centro salesiano Manuel Lora Tamayo de Jerez, que tendrá también una FPB de Mantenimiento de Vehículos, y una FP de Grado Medio a Atención a personas en situación de dependencia a Escuelas Profesionales de SAFA en Jerez.

De esta información pueden extraerse dos conclusiones.

La primera, el interés de la Consejería de Educación por extender los conciertos antes en FP que en Bachillerato, donde no hay ninguna novedad. Ya hace meses que Javier Imbroda declaró que no consideraba «prioritario» extender los conciertos en Bachillerato, al tiempo que defendía la concertación de la FP. Es cuanto menos llamativa esta priorización de la FP sobre el Bachillerato, teniendo en cuenta que el consejero Imbroda es fundador de una cadena de centros privados de FP, MEDAC, que podría beneficiarse más pronto que tarde de su proyecto de extensión de los conciertos educativos. En este sentido, no podemos olvidar que el propio Antonio Jesús Castillo, miembro de Ciudadanos y ex delegado de Educación en Granada, ha afirmado respecto al consejero que beneficiar a MEDAC es «su principal objetivo en la legislatura», una empresa con la que mantiene aún «muy estrechas relaciones». Todavía estamos esperando explicaciones públicas de nuestro consejero sobre las durísimas acusaciones vertidas por su ex delegado. Finalmente, desde USTEA Cádiz volvemos a denunciar el proyecto del actual gobierno de Andalucía para extender los conciertos educativos en FP y Bachillerato, que conllevará un duro golpe para la educación pública.

La segunda conclusión tiene que ver con la atención al alumnado más vulnerable. Hace unos días Miguel Andréu Estaún, el delegado de Educación en Cádiz, respondía a una denuncia pública de USTEA Cádiz destacando la «apuesta sin precedentes» por la Educación Especial de su gobierno. Con estos datos sobre la mesa tenemos que matizar las palabras del delegado: lo que encontramos es una «una apuesta sin precedentes» para que entidades privadas hagan negocio con la Educación Especial. Así pues, conciertan nuevas aulas en Centros de Educación Especial privados en Rota (Pilar Varo) y en Jerez (Upace), a pesar de que esta segunda localidad cuenta con un Centro de Educación Especial Pública con plazas suficientes. Mientras, la supresión de líneas en el CEIP Gadir de Cádiz, público, lo condena a tener una única aula de Infantil con 15 alumnos/as de 3, 4 y 5 años, que incluye a 5 alumnos/as de Educación Especial y a una alumna con Trastorno Específico del Lenguaje. Todavía estamos esperando una solución para este centro.

Desde USTEA Cádiz denunciamos una vez más la política educativa de la Consejería y la Delegación de Educación, consistente en desmantelar la educación pública para facilitar la expansión de la empresa privada, a la que además se ayuda con dinero público mediante los conciertos. Y animamos a la comunidad educativa a secundar las movilizaciones convocadas por AMPAs y FLAMPAs de la escuela pública, como la manifestación que partirá el próximo sábado 22 de mayo a las 11:00 de la Plaza San Juan de Dios en Cádiz convocada por FLAMPA Gades.