Libertad de expresión, represión y democracia

Por Rubén Gómez Garralón

Asistimos perplejos esta semana a la detención del rapero Pablo Hasél por incurrir en un delito de ofensas a la corona y a una agresión por parte de dos policías de paisano a un padre y su hija en Linares, con sus respectivas algaradas y protestas callejeras que se han saldado con heridos de gravedad y detenidos. Por otro lado, asistimos a la salida de Rodrigo Rato de prisión, una manifestación neonazi culpando «al judío» de la Segunda Guerra Mundial, y en un ámbito más general, a un rey hemérito con causas judiciales abiertas en varios países por corrupción y huido de la justicia. En Andalucía vuelven a tratar de instaurar la censura en las aulas con el «PIN parental», perjudicando el derecho a la educación y a la libertad de nuestro alumnado a formar sus propios conceptos, ideas y valores a partir del conocimiento de las diversas realidades sociales, filosóficas y científicas.

Este país está inmerso en una batalla dialéctica sobre las ideas que pueden expresarse y la manera de cómo hacerlo, mientras que las realidades más materiales y graves que más afectan a la mayoría de las personas pasan desapercibidas.

No hace falta ser un marxista peligroso para criticar con dureza diferentes sucesos relacionados con las actuaciones del Estado durante la última semana. Nozick, uno de los teóricos del neoliberalismo más radical y referencia ideológica de partidos poco castristas o bolivarianos como el PP o Ciudadanos, señala que no hay sociedad libre cuando se da la coacción ilegítima, entendida de manera primaria como agresión física. La ausencia de agresión física es relacionada por Nozick con la noción de «voluntariedad», como eje de vertebración social, y señala que debe ser construida en analogía con la primera y se diga, consecuentemente, que son voluntarios todos los actos que no son realizados bajo el apremio de la violencia física o de su amenaza directa.

Por esto mismo, podemos señalar, parafraseando a otro referente de la derecha política como Popper, que no puede haber una sociedad plena y que progrese sin libertad de expresión y participación, debate racional de ideas, progreso y mejora basados en la razón. Estas son algunas de las características de lo que Popper definió como sociedad abierta.

Desde la izquierda, desde las clases trabajadoras que realmente creamos la riqueza y somos motor del país, pero quienes ponemos la mayor parte del sufrimiento en las crisis económicas o en la actual pandemia, sabemos que nuestra condición para evitar los abusos del poder y abrirnos paso por la vida pasa por poder expresarnos y opinar, en primer lugar, como condición para situarnos en el mundo, conocer nuestra realidad y transformarla. Sin esta condición, no se puede ejercer el control sobre los poderes políticos y económicos, que es característica fundamental de toda democracia verdadera.

La libertad de expresión no puede servir en ningún caso para perjudicar derechos de terceros, pero no podemos confundir los derechos con los privilegios. No es lo mismo hacer chiste de quien está en situación de exclusión y vulnerabilidad que hacerlo sobre quien ejerce un poder fuerte. En el primer caso, puede servir para consolidar socialmente una situación de injusticia y estigmatización, mientras que cuando se hace al poderoso puede servir como forma de defensa y de límite frente a los abusos que pueda cometer. La autocontención en lo que decimos es deseable en las formas y condición necesaria para ejercer los derechos colectivos, pero la libertad de expresión también tiene que contemplar la libertad en las formas que puedan no agradar o incluso molestar de forma premeditada, y por ello la libertad artística tiene que tener margen para elegir formas menos convencionales. En resumen, si no se percibe amenaza en que un general pueda ir diciendo a sus amigos que hay que fusilar a «26 millones de hijos de puta» en un país cuyo ejército en más de dos siglos las únicas guerras que gana es a su propio pueblo con frecuentes golpes de Estado, menos aún debería preocuparnos que raperos hablen de llevar «a los Borbones a los tiburones», sabiendo que es una institución salpicada de casos de corrupción a los que la justicia española no tiene capacidad de juzgar por las propias leyes.

¿Qué nos queda cuando el sistema no da soluciones, ni protege derechos eficazmente, ni tiene herramientas para cambiar y mejorar? Que hay que elevar la voz, y que esta pueda ser ejercida con mayor o menor grado de molestia mientras no perjudique los derechos básicos de nadie.

¿Qué pasa cuando aquellos a quienes pagamos para que nos protejan abusan de su poder y se protegen entre ellos mismos y las leyes blindan y protegen sus abusos? Recordemos que una manera de prevenir abusos de poder de quien está legitimado por la ley para ejercer violencia tiene que ver con poder testificar y demostrar los abusos. Y, sin embargo, poder grabar y difundir la acción policial es en sí mismo un delito. ¿Qué nos queda entonces hacer cuando ni el Estado ni las leyes nos protegen de abusos físicos y políticos? Si la ley no sirve, ante el miedo y el retroceso social nos podemos encontrar situaciones indeseables como las que hemos vivido, porque si el sistema no funciona, la gente busca otras alternativas que se cobran su precio.

¿Qué pasa cuando a quienes votamos para aprobar leyes no hacen nada mayoritariamente por avanzar en la protección de nuestros derechos y mantienen o impulsan leyes que nos impiden elevar la voz, señalar, denunciar y reivindicar? ¿Cómo podemos controlar y demarcar a nuestra jefatura del Estado, que ni siquiera podemos elegir porque es patrimonio de una familia salpicada de casos de corrupción y abuso de poder? ¿Cómo podemos protegernos y seguir confiando en la ley cuando es la propia ley la que nos impide liberarnos de los abusos? ¿Qué caminos nos quedan?

Santo Tomás de Aquino señalaba que aquellos Estados que no respetaban los derechos naturales de las personas no eran justos, y por lo tanto no había obligación de cumplir con sus normas. El derecho a la protesta y la desobediencia (contemplado incluso en nuestro ordenamiento) tienen que permitirnos avanzar como sociedad y servir de contrapoder frente a los abusos y la incapacidad del sistema. Sin crear, efectivamente, males mayores.

Por lo tanto, debemos exigir que se derogue la Ley Mordaza y que se eliminen los delitos de ofensas a la corona y los de ofensas a los sentimientos religiosos y perseguir con más dureza los delitos que atentan contra la vulnerabilidad y persecución de determinados colectivos, como por ejemplo las víctimas del terrorismo o la violencia machista.

Debemos renovar los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para que sean verdaderamente democráticos, debiendo depurar a aquellas personas que no respeten la neutralidad y lealtad al pueblo, a los derechos y la legalidad de manera tajante y sin medias tintas. El uso de la violencia debe ser proporcional y medido, debiendo ejercerse cuando sea estrictamente necesario. Una persona ya esposada o que se marcha de donde no debe estar no puede seguir siendo atacada, golpeada e insultada como demasiadas pruebas y testimonios evidencian. Si su labor es difícil, que se dediquen a otra cosa y que dejen paso a quienes controlan más y hacen su trabajo como debe hacerse. Estos cuerpos tienen que estar bien formados y conocer y saber actuar en las problemáticas actuales, como por ejemplo con el estigma de la violencia machista, pudiendo atender esta realidad y otras de manera más adecuada.

Debemos dejar de criminalizar las ideas que no nos gustan y perseguir realmente las que menoscaban derechos. Pienso que deberíamos abandonar la noción de corrección política y sustituirla por lo que yo llamo ser políticamente consecuente. Si somos demócratas, no somos machistas ni buscamos perjudicar a nadie, así deberíamos expresarnos y comportarnos. No vale decirse igualitario y soltar chistes machistas en un clima en el que están matando mujeres todas las semanas, porque eso alienta el machismo. Ser políticamente consecuente es que si estamos contra la corrupción o el maltrato, poder señalar y denunciar la corrupción, de manera más artística o más objetiva. Ser políticamente consecuente debe ser también hacer y comportarse como tal.

Debemos conseguir que la protesta y la libertad de expresión sean plenos, responsables, consecuentes y estén protegidos. Debemos conseguir que todo el mundo pueda ejercerla, sin silenciar a nadie y que tenga los límites necesarios para salvaguardar derechos, abandonando esa noción de lo que me gustaría o no me gustaría oír con madurez y generosidad. Pero en aras de ser políticamente consecuentes, no tolerando la mentira, la manipulación, los ataques personales o la censura.

Por último, debemos abandonar esa tendencia creciente de pensar que las ideas propias pueden ser impuestas por cualquier medio y caiga quien caiga simple y llanamente porque alguien cree en ellas. Esta es la forma en que el partido VOX se comporta, aunque esta manera de actuar políticamente, expresarse y relacionarse no es exclusiva de la ultraderecha y lo encontramos en ámbitos muy diferentes, como en el problema de Cataluña o ciertos debates en el feminismo. Existe una tendencia a creerse con el derecho de imponer ideas y a sentirse legitimado para imponerlas por el mero hecho de que uno así las tenga o así lo sienta. Y esta práctica debe ser extirpada de raíz. La legitimidad viene del convencimiento mediante argumentos libres y razonados, en que todo el mundo tiene la oportunidad de explicar, escuchar, contradecir, preguntar y reflexionar sin presiones, censuras ni manipulaciones. Y así quizás también podremos identificar y centrarnos en los verdaderos problemas que nos afectan en nuestro día a día, más graves e importantes que las polémicas que agitan los medios de comunicación masivos.

Sin estos elementos básicos sociales, políticos y personales, seguiremos viviendo sin libertad ni democracia plena. Porque la democracia y el bienestar del pueblo es algo más que una bandera, una corona, una idea política o una canción de rap.

La verdad nos hará libres. Atrevámonos a saber.

USTEA Cádiz muestra su apoyo a los familiares de la población reclusa que se manifiestan frente a Puerto III

El lunes 8 de febrero tuvo lugar una concentración en el exterior de la prisión Puerto III organizada por familiares de la población reclusa que protestaba por la situación sanitaria en las prisiones. «Los presos están privados de libertad, pero no de sanidad», fue el lema de la protesta.

Desde USTEA Cádiz, que estuvo presente en el acto, queremos manifestar nuestra solidaridad con estas familias y con los docentes que trabajan en los Centros de Adultos que funcionan en cada centro penitenciario, y exigimos pruebas PCR y cribados entre la población reclusa y el alumnado de estos centros, igual que las exigimos para el resto de los centros educativos.

https://www.diariodecadiz.es/noticias-provincia-cadiz/presos-privados-libertad-no-sanidad_0_1545446141.html

12 de febrero: Día Mundial contra el uso de niñ@s soldado

El 12 de febrero es una fecha en la que se debe subrayar la estrecha relación entre el comercio y venta de armas con el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en diversos países.

El reclutamiento de personas menores de dieciocho años está explícitamente prohibido por el derecho internacional. No obstante, sigue produciéndose y afecta, según datos de UNICEF a más de 300.000 niños, niñas y adolescentes del mundo.

La pobreza, los desplazamientos forzados, la inexistencia de suficientes escuelas o la falta de posibilidades de formación o expectativas de los y las jóvenes, favorecen el reclutamiento «voluntario». Por el contrario, el reclutamiento es definitivamente involuntario tras la separación traumática de niños y niñas de sus familias, cuando se producen secuestros u otras situaciones violentas similares. La ONU indica que 1.683 niñas y niños fueron secuestrados en 2019, para ser utilizados como soldados, esclavos y esclavas sexuales en Somalia, República Democrática del Congo y Nigeria.

La violencia sexual en contra de las niñas, por parte de los propios grupos que las reclutan, o utilizada esta violencia contra ellas como arma de guerra, las posiciona en una situación de especial vulnerabilidad. Las jóvenes quedan expuestas al contagio de enfermedades de transmisión sexual y sus secuelas, además de sufrir lesiones, embarazos no deseados, y exponerlas al riesgo de perder la vida, antes, durante y después del alumbramiento sin atención médica ni cuidados sanitarios adecuados a su inmadurez física para ser madres.

En la Guerra civil española, los adolescentes también eran reclutados y reclutadas. Tenemos aún viva una generación de supervivientes que fueron víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos y trasmitieron a sus hijos e hijas sus duelos, su incertidumbre y el temor al abandono. Por este motivo podemos y debemos desarrollar la suficiente empatía para acercarnos a los daños físicos y emocionales de los niños, niñas y jóvenes de los actuales conflictos armados.

Debemos adoptar un papel activo como sociedad civil y pedir responsabilidades, tanto a nuestro gobierno como a las empresas de armamento y al resto de gobiernos, o a quienes son directamente responsables del reclutamiento de niños, niñas y jóvenes. Además, exijamos al amparo de la normativa internacional, más políticas de protección materializadas en recursos destinados a la reparación y al tratamiento médico, a la educación y formación profesional para la reinserción de estos niños, niñas y jóvenes, principales víctimas de violencia en las situaciones de conflictos bélicos.

USTEA Cádiz apoya la demanda de los municipios de Cádiz de suspensión de la educación presencial

Esta semana la hemos comenzado levantando la voz desde USTEA Cádiz para pedir el cierre temporal de los centros educativos. Entendemos que la no presencialidad es la mejor forma de contribuir a cortar el imparable ascenso de contagios Covid, que está saturando nuestras instalaciones sanitarias en la provincia. Esta petición daba continuidad y ampliaba lo ya solicitado desde la propia Junta de Personal Docente no Universitario de Cádiz y que alguna localidad con gran prevalencia de casos Covid 19, como La Línea de la Concepción, habían solicitado. Desde la Consejería no solo no se atienden estas demandas, sino que se lanzaron veladas amenazas a las familias para obligarlas a llevar a sus hijos e hijas a los centros escolares a pesar del miedo lógico en esta situación de pandemia desbocada.

Pero esa petición de cierre temporal inmediato (dos o tres semanas) se ha hecho un clamor. En esta semana los alcaldes y alcaldesas de muchos municipios de la provincia, tras consultar con los Consejos Escolares Municipales, donde están representados los diferentes sectores de la comunidad educativa, se suman a esta corriente de pedir el cierre de aulas. Si sumamos los habitantes de estas localidades:

– Cádiz

– La línea

– Benalup-Casas Viejas

– Rota

– San Fernando

– Puerto Real

– Castellar

– Jimena

– Trebujena

– y muy posiblemente Sanlúcar.

Son más 400.000 habitantes, representados por sus gobiernos municipales, quienes están pidiendo esta medida. Con este clamor popular, con los datos de esta semana récord de contagios y muertes en Andalucía, con los dos países con los que Andalucía es limítrofe (Reino Unido-Gibraltar y Portugal) decretando el cierre de sus aulas, con los centros mejor preparados para el trabajo telemático que en marzo del año pasado, con el Consejero Andaluz de Salud llamando al autoconfinamiento, no entendemos a qué está esperando La Junta de Andalucía para cerrar las aulas y pasar a la modalidad no presencial.

No podemos concluir sin recordar que esta semana la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de Sevilla se ha pronunciado para avalar el cierre de colegios, lo que estaría justificado por la prevalencia de la salud sobre la educación sobre todo en unos momentos de «grave riesgo de salud pública para la ciudadanía».

Terminamos como no puede ser de otra manera, con el grito de CIERREN LAS AULAS YA. Un cierre a tiempo puede salvar muchas vidas, escuchen al pueblo.

Propuestas didácticas para el Día Escolar de la No Violencia y la Paz. 30 de enero de 2021

En 2021 tendrán lugar dos interesantes efemérides relacionadas con el Día Escolar de la Noviolencia y la Paz, el DENYP.

La Internacional de Resistentes a la Guerra celebrará su 100 aniversario. Y el movimiento contra el Servicio Militar obligatorio en España cumplirá 50 años. La mayoría de los jóvenes, que hoy día no están obligados a realizar durante un año de su vida un servicio de armas, desconocen la historia de cómo se consiguió acabar con esta imposición del Estado.

Os proponemos una serie de enlaces para trabajar tanto en el DENYP, que este año tiene lugar el sábado 30 de enero, como en cualquier otro momento del curso, dentro del proyecto Escuela Espacio de Paz.

Para Infantil y Primaria proponemos una serie de cuentos recopilados en la página Educarueca:

http://educarueca.org/spip.php?rubrique19

Para Secundaria, Bachillerato y FP proponemos responder a una serie de preguntas a través de varios enlaces:

– ¿Cuándo se creó la IRG y con qué objetivos?

– ¿En qué países de nuestro entorno sigue existiendo un Servicio Militar obligatorio?

– ¿En qué año dejó de existir en España el reclutamiento forzoso? ¿En qué consistía la llamada mili?

– ¿Quiénes son los objetores de conciencia? ¿Y los insumisos?

– ¿Participaron los reclutas españoles que hacían el Servicio Militar en algunas guerras?

Dos figuras clave en el movimiento de Objeción de Conciencia y la Insumisión en España fueron Gonzalo Arias y Pepe Beúnza. Proponemos realizar murales, presentaciones, etc., sobre estas dos figuras que tuvieron mucho que ver con que los jóvenes actualmente no tengan que realizar de forma obligatoria un Servicio Militar que llegó a durar dos años durante el franquismo y que marcó la vida de muchos jóvenes y sus familias, sobre todo en épocas de conflictos bélicos, como las Guerras españolas en África.

Para terminar:

– ¿Qué ocurre actualmente con los objetores y objetoras de conciencia en Israel?

– ¿Qué papel desempeñan actualmente la mujeres en el trabajo contra las guerras y los conflictos?

IRG:
https://wri-irg.org/es/programmes

SERVICIO MILITAR:
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_militar_(Espa%C3%B1a)

OBJETORES E INSUMISOS:
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_insumiso_en_Espa%C3%B1a

GUERRA DE SIDI IFNI:
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20180126/ifni-exposicion-museu-cultures-mon-6580965

GONZALO ARIAS:
https://vimeo.com/34669327
https://es.wikipedia.org/wiki/Gonzalo_Arias

PEPE BEUNZA:
https://pepebeunza.wordpress.com/

OBJECIÓN DE CONCIENCIA EN ISRAEL:
https://wri-irg.org/es/story/2003/objecion-de-conciencia-al-servicio-militar-en-israel-un-derecho-humano-sin-reconocer?language=es

MUJERES PARA LA PAZ:
https://organizaciondemujeres.org/sin-feminismo-ni-habra-paz-ni-justicia/
https://www.ustea.org/wp-content/uploads/2020/05/propuesta-didctica-24-mayo-dia-mujeres-paz-y-desarme-2020.pdf
https://ustea.org/propuesta-didactica-del-espacio-feminista-de-ustea-para-el-24-de-mayo-dia-internacional-de-las-mujeres-por-la-paz-y-el-desarme/

MATERIALES DE USTEA PARA EL DENYP 2020:
https://ustea.org/nada-para-la-guerra-el-dia-escolar-de-la-paz-puede-ser-cualquier-dia/MATERIALES DE USTEA PARA EL DENYP 2020
https://ustea.org/nada-para-la-guerra-el-dia-escolar-de-la-paz-puede-ser-cualquier-dia/

Recortes en la educación pública: empecemos la campaña antes de sus ataques

Acabamos de empezar el segundo trimestre y a alguien podría parecerle pronto para que desde USTEA Cádiz empecemos a levantar la voz contra el cierre de líneas en la educación pública, como si estuviéramos en pleno periodo de escolarización, que comenzará en mes y medio. Pero no es pronto.

Muchos nos tememos que un curso más la Consejería de Educación haga uso de un perverso mecanismo que desde el sindicato hemos bautizado como recortes a priori. En la última semana de febrero, antes del inicio del periodo de escolarización, los centros educativos tienen que hacer públicas en sus tablones las plazas que les asigna la Delegación de Educación. La administración aprovecha ese momento para hacer un ofrecimiento a la baja: asignan una oferta de plazas en los centros públicos siempre menor a la del curso pasado y se excusan diciendo que si hay más solicitudes se plantearán una ampliación de la oferta. El pretexto es la baja natalidad, un problema que, basándose en el proceder de nuestra Consejería, alguien podría pensar que solo afecta a la educación pública.

Este mecanismo de recortes a priori tiene un importante efecto disuasorio: como bien es sabido, cuando las familias son conscientes de que en un centro se llega al máximo de solicitudes de acceso directo, teniendo en cuenta las plazas concedidas, dejan de entregar solicitudes para dicho centro y optan por otros, movidas por la inquietud de que su hija o hijo quede fuera por falta de plazas y sea desplazado/a a un colegio o instituto muy alejado o sin los servicios que necesitas.

Porque la realidad es que llegada la hora de la verdad, cuando se superan el número de solicitudes, la Delegación de Educación es siempre muy reacia a plantearse una ampliación de la oferta, a no ser que la demanda sea muy llamativa. Valga como ejemplo lo que sucedió en Jerez el curso pasado: la oferta de marzo contenía un recorte de cinco líneas en Infantil (3 años), y solo una intensa lucha de la comunidad educativa posibilitó que, finalmente, ya en junio, se recuperaran dos de esas cinco líneas para el periodo de matriculación.

En definitiva, la Consejería de Educación ni siquiera nos permite luchar por nuestra escuela pública en igualdad de condiciones y no en una carrera amañada donde tenemos las patas trabadas con dichos recortes a priori y con situaciones de partida diferentes. En USTEA Cádiz tenemos claro que seguiremos haciendo visibles estos ataques premeditados contra la escuela pública de cara a favorecer los intereses empresariales que se esconden tras las escuelas privadas concertadas.

Reunión de la Comisión Provincial de Escolarización: seguimos en la lucha por la educación pública

El pasado 2 de diciembre se reunió la Comisión Provincial de Garantías de Escolarización, encuentro en el que estuvo presente USTEA Cádiz. Como se abordaron temas de interés, presentamos un informe en que se recoge la posición que planteó el sindicato en cada uno de ellos.

Adscripción a los centros privados concertados. El próximo curso entrará en funcionamiento el célebre decreto de escolarización que llevó a todas las organizaciones sindicales a la huelga el pasado 4 de marzo.

Hasta ahora el alumnado de 4º ESO tenía que participar obligatoriamente en el proceso de escolarización para solicitar cualquier plaza para Bachillerato en un centro público o privado cuando su centro no tenía Bachillerato. Ahora la nueva normativa recoge que las personales titulares de un centro privado concertado pueden llegar a acuerdos para adscribir su alumnado de 4º ESO a otro centro, en el que tendrían asegurada su plaza sin participar en el proceso de escolarización, incluso en el caso de que un alumno o alumna solicitara un centro diferente y no se le adjudicara.

La condición que se planteó es que el acuerdo no podía suponer un aumento de líneas. Habrá que estar vigilantes en este sentido. En cualquier caso, los titulares de ambos centros se dirigirán al Servicio de Planificación, que se encarga de adscribirlo y formalizar el acuerdo, revisable anualmente. Con esto la privada concertada se asegura de cubrir la oferta de sus grupos, pues pueden llegar a un acuerdo con otro centro ideológicamente afín que esté en el otro extremo de la localidad, saltándose el criterio de proximidad.

Desde USTEA Cádiz le planteamos nuestras reticencias. En primer lugar, señalamos el trato privilegiado y discriminatorio a las distintas directivas según sean de centros privados concertados o públicos: a las personas titulares de los concertados se les pide opinión y pueden elegir sobre a qué centros adscribir a su alumnado, pero a las directivas de los públicos simplemente se les informa y, en muchos casos, recibirán al alumnado no admitido en otros centros. En segundo lugar, no podemos consentir que se hagan recortes a priori en centros públicos, a los que se les recorta la oferta de grupos de Bachillerato.

Escolarización de los otros cursos. Desde Planificación nos exponen que el próximo curso habrá aproximadamente 600 alumnas y alumnos menos para ingreso en Infantil de 3 años, por lo que van a ofertar -en una postura que calificaron de conservadora– unas 40 unidades menos.

USTEA Cádiz se opuso a este atropello. No podemos aceptar los recortes a priori, porque ya sabemos cuáles son las consecuencias: si en un hipotético centro con 50 plazas se ofertan 25, muchas familias desisten de echar las solicitudes cuando se llega a ese número por miedo a que su hija o hijo se quede finalmente fuera. El Jefe de Servicio de Planificación nos aseguró que ante una petición suficiente, aproximadamente unas 40 solicitudes, se abriría sin problema una nueva línea. Pero no es así, y se lo recordamos allí mismo: el curso pasado a dos centros de Jerez, por ejemplo, se les recortaron a priori sendas líneas, y cuando sobrepasaron las 40 solicitudes la Delegación de Educación se las regateó, y solo se las concedió tras una fuerte presión y numerosas movilizaciones de la comunidad educativa, las AMPAs y USTEA Cádiz.

Recortes de líneas en la educación pública. Aunque no era un punto del orden del día, USTEA Cádiz aprovechó el mismo para volver a denunciar los recortes de líneas en la educación pública mientras apenas se toca la privada concertada. En el caso concreto de las unidades de Infantil para tres años, se han suprimido para este curso en la provincia 19 en la pública y una sola en la concertada. Seguimos como siempre: la baja natalidad parece afectar solo a la pública. El Jefe de Servicio de Planificación se escudó, de forma previsible y tópica, en una cuestión de demanda, además de que los conciertos están blindados.

En este momento se produce un hecho insólito en este tipo de reuniones, un hecho que nos sorprende para bien: un técnico del Servicio de Planificación se pronuncia y defiende ante las y los asistentes que el sistema de conciertos es «aberrante», y que se sale de toda lógica concertar plazas en Infantil para niñas y niños «que todavía no han nacido». Destaca que hay siete localidades con centros privados concertados con muy pocas solicitudes a los que, sin embargo, se les mantiene el número de líneas y plazas. Dijo que esto sucede «por razones políticas», y rehusó a seguir hablando para no buscarse problemas.

Por nuestra parte, y respecto a la demanda de las familias, le recordamos a los representantes de la Delegación la desventaja respecto al servicio de aula matinal y comedor: frente al número de plazas ilimitado de los centros privados concertados, en los centros públicos hay límite de plazas, y en muchos casos no se les concede este servicio.

Bajada de la ratio. Por supuesto, no desperdiciamos la oportunidad para exigir de nuevo una bajada de la ratio en los centros educativos públicos, una medida pedagógica que, además, en este contexto de pandemia, es una medida sanitaria fundamental. Volvimos a defenderlo, conscientes de la que Consejería seguirá ignorando esta demanda.

Además de las cuestiones relacionadas con la escolarización, en la reunión se plantearon otros temas sobre los cuales también expusimos nuestra posición:

Docentes de «refuerzo COVID». Desde USTEA Cádiz recordamos una vez más las razones por las cuales no suscribimos el «acuerdo estafa» que firmó Imbroda con CC.OO., CSIF y ANPE, destinado a que no se superen los 25 alumnos/as en Primaria y los 30 en Secundaria: no puede ser objeto de negociación el cumplimiento de la ley, pues esas son las ratios máximas para dichos niveles según la legalidad vigente. Un cumplimiento solo parcial, pues se garantiza únicamente hasta 2º ESO. Desde USTEA defendemos que unas plazas docentes destinadas a cumplir con la legalidad sobre la ratio deben ser plazas estructurales, no coyunturales, como son los puestos de «refuerzo COVID». En cualquier caso, les pedimos que nos confirme la prolongación de dichos puestos hasta final de curso. El Jefe de Servicio de Planificación nos responde que será así, y que solo falta el trámite de la aprobación de los presupuestos andaluces.

Brecha digital. Los portátiles han llegado ahora -tarde- a los centros. Como el número asignado se decidió en función de la situación de las plantillas en septiembre, ahora, con los «refuerzos COVID» el número resulta muy escaso. Por otra parte, en un par de meses llegarán unas 80.000 tablets a los centros andaluces, algo que la Junta venderá -en uno de sus habituales ejercicios de autobombo- como demostración de su inversión en las nuevas tecnologías, cuando lo cierto es que los fondos para esos dispositivos provienen fundamentalmente del Ministerio.

En cualquier caso, nos quedamos estupefactos cuando el Delegado de Educación minimiza el problema de la brecha digital. Desde USTEA Cádiz respondemos que no solo existe una brecha digital que es fundamentalmente social, sino que se está agravando, aunque no se le está dando visibilidad.

Les instamos, además, a que se hagan una idea de lo que supone la brecha digital teniendo en cuenta la situación presente: a una reunión entre lo que podríamos llamar privilegiados/as digitales el Jefe de Inspección no puede acudir por problemas de conectividad, mientras al Delegado de Educación lo escuchamos -y él a nosotros/as- de forma entrecortada, un Delegado que nos comenta la inexistencia de wifi en su sede. Desde USTEA dijimos que si a nosotros/as una mediocre conectividad nos estaba dificultando el encuentro, era fácil imaginar los problemas derivados de la brecha digital en muchas zonas y pueblos de Cádiz.

La brecha digital es una de las razones por las que desde USTEA hemos defendido la docencia 100% presencial, pero una presencialidad con las máximas garantías sanitarias, algo que las administraciones han sido incapaces de garantizar.

Libertad y derecho a la educación de la derecha política

Estamos acostumbrados en este país a ser espectadores de luchas ideológicas en diversos temas ya que, al fin y al cabo, el debate es consustancial al propio concepto de libertad política. En el ámbito educativo, lo que no es ya algo políticamente natural es la continuada y perpetua batalla por las leyes educativas y sus continuos cambios, síntoma de que quizás este país tiene diversas asignaturas pendientes de pasados cursos con las bases sobre las que se asienta su sistema democrático.

El pasado 30 de noviembre un inspector educativo valoraba en el Diario de Sevilla el proyecto de la LOMLOE recién aprobado en el Congreso de los Diputados. El autor de esa columna de opinión se despachaba a gusto en sus críticas a la susodicha ley repitiendo algunas consignas que no es que aportaran algún elemento novedoso o interesante frente a lo ya transmitido a través de los medios de comunicación estos días. Se podría esperar alguna aportación que aclarara o elevara el necesario debate ante cualquier reforma por parte de quien vela por el cumplimiento y sentido de las leyes educativas, su aplicación y procedimientos, y asesora o prescribe soluciones al profesorado para que el sistema funcione de la mejor manera. Sin embargo, como contrapartida, el panfleto contribuye más bien a arrojar más sombras que luces sobre un tema que precisa más neutralidad, espíritu constructivo, pedagógico e ilustrador, en vez de tener un claro y evidente interés propagandístico y, si se nos permite, casi partidista.

Comienza esta persona su artículo empleando juicios de valor, sin referencias ni explicaciones mínimas sobre que la LOMLOE representa «el modelo igualitarista, permisivo, fuertemente sindicalizado y fragmentado, inhibidor del menor atisbo de excelencia o calidad en el sistema educativo«. No sabemos a qué «modelo» se refiere, ya que como profesionales de la educación en lo pedagógico solo nos podemos referir a modelos teóricos, resultado de las investigaciones que realizan expertos y docentes en las facultades y, en lo práctico, al trabajo concreto de determinados centros educativos, de este país o de otros. Estos modelos no están sujetos a debate u opinión vulgares, sino al propio procedimiento científico, por mucho que su ámbito situado en las ciencias sociales esté sujeto también a valoraciones y discusiones. La valoración del inspector, con elementos que no se entienden muy bien y que parecen formar un cajón de sastre de conceptos acuñados por las maquinarias de propaganda de la derecha más tramontana y fundamentalista de este país, estaría al mismo (bajo) nivel y de tertulia televisiva de baja estofa de decir que la actual LOMCE, aprobada en absoluta minoría por el Partido Popular, es un modelo depredador, rígido, fuertemente ideologizado por la Iglesia católica, ineficiente e inhibidor de cualquier atisbo de justicia o mejora del sistema educativo. Que el resto de la sociedad se posicione es normal, pero es poco natural cuando estas opiniones las expresa públicamente quien es inspector educativo, a quien se le presupone neutralidad e independencia, ya que si no difícilmente podrá tener credibilidad en su acción inspectora cuando aconseje, informe o prescriba medidas en los centros. ¿Será que el susodicho autor se ve a sí mismo como un mero burócrata que vive de aplicar medidas que no comparte y justificando que se hagan las cosas de una manera en las que no cree en absoluto?

Pero esto no es lo único preocupante, ya que a la inspección también se le presupone un conocimiento amplio y profundo de las leyes educativas y de su sentido y bases. Por lo tanto, sonroja bastante el desconocimiento sobre el uso de las lenguas que prescribe la Constitución o el éxito de los modelos de implantación en las comunidades plurilingües que arrojan los datos objetivos, como los resultados de las pruebas de acceso a la Universidad en todas las Comunidades Autónomas en la prueba de Lengua Castellana y Literatura (por mucho que no les quiera entrar en la cabeza a partidos con visiones un poco alteradas y desproporcionadas sobre el asunto). Dicho inspector parece también desconocer informes internacionales de la OCDE o de la propia UNESCO en los que se puede comprobar el éxito de esos modelos estatalizados que tanto critica, por ejemplo, en países tan absolutamente diferentes como Finlandia o Cuba. Confunde modelos de gestión con alternativas metodológicas y curriculares de una manera pasmosa, ya que el modelo de gestión es una cosa establecida en cada centro (o se es público, o privado-concertado o privado totalmente) con alternativas metodológicas y curriculares, en las que todas las leyes educativas que ha habido en este país otorgan un marco de autonomía a los centros para emplear precisamente esas alternativas metodológicas que consideren oportunas. No deben funcionar mal en ese sentido en las escuelas públicas (donde al parecer el señor inspector debe pensar que no hay libertad), ya que nuevamente la prueba del algodón de los resultados de las pruebas de acceso a la Universidad vuelven a otorgar las medias de resultados más altas que a las privadas o privadas concertadas. Y es la prueba del algodón, ya que todos los centros, independientemente de su gestión, hacen el mismo examen de manera anónima. Quizás, pensamos nosotros, esto sucede por la diferencia que quizás existe entre concebir la educación como un derecho y un servicio social frente a quienes la consideran un mercado y un beneficio privado.

Además, hay un aspecto que resulta casi entrañable por la candidez, no sé si de su propia conciencia o de la que presupone a todos los demás, con que este inspector señala que «resulta bastante tranquilizador» que el gobierno andaluz «limitará los aspectos más lesivos de la ley Celaá«. La LOMLOE, al igual que la vigente LOMCE, son reformas de la LOE. Toda ley orgánica, por su propio carácter de orgánica, solo puede ser sustituida por otra ley nueva. En ambos casos, frente a cómo se presenta la batalla partidista y mediática, lo cierto y honesto es que los aspectos fundamentales no cambian y esencialmente el sistema no sufre ninguna transformación traumática. Por mucho que nos anuncien el apocalipsis desde los sectores conservadores cada vez que se dan tímidos avances sociales, como el divorcio, el aborto o el matrimonio LGTBI (para estos temas poca libertad esgrimían en su momento), nada de eso es cierto y es grave en alguien a quien se le presupone un conocimiento fundamentado sobre la materia. Como casi todo, esta reforma tiene aspectos positivos que vienen a solucionar en mayor o menor medida algunos problemas que arrastraba la anterior reforma, mientras evita otros en vez de hacer más. Cabría preguntarle al inspector algunas cuestiones importantes: ¿qué puede cambiar el gobierno andaluz en el marco de sus competencias? Pensamos que no mucho. ¿Lo suficiente para que esto sea un vergel frente al infierno LOMLOE, ley que delimita lo que puede cambiar y lo que no el gobierno andaluz? El marco de competencias no cambia sustancialmente. Entonces, ¿es realmente tan mala una ley que permitiría al gobierno andaluz hacerla viable y funcional? ¿Está de broma o solo trata de hacernos trampa? ¿Esto es independencia y neutralidad o un descarado ejercicio de manipulación ideológica?

En todo este conjunto de desaciertos, nuestro inspector tampoco es muy original empleando el manido y facilón concepto comodín que en la práctica parece valer para todo, lo mismo para un roto que para un descosido, que es el de la manoseada y tergiversada libertad. Un concepto de libertad que no es el moral o el filosófico, sino el de la derecha política. Una libertad que esconde el privilegio, la desigualdad, la opacidad, la rendición de cuentas y el beneficio privado. Una excusa que en la práctica se emplea para justificar lo injustificable. La salvaguarda de los derechos básicos corresponde al Estado, que es para el que trabaja nuestro inspector como funcionario. Estado que elegimos democráticamente y que debe garantizar y proteger derechos y no permitir que se juegue con ellos al Monopoly en los mercados, perjudique a quien perjudique. La iniciativa privada económica está salvaguardada en nuestra Constitución, pero eso no significa que todo pueda ser depredado por empresarios, banqueros y financieros. Por eso no se permite el mercado de la donación de órganos, se regula el mercado del trabajo, consagrándose constitucionalmente que el trabajo tiene que desarrollarse por el acuerdo entre trabajadores y empresarios, y se prescriben límites a la actividad financiera (menos de lo humanamente deseable y sostenible, por cierto). Se regula hasta el tráfico rodado, por mucho que alguien crea que conduce muy bien con tres cubatas encima y se sienta que le roban la libertad de correr cuanto quiera cuando le imponen los límites de velocidad. No es inquina personal ni odio por la humanidad, como pretenden algunos extremistas. Es porque desde que existe el concepto de libertad, este mismo, tiene límites. Y hay actividades y acciones que pueden llegar a perjudicar y hacer mucho daño si no se regulan y controlan. Precisamente, gran parte de lo que significa educación y convivencia implica la delimitación y asimilación de los límites en nuestra vida cotidiana.

En la cuestión educativa, hay muchas escuelas concertadas que son auténticos chiringuitos y no son para nada ese paradigma cuando:

– Discriminan alumnado, como aquel con necesidades de atención educativa especiales o alumnado inmigrante, que asume el sector público hasta en un 85%.

– Chantajean con cuotas a las familias, disparando el gasto por alumno con respecto al de la educación pública.

– Compiten desigualmente con el sistema público con decretos de escolarización que claramente les favorece blindando la pérdida de líneas, mientras todas las pérdidas las asume la educación pública obligados por ley.

– Inculcan en no pocos casos idearios religiosos e ideológicos muy particulares frente a la pluralidad y libertad de un profesorado diverso en la educación pública, donde sí que cabe la diversidad y riqueza de la sociedad.

– Contratan profesorado seleccionado en la competición de las oposiciones públicas y no a dedo de según quién, garantizándose unos mínimos de preparación, exigencia y neutralidad comprobados.

Esta LOMLOE viene a solucionar más bien poco de estos problemas, pero ya es algún avance con respecto a la LOMCE. No, señor inspector, no es una cuestión de libertad, sino un problema de libertinaje, de mantener una estructura que favorece estos problemas y, por contra, tratar de solucionarlos, aunque sea tímidamente, no es un atentado contra la libertad, sino un paso más para mejorar y asegurar el derecho a la educación en la línea de lo que la mayoría democrática de este país confió y decidió cuando votó al poder legislativo en este país. Y si este inspector no cree en ello, quizás por coherencia y ética profesional, debería dimitir y volver a la tiza, donde como profesor de la educación pública transmitirá sus conocimientos y lecciones al alumnado, al igual que otros compañeros y compañeras que pensarán o igual o diferente que él. El alumnado, en el ejercicio de su libertad y tras conocer todas las enseñanzas y opciones ya discriminará lo que quiere pensar, a diferencia de muchos centros concertados con sus peculiares idearios y su profesorado callado y con miedo a perder su trabajo si se sale de determinadas líneas. Al menos, este inspector sí que podrá ejercer su libertad adecuadamente desde la salvaguarda de la educación pública, donde se garantizan mejor los derechos que en el negocio de la concertada.

El cuerpo de inspección no es el terreno de la libertad personal ni son los jefes que dirigen ningún cortijo, sino que es un cuerpo neutral que vela por el cumplimiento de la ley y de los derechos, al servicio de la democracia y en beneficio del conjunto de la ciudadanía, no de sus inquietudes y opiniones personales de según qué inspectores.

Presentarse como inspector de educación en un medio de comunicación y lanzar una opinión sin dar evidencias, sin analizar ningún artículo o párrafo de la Ley, a favor de un gobierno y en contra de otro, es cuanto menos poco ético y bastante irresponsable para la institución de Inspección Educativa, sin respetar el código deontológico de la misma.

La Educación Especial en España y en Europa

La educación especial, objeto de polémica en España por la aprobación de una nueva ley educativa (la LOMLOE, conocida también como «ley Celaá») existe en muchos países europeos, aunque en general cuenta cada vez con menos peso.

La educación del alumnado con discapacidad muestra en Europa una clara tendencia a ser incluida en los centros ordinarios, en los que aprenden juntos los y las menores con o sin discapacidad, aunque se trata de un proceso lento y aún hay numerosas escuelas especiales.

Aunque la mayoría del alumnado con alguna discapacidad acude a centros ordinarios en España, con la nueva norma se espera que en 10 años todos cuenten con fondos suficientes para escolarizar a estos menores y que solo los que requieran mucha especialización acudan a los centros específicos de educación especial, que quedarán también como espacios de apoyo.

Hagamos un repaso rápido por lo que encontramos en otros países.

FRANCIA

En Francia el grado de discapacidad marca la educación especial: el alumnado que la tiene leve va a centros ordinarios, aunque en algunos hay aulas especiales. El alumnado que presentan una discapacidad severa va a centros especializados de carácter público. Hay profesorado de apoyo y asistentes personales de algunos alumnos y alumnas, en función de su nivel de discapacidad, que les acompañan dentro y fuera de clase. Hay unos 100.000 asistentes en total. En general, las familias lo deciden a qué tipo de colegio van sus hijos e hijas.

ITALIA

No hay colegios de educación especial. Cerca del 3% del alumnado presenta alguna discapacidad y acude a centros ordinarios, cuyas clases cuentan con un máximo de tres niños y/o niñas que necesiten ayuda y un profesor o profesora de apoyo que se suma al resto del profesorado para desarrollar el programa didáctico de todo el grupo.

El Tribunal Constitucional declaró en 1987 el derecho de todos los estudiantes con discapacidad a poder asistir a escuelas de todos los niveles, y desde entonces se han llevado a cabo diversas intervenciones normativas con el objetivo de asegurar (y no solo facilitar) la asistencia a la escuela del alumnado con discapacidad.

Las familias deciden si quieren llevar a sus hijos a la escuela pública y seguir los ciclos de formación o a un centro especial para actividades lúdicas.

ALEMANIA

Casi el 38% del alumnado con necesidades de atención especial estudian en centros ordinarios. Esto representa un claro ascenso desde la ratificación de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, pues hace una década el porcentaje era del 18%.

Aun así, en todos los estados alemanes existen centros especiales para estos menores, pero en algunos se han ido reemplazando parcialmente por centros de inclusión con todo tipo de niños y niñas, donde algunos previamente diagnosticados reciben atención especial. Las familias son los que eligen a qué centro llevar a sus hijos e hijas.

REINO UNIDO

El alumnado con necesidades especiales pueden ser educados en la escuela pública ordinaria, que recibe fondos para esta función, o en centros especiales, la mayoría sufragados por el Estado y algunos privados. De unos 1,2 millones de alumno.as con discapacidad, el 50 % asiste a colegios ordinarios, que cuentan en mayor o menor medida con profesorado de apoyo, y el resto (aproximadamente un 2 % de la población en edad escolar) a centros especializados. Las familias pueden elegir cualquiera de estos centros.

PORTUGAL

La inmensa mayoría del alumnado de educación especial frecuenta los colegios ordinarios, y apenas un 1% está matriculado en escuelas específicas. Desde 2018 está en vigor una nueva ley de educación inclusiva que busca poner el foco en criterios pedagógicos y no clínicos para que haya una mayor inclusión y que incluso elimina la categoría de «necesidades educativas especiales».

En caso de que la escuela no sea capaz de dar respuesta a las necesidades de un alumno o alumna, los servicios dependientes del Ministerio de Educación pueden proponer su matriculación en una escuela de educación especial, siempre con el acuerdo de las familias.

AUSTRIA

En Austria, el 5 % del alumnado de Primaria y Secundaria son «menores con necesidades de apoyo pedagógico especiales», que en su mayoría (un 64 %) recibe educación junto a compañeros y compañeras sin discapacidad en «clases integradas» de centros ordinarios. Un 35 % asistía a clases especiales no mixtas, también en escuelas ordinarias, mientras que el restante 11 % se repartía en los 290 colegios especializados.

Con su ratificación de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, Austria está comprometida a convertir su sistema de educación en uno completamente inclusivo: varias escuelas especiales se han abierto a niños y niñas sin discapacidad, transformándose en centros de educación ordinaria inclusiva, y en los últimos años va en aumento el porcentaje de estos menores que reciben enseñanza integrada. Las familias tienen la libertad de elegir.

La elección de la Coordinadora de Formación nos lleva a plantear la necesidad de un cambio en el proceso de selección

Recientemente la Delegación de Educación de Cádiz ha efectuado un proceso para seleccionar al nuevo Coordinador o Coordinadora Provincial de Formación mediante un procedimiento calificado por el Delegado «de libre designación». Un proceso que lleva a preguntarnos por la idoneidad de esta vía de selección para determinados puestos que son fundamentales, lo que puede generar no pocos problemas.

Vayamos a los hechos.

El pasado 27 de agosto el Delegado de Educación, Miguel Andreu Estaún, firma y hace pública la convocatoria de Concurso de Méritos para cubrir el puesto próximo a quedar vacante de Coordinador/a Provincial de Formación del Profesorado de Cádiz mediante  su correspondiente Resolución (en este enlace).

En las bases de la convocatoria encontramos lo siguiente:

Primera. – Realizar convocatoria pública para cubrir el puesto próximo a quedar vacante de Coordinador o Coordinadora Provincial de Formación en esta Delegación Territorial, por el procedimiento de libre designación, previsto en el artículo 18 del Decreto 93/2013, de 27 de agosto.

Si analizamos el citado artículo de la norma referenciada, encontramos:

Artículo 18. Coordinación provincial.

2. La persona titular de la Delegación territorial competente en materia de educación nombrará a un coordinador o a una coordinadora provincial de formación, que se adscribirá, en régimen de comisión de servicios con reserva del puesto de origen, al servicio de dicha Delegación que tenga encomendadas las funciones relativas a la formación del profesorado.

3. La selección de la persona que ocupe la coordinación provincial de formación se realizará mediante convocatoria pública en la que podrá participar cualquier profesor o profesora en servicio activo en la Comunidad Autónoma de Andalucía que tenga una antigüedad de, al menos, cinco años como funcionario de carrera en los cuerpos de la función pública docente. Entre los criterios de valoración de las solicitudes se considerará la participación en las actividades del Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado.

Se desconoce en la convocatoria el resto de criterios, la puntuación asignada a cada uno y no hay mención a listas de provisionales o definitivas del personal seleccionado, ni plazo de alegaciones. No obstante, sí existe en la resolución un elemento que puede tener un (¿pretendido?) carácter disuasorio para cualquier interesado/a que cumpla los requisitos: por el procedimiento de libre designación, previsto en el artículo 18 del Decreto 93/2013. Sin embargo, como hemos comprobado, el artículo 18 de dicha norma no recoge que el nombramiento deba ser por «procedimiento de libre designación»; es más, dicho artículo establece una selección y marca uno de los criterios que debe tener la convocatoria, entre otros.

Un dato más sobre este proceso: las y los aspirantes, además de reunir el requisito, han de enviar su curriculum vitae (Base Tercera) como si de una empresa privada se tratara.

Este proceso finaliza con la publicación de la Resolución de 17 de septiembre de 2020 de la Delegación Territorial de Educación en Cádiz por la que se nombra Coordinadora Provincial de Formación del Profesorado de Cádiz a Dª. Paola García Varela, una docente que precisamente antes de este nombramiento trabajaba en el Gabinete de Prensa de la Delegación, por puesto de libre designación del Sr. Delegado, Miguel Andreu Estaún.

Por lo tanto, esta convocatoria adolece de todos los requisitos que entraña un procedimiento administrativo riguroso para la cobertura de un puesto en la administración educativa. Se trata de un puesto de libre designación en convocatoria pública que carece de los principios rectores de acceso al empleo público de igualdad, mérito y capacidad que invoca nuestro TREBEP.  Desgraciadamente, es la forma de cubrir vacantes en puestos de altos cargos, de los diferentes Servicios que componen las Delegaciones Territoriales de Educación. De esta manera se demuestra que el Delegado de Educación, Miguel Andreu Estaún, al igual que los y las anteriores, utiliza los mismos mecanismos de colocación tan poco transparentes.

Desde USTEA Cádiz cuestionamos públicamente la idoneidad de recurrir a semejantes procedimientos para la selección y nombramiento de una persona para un puesto de estas características, sobre todo cuando es de unas características y un calado mucho más técnico que político. Un procedimiento opaco, en el que no se plantean criterios concretos, que se limita al envío de un curriculum como si de una empresa privada se tratara, mientras a las y los trabajadores públicos -y concretamente al profesorado- se nos exige formación y pasar por procesos selectivos regulados con una precisión infinitamente mayor. Un procedimiento, en definitiva, muy laxo, al que recurre el Delegado de Educación de un partido que quiso imponer un MIR para docentes.

Tengamos en cuenta, además, que un procedimiento semejante puede acabar en la selección para un puesto técnico de una persona que poco o nada tenga que ver con el ámbito de dicho puesto. Lo que sabemos es que la persona seleccionada para coordinar la formación del profesorado viene de desempeñar un puesto en el gabinete de prensa de Delegación, tareas que -parece- tienen bien poco en común. Poco podremos saber sobre cómo se habrá considerado «la participación en las actividades del Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado», que es de los pocos criterios que marca la normativa, ya que desconocemos el perfil y características del resto de candidaturas. La elección de personal no cualificado puede generar problemas de gestión, que podrían llegar a sufrir en primera instancia las y los técnicos y el personal de la Delegación, pero también el profesorado.