USTEA apoya la recogida de firmas contra las bases de Rota y Morón

USTEA, sindicato que se define como sociopolítico y antimilitarista, apoya la recogida de firmas por el fin del tratado militar España-USA sobre las bases militares de Rota y Morón.

Desde 1981, con lemas como “OTAN no, Bases fuera” o “Andalucía es tierra de Paz”, se han sucedido múltiples movilizaciones contra la presencia en territorio andaluz de bases extranjeras estadounidenses, en especial desde el lamentable referéndum de 1986 y desde la participación de España a partir de 2003 en la llamada “Guerra del Golfo”, en que los ataques de las tropas de EE.UU. sobre Irak provocaron centenares de miles de muertes con barcos y aviones que habían salido de Rota o de Morón.

USTEA estuvo presente en muchas de esas movilizaciones, y este año, una vez más, nos sumamos a los colectivos que rechazan el Tratado militar España-USA sobre las Bases militares, triste herencia del franquismo que la democracia española tiene el deber de finalizar.

Aquí enlace de la campaña para firmar: https://www.change.org/p/al-gobierno-de-espa%C3%B1a-por-el-fin-del-tratado-militar-de-espa%C3%B1a-usa-sobre-el-uso-de-las-bases-militares

USTEA Cádiz ante la preocupación del profesorado por la vacuna AstraZeneca

Imagen: Tinafranklindg (Creative Commons)

Desde USTEA Cádiz exigimos garantías absolutas para la seguridad y la salud del profesorado en el proceso de vacunación.

La triste noticia del fallecimiento de una profesora de 43 años que ejercía en Marbella a causa de una hemorragia cerebral tras la vacunación con AstraZeneca, cuya primera dosis había recibido el 3 de marzo, ha provocado pesar en USTEA Cádiz, y desde el sindicato trasladamos nuestra solidaridad a familiares, allegadas/os y comunidad educativa del centro donde desempañaba su labor docente.

Pero esta noticia no solo ha provocado pesar entre las y los docentes de Andalucía, sino también preocupación e incluso inquietud. No olvidemos que este es un caso más de los varios de problemas circulatorios y trombosis cuya hipotética relación con la vacunación con AstraZeneca ha llevado a buena parte de los estados de Europa, entre ellos a España, a paralizar temporalmente la misma. Por circunscribirnos a nuestra provincia, hace pocas horas nos enterábamos de que dos agentes de la Policía Nacional de Cádiz han presentado trastornos circulatorios después de ser vacunados.

Desde USTEA Cádiz no entramos en consideraciones sobre las diferentes vacunas y su efectividad. Pero, como primer sindicato del profesorado de la educación pública de la provincia, nos hacemos eco y debemos dar respuesta a la preocupación que estos días se expande entre las y los docentes. Preocupación que no ayuda a paliar, precisamente, tener a un consejero de Educación tan desconocedor de la realidad que se vive en los centros educativos que declaró “no tener constancia” de que produjera reacción una vacuna que, como todo el mundo sabe, provoca en un alto porcentaje de los casos un notable malestar durante las horas posteriores a ser recibida (fiebre elevada, dolor muscular, temblores, hinchazón y dolor en brazos, etc).

En definitiva, partimos de dos hechos irrefutables: hay una serie de casos de problemas circulatorios que están siendo investigados por las autoridades sanitarias y hay una honda inquietud entre el profesorado.

Así pues, desde USTEA Cádiz, sindicato comprometido con la salud laboral, exigimos:

Una explicación detallada que clarifique las causas de todos los fallecimientos de las personas que han recibido la vacuna, y en concreto la de nuestra compañera de Marbella.

– Una investigación y una explicación detallada de la razón por la que esas personas que han recibido la vacuna han sufrido complicaciones circulatorias y trombos que no habían sufrido con anterioridad y que no corresponden a su edad y estado físico.

– Un seguimiento médico a las y los docentes que ya han recibido la primera dosis. No es solo una cuestión de salud pública sino de responsabilidad: la administración pública es responsable de la salud laboral de sus trabajadoras y trabajadores, que somos nosotros.

– Que se le proporcione al profesorado una vacuna diferente a la AstraZeneca si las conclusiones de las investigaciones resultan no ser satisfactorias y/o clarificadoras.

Además, animamos al profesorado a llenar los registros oficiales de la Delegación de Educación con escritos en los que quede constancia de las incidencias, por pequeñas que sean, que esté provocando la vacunación.

Y, finalmente, para que no vuelva a repetirse la intolerable situación que se vivió en la provincia de Cádiz, y particularmente en el Campo de Gibraltar, tras las vacaciones de navidad, exigimos de cara a una posible cuarta ola que la docencia vuelva a ser telemática si el municipio alcanza los 1000 casos por cien mil habitantes. Siempre hemos defendido la educación presencial como la mejor opción, pero esta debe darse con las máximas garantías para la seguridad y la salud de la comunidad educativa.

La maniobra de la Consejería para ocultar la supresión de llamamientos de SIPRI

Desde USTEA Cádiz denunciamos la maniobra de la Consejería de Educación para ocultar la supresión de los dos llamamientos de esta semana, correspondientes al martes 16 y jueves 18 de marzo, para cubrir bajas docentes.

El pasado jueves 11 de marzo la Consejería de Educación publicó y remitió a los medios una nota relativa a los posteriores llamamientos de SIPRI. En la misma anunciaba el adelanto del primer llamamiento del tercer trimestre a la última semana del segundo trimestre, en concreto al 24 de marzo, con el objetivo de que el personal seleccionado se incorporara la primera semana de abril, a la vuelta de las vacaciones. En dicha nota la Consejería presumía, además, de que “por primera vez, el sistema de provisión de vacantes y sustituciones no dejará de funcionar ninguna semana”. Numerosos medios se hicieron eco de dicha nota, que parecía anunciar una buena noticia.

Sin embargo, la realidad es bien diferente: hoy martes 16 de marzo, y tras insistir a la Consejería, publica una nota en la que aclara que no tendrán lugar las dos convocatorias de rigor de esta semana, correspondientes a los días 16 y 18, y que la próxima será el 24 de marzo. Así pues, no era cierta la aseveración de que el sistema de llamamientos para cubrir bajas “no dejaría de funcionar ninguna semana”, una afirmación de la que se hicieron eco algunos medios.

La Consejería de Educación ha mentido: a interinas e interinos y aspirantes a interinidad, a la comunidad educativa en general, y a los medios de comunicación. Así pues, lo que en un principio parecía una buena noticia y recogía una demanda de USTEA (que la primera convocatoria del trimestre tenga lugar antes de las vacaciones para que el profesorado se incorpore después sin mucha demora), ha resultado ser un trampantojo con el que la Consejería ha encubierto un nuevo recorte de llamamientos. Un recorte más de los varios, demasiados, que hemos sufrido ya este curso con pretextos diversos: desde la cercanía de un día festivo o un puente hasta un mal funcionamiento del sistema.

En definitiva, una maniobra que contiene tres notas características de esta Consejería: mentira, recortes (en el sector público, claro) y el autobombo injustificado.

Sobre las nuevas incorporaciones por el PROA+

Desde USTEA Cádiz consideramos una buena noticia la incorporación el próximo lunes 8 de marzo de 393 orientadores/as, y en concreto 71 en nuestra provincia, a través del programa PROA+. Si además no estuviesen solo hasta final de curso y pasaran a formar parte de las plantillas de funcionamiento de manera permanente, lo que contribuiría a paliar el déficit estructural que arrastramos en Orientación educativa, la hubiésemos calificado de estupenda noticia. Esto nos recuerda un poco, en fin, al acuerdo estafa de la Consejería de Educación con ciertos sindicatos sobre los refuerzos COVID. Necesidades estructurales deben cubrirse con puestos estructurales.

Desde USTEA Cádiz damos la bienvenida a estos compañeros/as y les hacemos llegar que seguiremos luchando por una mayor dotación de esta especialidad como elemento clave para la mejora del sistema educativo. Pues de manera somera destacan entre sus objetivos:

• Resolver problemas de la vida académica, como dificultades durante el proceso de aprendizaje, ausencia de motivación, etc.
• Ayudar en la toma de decisiones sobre itinerarios de estudio e incorporación al mundo laboral.
• Convivencia y educación en valores.

Todos ellos aspectos claves en una oferta de una Educación Pública de calidad.

Finalmente, desde USTEA Cádiz os hacemos saber a las nuevas incorporaciones que estaremos encantados de acompañaros en esta singladura en un programa que es la primera vez se bota y la experiencia nos dice que os generará multitud de dudas en su travesía.

USTEA Cádiz apoya la exigencia de una renovación de la instalación eléctrica del Colegio Río San Pedro

Imagen del video promocional del centro.

Desde USTEA Cádiz manifestamos nuestro apoyo a la comunidad educativa, y en concreto al AMPA, del colegio público Río San Pedro de Puerto Real en su demanda a la Junta de Andalucía de una adecuación de la instalación eléctrica del centro.

Este colegio lleva años arrastrando un grave problema relacionado con la deficiente instalación eléctrica, por lo que profesorado y alumnado sufren constantes cortes de luz e incluso conatos de incendio por sobrecalentamiento. Una instalación ya insuficiente desde la inauguración del centro hace 35 años, el único de Puerto Real cuyo entramado eléctrico interno nunca ha sido saneado, según ha denunciado el AMPA.

La situación, sin embargo, ha sido especialmente dura este invierno. Durante la ola de frío han tenido que dar clases incluso a 9 grados de temperatura y con mantas, ante la imposibilidad de encender los calefactores. Una situación todavía más insostenible teniendo en cuenta la obligatoriedad de abrir las ventanas para ventilar las aulas a causa de la pandemia.

El AMPA lleva años demandando una adecuación la instalación, y se está movilizando cansada de falsas promesas por parte de la Junta. La última: que las obras comenzarán en aproximadamente un mes, antes de finalizar la segunda evaluación.

Desde USTEA Cádiz nos unimos a las reivindicaciones del colegio Río San Pedro de Puerto Real y de los vecinos de este barrio para que cuanto antes empiecen las obras de renovación de la instalación eléctrica del centro. Tanto el alumnado como el profesorado y toda la comunidad educativa tienen derecho a ejercer su actividad en unas condiciones dignas.

Hacemos un llamamiento a la Delegación Provincial y a la Consejería de Educación para que las obras empiecen cuanto antes y no se siga demorando la solución a los graves problemas que sufre este centro educativo.

USTEA Cádiz frente a la propuesta de Ley de Autoridad del Profesorado

Imagen: santiagonostalgico (Creative Commos)

Desde hace varios años con el desarrollo normativo de la LOMCE el profesorado es reconocido como autoridad pública. Ahora el PP presenta un proyecto de Ley de Reconocimiento de la Autoridad del Profesorado similar a los que ya fueron rechazados con anterioridad en el Parlamento de Andalucía.

Nos parece, sin duda, una simple maniobra propagandística vacía de contenido. Desde el punto de vista penal, la condición de Autoridad y de ser Funcionario Público tienen unos tipos similares y prácticamente indistinguibles, por lo que tienen poca relevancia jurídica. Por otro lado, el anteproyecto de ley no deja de ser un compendio de otras normas ya existentes y de obligado cumplimiento. Los impulsores de la norma acaban de inventar la palanca.

De la misma manera, la propuesta normativa aplica un principio de “presunción de veracidad”, otorgando supuestamente a los testimonios del profesorado un valor probatorio, salvo que se demuestre lo contrario. ¿Es que funcionábamos de otra manera cuando evaluamos o sancionamos en el ejercicio de nuestras competencias? ¿Es que alguna afirmación ha dejado de seguir siendo correcta cuando se prueba lo contrario? La nueva ley nos proporciona lo que ya teníamos con anterioridad, sin ningún matiz mínimamente relevante. Los impulsores acaban de descubrir el fuego.

Desde USTEA Cádiz estamos a favor del empoderamiento de la figura del docente, pero esa autoridad no pasa por la propuesta normativa del PP, que supuestamente pretende mayor capacidad punitiva. Parece más bien que podrá amparar nuevas tareas burocráticas y consecuentes quebraderos de cabeza para el profesorado. La autoridad que nosotros defendemos y que queremos que sea reconocida pasa por establecer unas condiciones de trabajo dignas y adecuadas a la realidad de la práctica docente. Nuestra autoridad deriva de nuestra competencia y función social. Nuestra autoridad es la del conocimiento, no la de leyes que no aportan ninguna novedad sobre la que ya son nuestros derechos y obligaciones. Cuando se pretende dotarnos de una mayor capacidad punitiva (que ni siquiera es real), verdaderamente se socava nuestra verdadera autoridad académica y social, derivada de la trascendencia y repercusión de nuestro trabajo, no de imposiciones legislativas.

Por todo ello, no queremos esta ley que establece que somos una autoridad porque sí. No queremos buenas intenciones y palabras, sino que la administración ponga en marcha realmente mecanismos, procedimientos y recursos que se supone que tenemos pero de los que en realidad carecemos, como medidas reales, apoyo y cobertura contra el acoso y la violencia en las aulas. Es más, la misma administración que dice querer “reconocer nuestra labor” socava nuestro reconocimiento de forma contradictoria con propuestas como la del llamado PIN parental, que cuestiona nuestra labor docente e introduce gratuitamente la sospecha sobre el ejercicio de nuestras funciones y responsabilidades legítimas.

En vez de realizar paripés propagandísticos y vacíos de contenido, la Junta de Andalucía sí que podría realizar otro tipo de actuaciones más reales y beneficiosas:

  • Establecimiento y cumplimiento de protocolos de actuación no burocráticos ante las incidencias de convivencia en los centros que protejan eficazmente al profesorado del acoso y el mobbing.
  • El refuerzo de personal en los gabinetes jurídicos, así como en los de Salud laboral y Prevención de Riesgos Laborales de las Delegaciones de Educación. Ya hemos denunciado públicamente la flagrante carencia de medios materiales y humanos en estos ámbitos.
  • Apostar por el desarrollo de planes de convivencia compartidos y centros Comunidad de Aprendizajes en entornos de difícil desempeño, partiendo de la formación específica del profesorado.
  • Replantear la planificación y actuación en centros de difícil desempeño de cara a dotarlos de mayores recursos económicos, personales y flexibilidad organizativa y directiva. Al profesorado de estos centros se le debe valorar ese esfuerzo extra y especial dedicación con medidas como mayor puntuación, posibilidad de continuidad, etc., que permitan incentivar a consolidar plantillas y proyectos a largo plazo. El compromiso con una mejor convivencia debe trabajarse con prevención y recursos reales, no con intenciones supuestamente bondadosas.
  • Por supuesto, la eliminación del llamado PIN Parental, como medida fiscalizadora de determinados individuos y formaciones políticas sobre las propuestas pedagógicas del profesorado amparadas por las leyes de nuestro país.

Comisión Provincial de Escolarización: seguimos vigilantes por la educación pública

El pasado 23 de febrero se reunió de nuevo la Comisión Provincial de Garantías de Escolarización, una reunión en la que USTEA Cádiz volvió a estar presente para defender, como siempre, la educación pública.

Obviamente, los temas centrales fueron las modificaciones en el Decreto de Escolarización y la oferta de unidades en centros públicos para este proceso, que arranca en marzo. Vayamos por partes.

La Delegación de Educación comenzó recordando que se han introducido una serie de modificaciones en el Decreto de escolarización para adaptarlo a la LOMLOE. Las novedades más destacables son dos:

– Una nueva especificación sobre los servicios escolares, las actividades extraescolares y las complementarias, que recoge la imposibilidad de cobro por estas últimas.

– La consideración del concepto de demanda social como punto de partida para la elección de un tipo u otro de centro por parte de las familias.

Respecto a las novedades procedimentales, señalaron las siguientes:

– Se valorarán con 1 punto los partos múltiples en el baremo de escolarización.

– Solo se computarán hasta un máximo de 14 puntos por el total de hermanos/as.

– Se añade un nuevo supuesto a tener en cuenta tanto en la escolarización ordinaria como en la extraordinaria: la discapacidad sobrevenida.

– La reserva de plazas de NEE se mantiene hasta que termine el proceso de matriculación en junio.

– La resolución de los listados de alumnado admitido ya no la llevará a cabo la dirección, sino el Consejo Escolar. Sobre este órgano, por tanto, recaerán los recursos de alzada.

La administración recordó el calendario con los hitos más relevantes de este proceso:

– Marzo: preinscripción.

– 14 de abril: relación de solicitantes baremada. Habrá 10 días, a contar desde el posterior a la publicación del listado, para recurrir.

– 10 de mayo: sorteo de número para desempates.

– 11 de mayo: resolución con el alumnado admitido en el centro prioritario solicitado.

– 21 de mayo: resolución para alumnado no admitido en centro prioritario y adjudicación en subsidiario.

– 24 de mayo: se abre plazo de un mes para recursos de alzadas.

La matriculación en Infantil y Primaria será del 1 al 10 de junio, y para Secundaria tendrá lugar en la primera semana de julio.

Concluida la exposición, aprovechamos el turno de ruegos y preguntas -en el que, como es ya habitual, solo participamos CC.OO. y USTEA- para poner sobre la mesa el recorte de líneas en centros educativos públicos, conscientes de que todos los años la Delegación de Educación aprovecha para plantear lo que desde nuestro sindicato hemos bautizado como recortes a priori.

Así pues, preguntamos por el número de líneas para el próximo curso en comparación con este. Desde Planificación nos facilitan los datos y, como sorpresa positiva, encontramos que en nuestra provincia se contemplan 73 unidades más que el curso pasado, de modo que de las 6840 que se ofertaron entonces pasamos a 6913. Esto a pesar de que, nos dice la administración, hay 532 niños/as menos respecto al curso anterior para acceder a Infantil de 3 años.

Parece, en principio, que la administración no va a recurrir este curso al mecanismo de los recortes a priori. Ahora bien, esto contrasta con las informaciones sobre cierre de líneas en centros públicos de Jerez, Conil o Puerto Real, en el caso de este último municipio un recorte de dos líneas en el único colegio público que queda en la zona centro, el CEIP Reggio. Desde Planificación nos explican que ha habido un incremento de líneas en otros centros de esas mismas localidades, de modo que partirán del mismo número de aulas.

Planteamos también el caso de por el recorte en Arcos de la Frontera, donde no hay compensación con la apertura de unidades en otros centros, y se nos explica que hay un acuerdo con varias directivas de la localidad para salir todos los centros con una sola línea, un acuerdo que incluye la promesa de abrir una nueva en el centro o centros con mayor demanda. Lo mismo ocurre con tres centros muy cercanos en San Fernando.

En cualquier caso, desde USTEA Cádiz nos oponemos al cierre de líneas en cualquier centro público. Y, por supuesto, vamos a seguir vigilantes, por lo que volvemos a pedir a la comunidad educativa que si tiene noticia de recorte de líneas en su centro nos lo comunique a nuestro correo: educadadiz@ustea.net.

Desde CC.OO. y USTEA preguntamos sobre el cierre de un centro concertado de San Fernando. Recordamos que USTEA solo lucha por la educación pública, y tiene una postura clara respecto a los conciertos educativos: nos oponemos a ellos y pedimos su reversión. En este sentido, el cierre de un centro concertado nos parece una oportunidad para que su alumnado sea reubicado en centros públicos. La administración nos explica que habrá que ver lo que solicita ese alumnado entre los centros de la localidad para absorberlo. Respecto al alumnado de 1º de FPB de Informática, se le ofertará que puedan seguir en centros de Cádiz o El Puerto de Santa María donde se imparte este ciclo.

Pero además de lo relacionado con la escolarización, aprovechamos este marco de encuentro con la administración para plantear otras cuestiones que preocupan a la comunidad educativa, y en concreto al profesorado:

– Vacunación. Tenemos una conversación previa a la reunión sobre el tema. El Delegado de Educación comenta que esperan vacunar a todo el personal de los centros menor de 55 en un plazo de 15 días (recordamos que el personal mayor de 56 años debe esperar a la llegada de otra vacuna que no sea AstraZeneca). Hay que corregir y completar los listados por cada centro de todo el personal que trabaja en el mismo. Se recuerda que la vacuna es voluntaria.

– Puestos de “refuerzos COVID”. Preguntamos por la continuidad de estas plazas el curso que viene, y el Delegado nos dice que no puede ofrecernos una respuesta porque la Consejería de Educación todavía no se ha planteado este asunto. Desde USTEA Cádiz tenemos la sospecha, y así se lo transmitimos al delegado, de que la intención real de la administración es que no haya continuidad, puesto que esta consolidación debería reflejarse en la propuesta de partida de unidades para el curso. Desde USTEA seguimos defendiendo que si esas plazas han servido para cumplir con la legalidad sobre las ratios, y solo hasta 2º ESO, deberían ser plazas estructurales y no coyunturales, y que su supresión supondría dar pasos hacia atrás en una comunidad autónoma con un problema generalizado de ratios ilegales. Hay que decir que, sin embargo, el representante de los/as directores/as de los centros manifiesta su preferencia por la opción de que no formen parte de la plantilla orgánica, sino de la plantilla de funcionamiento (que se adapta cada curso, es más flexible, y resulta menos complicada de organizar y manejar). En lo que coincidimos ambos es que debería saberse si va a haber continuidad para esas plazas de refuerzo antes de la llegada del verano. Desde Planificación insisten en que no saben nada, aunque añaden que la propuesta de que esas plazas formen parte de la plantilla orgánica la ven positiva pero inviable.

Libertad de expresión, represión y democracia

Por Rubén Gómez Garralón

Asistimos perplejos esta semana a la detención del rapero Pablo Hasél por incurrir en un delito de ofensas a la corona y a una agresión por parte de dos policías de paisano a un padre y su hija en Linares, con sus respectivas algaradas y protestas callejeras que se han saldado con heridos de gravedad y detenidos. Por otro lado, asistimos a la salida de Rodrigo Rato de prisión, una manifestación neonazi culpando “al judío” de la Segunda Guerra Mundial, y en un ámbito más general, a un rey hemérito con causas judiciales abiertas en varios países por corrupción y huido de la justicia. En Andalucía vuelven a tratar de instaurar la censura en las aulas con el “PIN parental”, perjudicando el derecho a la educación y a la libertad de nuestro alumnado a formar sus propios conceptos, ideas y valores a partir del conocimiento de las diversas realidades sociales, filosóficas y científicas.

Este país está inmerso en una batalla dialéctica sobre las ideas que pueden expresarse y la manera de cómo hacerlo, mientras que las realidades más materiales y graves que más afectan a la mayoría de las personas pasan desapercibidas.

No hace falta ser un marxista peligroso para criticar con dureza diferentes sucesos relacionados con las actuaciones del Estado durante la última semana. Nozick, uno de los teóricos del neoliberalismo más radical y referencia ideológica de partidos poco castristas o bolivarianos como el PP o Ciudadanos, señala que no hay sociedad libre cuando se da la coacción ilegítima, entendida de manera primaria como agresión física. La ausencia de agresión física es relacionada por Nozick con la noción de “voluntariedad”, como eje de vertebración social, y señala que debe ser construida en analogía con la primera y se diga, consecuentemente, que son voluntarios todos los actos que no son realizados bajo el apremio de la violencia física o de su amenaza directa.

Por esto mismo, podemos señalar, parafraseando a otro referente de la derecha política como Popper, que no puede haber una sociedad plena y que progrese sin libertad de expresión y participación, debate racional de ideas, progreso y mejora basados en la razón. Estas son algunas de las características de lo que Popper definió como sociedad abierta.

Desde la izquierda, desde las clases trabajadoras que realmente creamos la riqueza y somos motor del país, pero quienes ponemos la mayor parte del sufrimiento en las crisis económicas o en la actual pandemia, sabemos que nuestra condición para evitar los abusos del poder y abrirnos paso por la vida pasa por poder expresarnos y opinar, en primer lugar, como condición para situarnos en el mundo, conocer nuestra realidad y transformarla. Sin esta condición, no se puede ejercer el control sobre los poderes políticos y económicos, que es característica fundamental de toda democracia verdadera.

La libertad de expresión no puede servir en ningún caso para perjudicar derechos de terceros, pero no podemos confundir los derechos con los privilegios. No es lo mismo hacer chiste de quien está en situación de exclusión y vulnerabilidad que hacerlo sobre quien ejerce un poder fuerte. En el primer caso, puede servir para consolidar socialmente una situación de injusticia y estigmatización, mientras que cuando se hace al poderoso puede servir como forma de defensa y de límite frente a los abusos que pueda cometer. La autocontención en lo que decimos es deseable en las formas y condición necesaria para ejercer los derechos colectivos, pero la libertad de expresión también tiene que contemplar la libertad en las formas que puedan no agradar o incluso molestar de forma premeditada, y por ello la libertad artística tiene que tener margen para elegir formas menos convencionales. En resumen, si no se percibe amenaza en que un general pueda ir diciendo a sus amigos que hay que fusilar a “26 millones de hijos de puta” en un país cuyo ejército en más de dos siglos las únicas guerras que gana es a su propio pueblo con frecuentes golpes de Estado, menos aún debería preocuparnos que raperos hablen de llevar “a los Borbones a los tiburones”, sabiendo que es una institución salpicada de casos de corrupción a los que la justicia española no tiene capacidad de juzgar por las propias leyes.

¿Qué nos queda cuando el sistema no da soluciones, ni protege derechos eficazmente, ni tiene herramientas para cambiar y mejorar? Que hay que elevar la voz, y que esta pueda ser ejercida con mayor o menor grado de molestia mientras no perjudique los derechos básicos de nadie.

¿Qué pasa cuando aquellos a quienes pagamos para que nos protejan abusan de su poder y se protegen entre ellos mismos y las leyes blindan y protegen sus abusos? Recordemos que una manera de prevenir abusos de poder de quien está legitimado por la ley para ejercer violencia tiene que ver con poder testificar y demostrar los abusos. Y, sin embargo, poder grabar y difundir la acción policial es en sí mismo un delito. ¿Qué nos queda entonces hacer cuando ni el Estado ni las leyes nos protegen de abusos físicos y políticos? Si la ley no sirve, ante el miedo y el retroceso social nos podemos encontrar situaciones indeseables como las que hemos vivido, porque si el sistema no funciona, la gente busca otras alternativas que se cobran su precio.

¿Qué pasa cuando a quienes votamos para aprobar leyes no hacen nada mayoritariamente por avanzar en la protección de nuestros derechos y mantienen o impulsan leyes que nos impiden elevar la voz, señalar, denunciar y reivindicar? ¿Cómo podemos controlar y demarcar a nuestra jefatura del Estado, que ni siquiera podemos elegir porque es patrimonio de una familia salpicada de casos de corrupción y abuso de poder? ¿Cómo podemos protegernos y seguir confiando en la ley cuando es la propia ley la que nos impide liberarnos de los abusos? ¿Qué caminos nos quedan?

Santo Tomás de Aquino señalaba que aquellos Estados que no respetaban los derechos naturales de las personas no eran justos, y por lo tanto no había obligación de cumplir con sus normas. El derecho a la protesta y la desobediencia (contemplado incluso en nuestro ordenamiento) tienen que permitirnos avanzar como sociedad y servir de contrapoder frente a los abusos y la incapacidad del sistema. Sin crear, efectivamente, males mayores.

Por lo tanto, debemos exigir que se derogue la Ley Mordaza y que se eliminen los delitos de ofensas a la corona y los de ofensas a los sentimientos religiosos y perseguir con más dureza los delitos que atentan contra la vulnerabilidad y persecución de determinados colectivos, como por ejemplo las víctimas del terrorismo o la violencia machista.

Debemos renovar los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para que sean verdaderamente democráticos, debiendo depurar a aquellas personas que no respeten la neutralidad y lealtad al pueblo, a los derechos y la legalidad de manera tajante y sin medias tintas. El uso de la violencia debe ser proporcional y medido, debiendo ejercerse cuando sea estrictamente necesario. Una persona ya esposada o que se marcha de donde no debe estar no puede seguir siendo atacada, golpeada e insultada como demasiadas pruebas y testimonios evidencian. Si su labor es difícil, que se dediquen a otra cosa y que dejen paso a quienes controlan más y hacen su trabajo como debe hacerse. Estos cuerpos tienen que estar bien formados y conocer y saber actuar en las problemáticas actuales, como por ejemplo con el estigma de la violencia machista, pudiendo atender esta realidad y otras de manera más adecuada.

Debemos dejar de criminalizar las ideas que no nos gustan y perseguir realmente las que menoscaban derechos. Pienso que deberíamos abandonar la noción de corrección política y sustituirla por lo que yo llamo ser políticamente consecuente. Si somos demócratas, no somos machistas ni buscamos perjudicar a nadie, así deberíamos expresarnos y comportarnos. No vale decirse igualitario y soltar chistes machistas en un clima en el que están matando mujeres todas las semanas, porque eso alienta el machismo. Ser políticamente consecuente es que si estamos contra la corrupción o el maltrato, poder señalar y denunciar la corrupción, de manera más artística o más objetiva. Ser políticamente consecuente debe ser también hacer y comportarse como tal.

Debemos conseguir que la protesta y la libertad de expresión sean plenos, responsables, consecuentes y estén protegidos. Debemos conseguir que todo el mundo pueda ejercerla, sin silenciar a nadie y que tenga los límites necesarios para salvaguardar derechos, abandonando esa noción de lo que me gustaría o no me gustaría oír con madurez y generosidad. Pero en aras de ser políticamente consecuentes, no tolerando la mentira, la manipulación, los ataques personales o la censura.

Por último, debemos abandonar esa tendencia creciente de pensar que las ideas propias pueden ser impuestas por cualquier medio y caiga quien caiga simple y llanamente porque alguien cree en ellas. Esta es la forma en que el partido VOX se comporta, aunque esta manera de actuar políticamente, expresarse y relacionarse no es exclusiva de la ultraderecha y lo encontramos en ámbitos muy diferentes, como en el problema de Cataluña o ciertos debates en el feminismo. Existe una tendencia a creerse con el derecho de imponer ideas y a sentirse legitimado para imponerlas por el mero hecho de que uno así las tenga o así lo sienta. Y esta práctica debe ser extirpada de raíz. La legitimidad viene del convencimiento mediante argumentos libres y razonados, en que todo el mundo tiene la oportunidad de explicar, escuchar, contradecir, preguntar y reflexionar sin presiones, censuras ni manipulaciones. Y así quizás también podremos identificar y centrarnos en los verdaderos problemas que nos afectan en nuestro día a día, más graves e importantes que las polémicas que agitan los medios de comunicación masivos.

Sin estos elementos básicos sociales, políticos y personales, seguiremos viviendo sin libertad ni democracia plena. Porque la democracia y el bienestar del pueblo es algo más que una bandera, una corona, una idea política o una canción de rap.

La verdad nos hará libres. Atrevámonos a saber.

USTEA Cádiz muestra su apoyo a los familiares de la población reclusa que se manifiestan frente a Puerto III

El lunes 8 de febrero tuvo lugar una concentración en el exterior de la prisión Puerto III organizada por familiares de la población reclusa que protestaba por la situación sanitaria en las prisiones. “Los presos están privados de libertad, pero no de sanidad”, fue el lema de la protesta.

Desde USTEA Cádiz, que estuvo presente en el acto, queremos manifestar nuestra solidaridad con estas familias y con los docentes que trabajan en los Centros de Adultos que funcionan en cada centro penitenciario, y exigimos pruebas PCR y cribados entre la población reclusa y el alumnado de estos centros, igual que las exigimos para el resto de los centros educativos.

https://www.diariodecadiz.es/noticias-provincia-cadiz/presos-privados-libertad-no-sanidad_0_1545446141.html

12 de febrero: Día Mundial contra el uso de niñ@s soldado

El 12 de febrero es una fecha en la que se debe subrayar la estrecha relación entre el comercio y venta de armas con el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en diversos países.

El reclutamiento de personas menores de dieciocho años está explícitamente prohibido por el derecho internacional. No obstante, sigue produciéndose y afecta, según datos de UNICEF a más de 300.000 niños, niñas y adolescentes del mundo.

La pobreza, los desplazamientos forzados, la inexistencia de suficientes escuelas o la falta de posibilidades de formación o expectativas de los y las jóvenes, favorecen el reclutamiento “voluntario”. Por el contrario, el reclutamiento es definitivamente involuntario tras la separación traumática de niños y niñas de sus familias, cuando se producen secuestros u otras situaciones violentas similares. La ONU indica que 1.683 niñas y niños fueron secuestrados en 2019, para ser utilizados como soldados, esclavos y esclavas sexuales en Somalia, República Democrática del Congo y Nigeria.

La violencia sexual en contra de las niñas, por parte de los propios grupos que las reclutan, o utilizada esta violencia contra ellas como arma de guerra, las posiciona en una situación de especial vulnerabilidad. Las jóvenes quedan expuestas al contagio de enfermedades de transmisión sexual y sus secuelas, además de sufrir lesiones, embarazos no deseados, y exponerlas al riesgo de perder la vida, antes, durante y después del alumbramiento sin atención médica ni cuidados sanitarios adecuados a su inmadurez física para ser madres.

En la Guerra civil española, los adolescentes también eran reclutados y reclutadas. Tenemos aún viva una generación de supervivientes que fueron víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos y trasmitieron a sus hijos e hijas sus duelos, su incertidumbre y el temor al abandono. Por este motivo podemos y debemos desarrollar la suficiente empatía para acercarnos a los daños físicos y emocionales de los niños, niñas y jóvenes de los actuales conflictos armados.

Debemos adoptar un papel activo como sociedad civil y pedir responsabilidades, tanto a nuestro gobierno como a las empresas de armamento y al resto de gobiernos, o a quienes son directamente responsables del reclutamiento de niños, niñas y jóvenes. Además, exijamos al amparo de la normativa internacional, más políticas de protección materializadas en recursos destinados a la reparación y al tratamiento médico, a la educación y formación profesional para la reinserción de estos niños, niñas y jóvenes, principales víctimas de violencia en las situaciones de conflictos bélicos.