USTEA Cádiz apoya la demanda de los municipios de Cádiz de suspensión de la educación presencial

Esta semana la hemos comenzado levantando la voz desde USTEA Cádiz para pedir el cierre temporal de los centros educativos. Entendemos que la no presencialidad es la mejor forma de contribuir a cortar el imparable ascenso de contagios Covid, que está saturando nuestras instalaciones sanitarias en la provincia. Esta petición daba continuidad y ampliaba lo ya solicitado desde la propia Junta de Personal Docente no Universitario de Cádiz y que alguna localidad con gran prevalencia de casos Covid 19, como La Línea de la Concepción, habían solicitado. Desde la Consejería no solo no se atienden estas demandas, sino que se lanzaron veladas amenazas a las familias para obligarlas a llevar a sus hijos e hijas a los centros escolares a pesar del miedo lógico en esta situación de pandemia desbocada.

Pero esa petición de cierre temporal inmediato (dos o tres semanas) se ha hecho un clamor. En esta semana los alcaldes y alcaldesas de muchos municipios de la provincia, tras consultar con los Consejos Escolares Municipales, donde están representados los diferentes sectores de la comunidad educativa, se suman a esta corriente de pedir el cierre de aulas. Si sumamos los habitantes de estas localidades:

– Cádiz

– La línea

– Benalup-Casas Viejas

– Rota

– San Fernando

– Puerto Real

– Castellar

– Jimena

– Trebujena

– y muy posiblemente Sanlúcar.

Son más 400.000 habitantes, representados por sus gobiernos municipales, quienes están pidiendo esta medida. Con este clamor popular, con los datos de esta semana récord de contagios y muertes en Andalucía, con los dos países con los que Andalucía es limítrofe (Reino Unido-Gibraltar y Portugal) decretando el cierre de sus aulas, con los centros mejor preparados para el trabajo telemático que en marzo del año pasado, con el Consejero Andaluz de Salud llamando al autoconfinamiento, no entendemos a qué está esperando La Junta de Andalucía para cerrar las aulas y pasar a la modalidad no presencial.

No podemos concluir sin recordar que esta semana la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de Sevilla se ha pronunciado para avalar el cierre de colegios, lo que estaría justificado por la prevalencia de la salud sobre la educación sobre todo en unos momentos de “grave riesgo de salud pública para la ciudadanía”.

Terminamos como no puede ser de otra manera, con el grito de CIERREN LAS AULAS YA. Un cierre a tiempo puede salvar muchas vidas, escuchen al pueblo.

Propuestas didácticas para el Día Escolar de la No Violencia y la Paz. 30 de enero de 2021

En 2021 tendrán lugar dos interesantes efemérides relacionadas con el Día Escolar de la Noviolencia y la Paz, el DENYP.

La Internacional de Resistentes a la Guerra celebrará su 100 aniversario. Y el movimiento contra el Servicio Militar obligatorio en España cumplirá 50 años. La mayoría de los jóvenes, que hoy día no están obligados a realizar durante un año de su vida un servicio de armas, desconocen la historia de cómo se consiguió acabar con esta imposición del Estado.

Os proponemos una serie de enlaces para trabajar tanto en el DENYP, que este año tiene lugar el sábado 30 de enero, como en cualquier otro momento del curso, dentro del proyecto Escuela Espacio de Paz.

Para Infantil y Primaria proponemos una serie de cuentos recopilados en la página Educarueca:

http://educarueca.org/spip.php?rubrique19

Para Secundaria, Bachillerato y FP proponemos responder a una serie de preguntas a través de varios enlaces:

– ¿Cuándo se creó la IRG y con qué objetivos?

– ¿En qué países de nuestro entorno sigue existiendo un Servicio Militar obligatorio?

– ¿En qué año dejó de existir en España el reclutamiento forzoso? ¿En qué consistía la llamada mili?

– ¿Quiénes son los objetores de conciencia? ¿Y los insumisos?

– ¿Participaron los reclutas españoles que hacían el Servicio Militar en algunas guerras?

Dos figuras clave en el movimiento de Objeción de Conciencia y la Insumisión en España fueron Gonzalo Arias y Pepe Beúnza. Proponemos realizar murales, presentaciones, etc., sobre estas dos figuras que tuvieron mucho que ver con que los jóvenes actualmente no tengan que realizar de forma obligatoria un Servicio Militar que llegó a durar dos años durante el franquismo y que marcó la vida de muchos jóvenes y sus familias, sobre todo en épocas de conflictos bélicos, como las Guerras españolas en África.

Para terminar:

– ¿Qué ocurre actualmente con los objetores y objetoras de conciencia en Israel?

– ¿Qué papel desempeñan actualmente la mujeres en el trabajo contra las guerras y los conflictos?

IRG:
https://wri-irg.org/es/programmes

SERVICIO MILITAR:
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_militar_(Espa%C3%B1a)

OBJETORES E INSUMISOS:
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_insumiso_en_Espa%C3%B1a

GUERRA DE SIDI IFNI:
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20180126/ifni-exposicion-museu-cultures-mon-6580965

GONZALO ARIAS:
https://vimeo.com/34669327
https://es.wikipedia.org/wiki/Gonzalo_Arias

PEPE BEUNZA:
https://pepebeunza.wordpress.com/

OBJECIÓN DE CONCIENCIA EN ISRAEL:
https://wri-irg.org/es/story/2003/objecion-de-conciencia-al-servicio-militar-en-israel-un-derecho-humano-sin-reconocer?language=es

MUJERES PARA LA PAZ:
https://organizaciondemujeres.org/sin-feminismo-ni-habra-paz-ni-justicia/
https://www.ustea.org/wp-content/uploads/2020/05/propuesta-didctica-24-mayo-dia-mujeres-paz-y-desarme-2020.pdf
https://ustea.org/propuesta-didactica-del-espacio-feminista-de-ustea-para-el-24-de-mayo-dia-internacional-de-las-mujeres-por-la-paz-y-el-desarme/

MATERIALES DE USTEA PARA EL DENYP 2020:
https://ustea.org/nada-para-la-guerra-el-dia-escolar-de-la-paz-puede-ser-cualquier-dia/MATERIALES DE USTEA PARA EL DENYP 2020
https://ustea.org/nada-para-la-guerra-el-dia-escolar-de-la-paz-puede-ser-cualquier-dia/

Recortes en la educación pública: empecemos la campaña antes de sus ataques

Acabamos de empezar el segundo trimestre y a alguien podría parecerle pronto para que desde USTEA Cádiz empecemos a levantar la voz contra el cierre de líneas en la educación pública, como si estuviéramos en pleno periodo de escolarización, que comenzará en mes y medio. Pero no es pronto.

Muchos nos tememos que un curso más la Consejería de Educación haga uso de un perverso mecanismo que desde el sindicato hemos bautizado como recortes a priori. En la última semana de febrero, antes del inicio del periodo de escolarización, los centros educativos tienen que hacer públicas en sus tablones las plazas que les asigna la Delegación de Educación. La administración aprovecha ese momento para hacer un ofrecimiento a la baja: asignan una oferta de plazas en los centros públicos siempre menor a la del curso pasado y se excusan diciendo que si hay más solicitudes se plantearán una ampliación de la oferta. El pretexto es la baja natalidad, un problema que, basándose en el proceder de nuestra Consejería, alguien podría pensar que solo afecta a la educación pública.

Este mecanismo de recortes a priori tiene un importante efecto disuasorio: como bien es sabido, cuando las familias son conscientes de que en un centro se llega al máximo de solicitudes de acceso directo, teniendo en cuenta las plazas concedidas, dejan de entregar solicitudes para dicho centro y optan por otros, movidas por la inquietud de que su hija o hijo quede fuera por falta de plazas y sea desplazado/a a un colegio o instituto muy alejado o sin los servicios que necesitas.

Porque la realidad es que llegada la hora de la verdad, cuando se superan el número de solicitudes, la Delegación de Educación es siempre muy reacia a plantearse una ampliación de la oferta, a no ser que la demanda sea muy llamativa. Valga como ejemplo lo que sucedió en Jerez el curso pasado: la oferta de marzo contenía un recorte de cinco líneas en Infantil (3 años), y solo una intensa lucha de la comunidad educativa posibilitó que, finalmente, ya en junio, se recuperaran dos de esas cinco líneas para el periodo de matriculación.

En definitiva, la Consejería de Educación ni siquiera nos permite luchar por nuestra escuela pública en igualdad de condiciones y no en una carrera amañada donde tenemos las patas trabadas con dichos recortes a priori y con situaciones de partida diferentes. En USTEA Cádiz tenemos claro que seguiremos haciendo visibles estos ataques premeditados contra la escuela pública de cara a favorecer los intereses empresariales que se esconden tras las escuelas privadas concertadas.

Reunión de la Comisión Provincial de Escolarización: seguimos en la lucha por la educación pública

El pasado 2 de diciembre se reunió la Comisión Provincial de Garantías de Escolarización, encuentro en el que estuvo presente USTEA Cádiz. Como se abordaron temas de interés, presentamos un informe en que se recoge la posición que planteó el sindicato en cada uno de ellos.

Adscripción a los centros privados concertados. El próximo curso entrará en funcionamiento el célebre decreto de escolarización que llevó a todas las organizaciones sindicales a la huelga el pasado 4 de marzo.

Hasta ahora el alumnado de 4º ESO tenía que participar obligatoriamente en el proceso de escolarización para solicitar cualquier plaza para Bachillerato en un centro público o privado cuando su centro no tenía Bachillerato. Ahora la nueva normativa recoge que las personales titulares de un centro privado concertado pueden llegar a acuerdos para adscribir su alumnado de 4º ESO a otro centro, en el que tendrían asegurada su plaza sin participar en el proceso de escolarización, incluso en el caso de que un alumno o alumna solicitara un centro diferente y no se le adjudicara.

La condición que se planteó es que el acuerdo no podía suponer un aumento de líneas. Habrá que estar vigilantes en este sentido. En cualquier caso, los titulares de ambos centros se dirigirán al Servicio de Planificación, que se encarga de adscribirlo y formalizar el acuerdo, revisable anualmente. Con esto la privada concertada se asegura de cubrir la oferta de sus grupos, pues pueden llegar a un acuerdo con otro centro ideológicamente afín que esté en el otro extremo de la localidad, saltándose el criterio de proximidad.

Desde USTEA Cádiz le planteamos nuestras reticencias. En primer lugar, señalamos el trato privilegiado y discriminatorio a las distintas directivas según sean de centros privados concertados o públicos: a las personas titulares de los concertados se les pide opinión y pueden elegir sobre a qué centros adscribir a su alumnado, pero a las directivas de los públicos simplemente se les informa y, en muchos casos, recibirán al alumnado no admitido en otros centros. En segundo lugar, no podemos consentir que se hagan recortes a priori en centros públicos, a los que se les recorta la oferta de grupos de Bachillerato.

Escolarización de los otros cursos. Desde Planificación nos exponen que el próximo curso habrá aproximadamente 600 alumnas y alumnos menos para ingreso en Infantil de 3 años, por lo que van a ofertar -en una postura que calificaron de conservadora– unas 40 unidades menos.

USTEA Cádiz se opuso a este atropello. No podemos aceptar los recortes a priori, porque ya sabemos cuáles son las consecuencias: si en un hipotético centro con 50 plazas se ofertan 25, muchas familias desisten de echar las solicitudes cuando se llega a ese número por miedo a que su hija o hijo se quede finalmente fuera. El Jefe de Servicio de Planificación nos aseguró que ante una petición suficiente, aproximadamente unas 40 solicitudes, se abriría sin problema una nueva línea. Pero no es así, y se lo recordamos allí mismo: el curso pasado a dos centros de Jerez, por ejemplo, se les recortaron a priori sendas líneas, y cuando sobrepasaron las 40 solicitudes la Delegación de Educación se las regateó, y solo se las concedió tras una fuerte presión y numerosas movilizaciones de la comunidad educativa, las AMPAs y USTEA Cádiz.

Recortes de líneas en la educación pública. Aunque no era un punto del orden del día, USTEA Cádiz aprovechó el mismo para volver a denunciar los recortes de líneas en la educación pública mientras apenas se toca la privada concertada. En el caso concreto de las unidades de Infantil para tres años, se han suprimido para este curso en la provincia 19 en la pública y una sola en la concertada. Seguimos como siempre: la baja natalidad parece afectar solo a la pública. El Jefe de Servicio de Planificación se escudó, de forma previsible y tópica, en una cuestión de demanda, además de que los conciertos están blindados.

En este momento se produce un hecho insólito en este tipo de reuniones, un hecho que nos sorprende para bien: un técnico del Servicio de Planificación se pronuncia y defiende ante las y los asistentes que el sistema de conciertos es “aberrante”, y que se sale de toda lógica concertar plazas en Infantil para niñas y niños “que todavía no han nacido”. Destaca que hay siete localidades con centros privados concertados con muy pocas solicitudes a los que, sin embargo, se les mantiene el número de líneas y plazas. Dijo que esto sucede “por razones políticas”, y rehusó a seguir hablando para no buscarse problemas.

Por nuestra parte, y respecto a la demanda de las familias, le recordamos a los representantes de la Delegación la desventaja respecto al servicio de aula matinal y comedor: frente al número de plazas ilimitado de los centros privados concertados, en los centros públicos hay límite de plazas, y en muchos casos no se les concede este servicio.

Bajada de la ratio. Por supuesto, no desperdiciamos la oportunidad para exigir de nuevo una bajada de la ratio en los centros educativos públicos, una medida pedagógica que, además, en este contexto de pandemia, es una medida sanitaria fundamental. Volvimos a defenderlo, conscientes de la que Consejería seguirá ignorando esta demanda.

Además de las cuestiones relacionadas con la escolarización, en la reunión se plantearon otros temas sobre los cuales también expusimos nuestra posición:

Docentes de “refuerzo COVID”. Desde USTEA Cádiz recordamos una vez más las razones por las cuales no suscribimos el “acuerdo estafa” que firmó Imbroda con CC.OO., CSIF y ANPE, destinado a que no se superen los 25 alumnos/as en Primaria y los 30 en Secundaria: no puede ser objeto de negociación el cumplimiento de la ley, pues esas son las ratios máximas para dichos niveles según la legalidad vigente. Un cumplimiento solo parcial, pues se garantiza únicamente hasta 2º ESO. Desde USTEA defendemos que unas plazas docentes destinadas a cumplir con la legalidad sobre la ratio deben ser plazas estructurales, no coyunturales, como son los puestos de “refuerzo COVID”. En cualquier caso, les pedimos que nos confirme la prolongación de dichos puestos hasta final de curso. El Jefe de Servicio de Planificación nos responde que será así, y que solo falta el trámite de la aprobación de los presupuestos andaluces.

Brecha digital. Los portátiles han llegado ahora -tarde- a los centros. Como el número asignado se decidió en función de la situación de las plantillas en septiembre, ahora, con los “refuerzos COVID” el número resulta muy escaso. Por otra parte, en un par de meses llegarán unas 80.000 tablets a los centros andaluces, algo que la Junta venderá -en uno de sus habituales ejercicios de autobombo- como demostración de su inversión en las nuevas tecnologías, cuando lo cierto es que los fondos para esos dispositivos provienen fundamentalmente del Ministerio.

En cualquier caso, nos quedamos estupefactos cuando el Delegado de Educación minimiza el problema de la brecha digital. Desde USTEA Cádiz respondemos que no solo existe una brecha digital que es fundamentalmente social, sino que se está agravando, aunque no se le está dando visibilidad.

Les instamos, además, a que se hagan una idea de lo que supone la brecha digital teniendo en cuenta la situación presente: a una reunión entre lo que podríamos llamar privilegiados/as digitales el Jefe de Inspección no puede acudir por problemas de conectividad, mientras al Delegado de Educación lo escuchamos -y él a nosotros/as- de forma entrecortada, un Delegado que nos comenta la inexistencia de wifi en su sede. Desde USTEA dijimos que si a nosotros/as una mediocre conectividad nos estaba dificultando el encuentro, era fácil imaginar los problemas derivados de la brecha digital en muchas zonas y pueblos de Cádiz.

La brecha digital es una de las razones por las que desde USTEA hemos defendido la docencia 100% presencial, pero una presencialidad con las máximas garantías sanitarias, algo que las administraciones han sido incapaces de garantizar.

Libertad y derecho a la educación de la derecha política

Estamos acostumbrados en este país a ser espectadores de luchas ideológicas en diversos temas ya que, al fin y al cabo, el debate es consustancial al propio concepto de libertad política. En el ámbito educativo, lo que no es ya algo políticamente natural es la continuada y perpetua batalla por las leyes educativas y sus continuos cambios, síntoma de que quizás este país tiene diversas asignaturas pendientes de pasados cursos con las bases sobre las que se asienta su sistema democrático.

El pasado 30 de noviembre un inspector educativo valoraba en el Diario de Sevilla el proyecto de la LOMLOE recién aprobado en el Congreso de los Diputados. El autor de esa columna de opinión se despachaba a gusto en sus críticas a la susodicha ley repitiendo algunas consignas que no es que aportaran algún elemento novedoso o interesante frente a lo ya transmitido a través de los medios de comunicación estos días. Se podría esperar alguna aportación que aclarara o elevara el necesario debate ante cualquier reforma por parte de quien vela por el cumplimiento y sentido de las leyes educativas, su aplicación y procedimientos, y asesora o prescribe soluciones al profesorado para que el sistema funcione de la mejor manera. Sin embargo, como contrapartida, el panfleto contribuye más bien a arrojar más sombras que luces sobre un tema que precisa más neutralidad, espíritu constructivo, pedagógico e ilustrador, en vez de tener un claro y evidente interés propagandístico y, si se nos permite, casi partidista.

Comienza esta persona su artículo empleando juicios de valor, sin referencias ni explicaciones mínimas sobre que la LOMLOE representa “el modelo igualitarista, permisivo, fuertemente sindicalizado y fragmentado, inhibidor del menor atisbo de excelencia o calidad en el sistema educativo“. No sabemos a qué “modelo” se refiere, ya que como profesionales de la educación en lo pedagógico solo nos podemos referir a modelos teóricos, resultado de las investigaciones que realizan expertos y docentes en las facultades y, en lo práctico, al trabajo concreto de determinados centros educativos, de este país o de otros. Estos modelos no están sujetos a debate u opinión vulgares, sino al propio procedimiento científico, por mucho que su ámbito situado en las ciencias sociales esté sujeto también a valoraciones y discusiones. La valoración del inspector, con elementos que no se entienden muy bien y que parecen formar un cajón de sastre de conceptos acuñados por las maquinarias de propaganda de la derecha más tramontana y fundamentalista de este país, estaría al mismo (bajo) nivel y de tertulia televisiva de baja estofa de decir que la actual LOMCE, aprobada en absoluta minoría por el Partido Popular, es un modelo depredador, rígido, fuertemente ideologizado por la Iglesia católica, ineficiente e inhibidor de cualquier atisbo de justicia o mejora del sistema educativo. Que el resto de la sociedad se posicione es normal, pero es poco natural cuando estas opiniones las expresa públicamente quien es inspector educativo, a quien se le presupone neutralidad e independencia, ya que si no difícilmente podrá tener credibilidad en su acción inspectora cuando aconseje, informe o prescriba medidas en los centros. ¿Será que el susodicho autor se ve a sí mismo como un mero burócrata que vive de aplicar medidas que no comparte y justificando que se hagan las cosas de una manera en las que no cree en absoluto?

Pero esto no es lo único preocupante, ya que a la inspección también se le presupone un conocimiento amplio y profundo de las leyes educativas y de su sentido y bases. Por lo tanto, sonroja bastante el desconocimiento sobre el uso de las lenguas que prescribe la Constitución o el éxito de los modelos de implantación en las comunidades plurilingües que arrojan los datos objetivos, como los resultados de las pruebas de acceso a la Universidad en todas las Comunidades Autónomas en la prueba de Lengua Castellana y Literatura (por mucho que no les quiera entrar en la cabeza a partidos con visiones un poco alteradas y desproporcionadas sobre el asunto). Dicho inspector parece también desconocer informes internacionales de la OCDE o de la propia UNESCO en los que se puede comprobar el éxito de esos modelos estatalizados que tanto critica, por ejemplo, en países tan absolutamente diferentes como Finlandia o Cuba. Confunde modelos de gestión con alternativas metodológicas y curriculares de una manera pasmosa, ya que el modelo de gestión es una cosa establecida en cada centro (o se es público, o privado-concertado o privado totalmente) con alternativas metodológicas y curriculares, en las que todas las leyes educativas que ha habido en este país otorgan un marco de autonomía a los centros para emplear precisamente esas alternativas metodológicas que consideren oportunas. No deben funcionar mal en ese sentido en las escuelas públicas (donde al parecer el señor inspector debe pensar que no hay libertad), ya que nuevamente la prueba del algodón de los resultados de las pruebas de acceso a la Universidad vuelven a otorgar las medias de resultados más altas que a las privadas o privadas concertadas. Y es la prueba del algodón, ya que todos los centros, independientemente de su gestión, hacen el mismo examen de manera anónima. Quizás, pensamos nosotros, esto sucede por la diferencia que quizás existe entre concebir la educación como un derecho y un servicio social frente a quienes la consideran un mercado y un beneficio privado.

Además, hay un aspecto que resulta casi entrañable por la candidez, no sé si de su propia conciencia o de la que presupone a todos los demás, con que este inspector señala que “resulta bastante tranquilizador” que el gobierno andaluz “limitará los aspectos más lesivos de la ley Celaá“. La LOMLOE, al igual que la vigente LOMCE, son reformas de la LOE. Toda ley orgánica, por su propio carácter de orgánica, solo puede ser sustituida por otra ley nueva. En ambos casos, frente a cómo se presenta la batalla partidista y mediática, lo cierto y honesto es que los aspectos fundamentales no cambian y esencialmente el sistema no sufre ninguna transformación traumática. Por mucho que nos anuncien el apocalipsis desde los sectores conservadores cada vez que se dan tímidos avances sociales, como el divorcio, el aborto o el matrimonio LGTBI (para estos temas poca libertad esgrimían en su momento), nada de eso es cierto y es grave en alguien a quien se le presupone un conocimiento fundamentado sobre la materia. Como casi todo, esta reforma tiene aspectos positivos que vienen a solucionar en mayor o menor medida algunos problemas que arrastraba la anterior reforma, mientras evita otros en vez de hacer más. Cabría preguntarle al inspector algunas cuestiones importantes: ¿qué puede cambiar el gobierno andaluz en el marco de sus competencias? Pensamos que no mucho. ¿Lo suficiente para que esto sea un vergel frente al infierno LOMLOE, ley que delimita lo que puede cambiar y lo que no el gobierno andaluz? El marco de competencias no cambia sustancialmente. Entonces, ¿es realmente tan mala una ley que permitiría al gobierno andaluz hacerla viable y funcional? ¿Está de broma o solo trata de hacernos trampa? ¿Esto es independencia y neutralidad o un descarado ejercicio de manipulación ideológica?

En todo este conjunto de desaciertos, nuestro inspector tampoco es muy original empleando el manido y facilón concepto comodín que en la práctica parece valer para todo, lo mismo para un roto que para un descosido, que es el de la manoseada y tergiversada libertad. Un concepto de libertad que no es el moral o el filosófico, sino el de la derecha política. Una libertad que esconde el privilegio, la desigualdad, la opacidad, la rendición de cuentas y el beneficio privado. Una excusa que en la práctica se emplea para justificar lo injustificable. La salvaguarda de los derechos básicos corresponde al Estado, que es para el que trabaja nuestro inspector como funcionario. Estado que elegimos democráticamente y que debe garantizar y proteger derechos y no permitir que se juegue con ellos al Monopoly en los mercados, perjudique a quien perjudique. La iniciativa privada económica está salvaguardada en nuestra Constitución, pero eso no significa que todo pueda ser depredado por empresarios, banqueros y financieros. Por eso no se permite el mercado de la donación de órganos, se regula el mercado del trabajo, consagrándose constitucionalmente que el trabajo tiene que desarrollarse por el acuerdo entre trabajadores y empresarios, y se prescriben límites a la actividad financiera (menos de lo humanamente deseable y sostenible, por cierto). Se regula hasta el tráfico rodado, por mucho que alguien crea que conduce muy bien con tres cubatas encima y se sienta que le roban la libertad de correr cuanto quiera cuando le imponen los límites de velocidad. No es inquina personal ni odio por la humanidad, como pretenden algunos extremistas. Es porque desde que existe el concepto de libertad, este mismo, tiene límites. Y hay actividades y acciones que pueden llegar a perjudicar y hacer mucho daño si no se regulan y controlan. Precisamente, gran parte de lo que significa educación y convivencia implica la delimitación y asimilación de los límites en nuestra vida cotidiana.

En la cuestión educativa, hay muchas escuelas concertadas que son auténticos chiringuitos y no son para nada ese paradigma cuando:

– Discriminan alumnado, como aquel con necesidades de atención educativa especiales o alumnado inmigrante, que asume el sector público hasta en un 85%.

– Chantajean con cuotas a las familias, disparando el gasto por alumno con respecto al de la educación pública.

– Compiten desigualmente con el sistema público con decretos de escolarización que claramente les favorece blindando la pérdida de líneas, mientras todas las pérdidas las asume la educación pública obligados por ley.

– Inculcan en no pocos casos idearios religiosos e ideológicos muy particulares frente a la pluralidad y libertad de un profesorado diverso en la educación pública, donde sí que cabe la diversidad y riqueza de la sociedad.

– Contratan profesorado seleccionado en la competición de las oposiciones públicas y no a dedo de según quién, garantizándose unos mínimos de preparación, exigencia y neutralidad comprobados.

Esta LOMLOE viene a solucionar más bien poco de estos problemas, pero ya es algún avance con respecto a la LOMCE. No, señor inspector, no es una cuestión de libertad, sino un problema de libertinaje, de mantener una estructura que favorece estos problemas y, por contra, tratar de solucionarlos, aunque sea tímidamente, no es un atentado contra la libertad, sino un paso más para mejorar y asegurar el derecho a la educación en la línea de lo que la mayoría democrática de este país confió y decidió cuando votó al poder legislativo en este país. Y si este inspector no cree en ello, quizás por coherencia y ética profesional, debería dimitir y volver a la tiza, donde como profesor de la educación pública transmitirá sus conocimientos y lecciones al alumnado, al igual que otros compañeros y compañeras que pensarán o igual o diferente que él. El alumnado, en el ejercicio de su libertad y tras conocer todas las enseñanzas y opciones ya discriminará lo que quiere pensar, a diferencia de muchos centros concertados con sus peculiares idearios y su profesorado callado y con miedo a perder su trabajo si se sale de determinadas líneas. Al menos, este inspector sí que podrá ejercer su libertad adecuadamente desde la salvaguarda de la educación pública, donde se garantizan mejor los derechos que en el negocio de la concertada.

El cuerpo de inspección no es el terreno de la libertad personal ni son los jefes que dirigen ningún cortijo, sino que es un cuerpo neutral que vela por el cumplimiento de la ley y de los derechos, al servicio de la democracia y en beneficio del conjunto de la ciudadanía, no de sus inquietudes y opiniones personales de según qué inspectores.

Presentarse como inspector de educación en un medio de comunicación y lanzar una opinión sin dar evidencias, sin analizar ningún artículo o párrafo de la Ley, a favor de un gobierno y en contra de otro, es cuanto menos poco ético y bastante irresponsable para la institución de Inspección Educativa, sin respetar el código deontológico de la misma.

La Educación Especial en España y en Europa

La educación especial, objeto de polémica en España por la aprobación de una nueva ley educativa (la LOMLOE, conocida también como “ley Celaá”) existe en muchos países europeos, aunque en general cuenta cada vez con menos peso.

La educación del alumnado con discapacidad muestra en Europa una clara tendencia a ser incluida en los centros ordinarios, en los que aprenden juntos los y las menores con o sin discapacidad, aunque se trata de un proceso lento y aún hay numerosas escuelas especiales.

Aunque la mayoría del alumnado con alguna discapacidad acude a centros ordinarios en España, con la nueva norma se espera que en 10 años todos cuenten con fondos suficientes para escolarizar a estos menores y que solo los que requieran mucha especialización acudan a los centros específicos de educación especial, que quedarán también como espacios de apoyo.

Hagamos un repaso rápido por lo que encontramos en otros países.

FRANCIA

En Francia el grado de discapacidad marca la educación especial: el alumnado que la tiene leve va a centros ordinarios, aunque en algunos hay aulas especiales. El alumnado que presentan una discapacidad severa va a centros especializados de carácter público. Hay profesorado de apoyo y asistentes personales de algunos alumnos y alumnas, en función de su nivel de discapacidad, que les acompañan dentro y fuera de clase. Hay unos 100.000 asistentes en total. En general, las familias lo deciden a qué tipo de colegio van sus hijos e hijas.

ITALIA

No hay colegios de educación especial. Cerca del 3% del alumnado presenta alguna discapacidad y acude a centros ordinarios, cuyas clases cuentan con un máximo de tres niños y/o niñas que necesiten ayuda y un profesor o profesora de apoyo que se suma al resto del profesorado para desarrollar el programa didáctico de todo el grupo.

El Tribunal Constitucional declaró en 1987 el derecho de todos los estudiantes con discapacidad a poder asistir a escuelas de todos los niveles, y desde entonces se han llevado a cabo diversas intervenciones normativas con el objetivo de asegurar (y no solo facilitar) la asistencia a la escuela del alumnado con discapacidad.

Las familias deciden si quieren llevar a sus hijos a la escuela pública y seguir los ciclos de formación o a un centro especial para actividades lúdicas.

ALEMANIA

Casi el 38% del alumnado con necesidades de atención especial estudian en centros ordinarios. Esto representa un claro ascenso desde la ratificación de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, pues hace una década el porcentaje era del 18%.

Aun así, en todos los estados alemanes existen centros especiales para estos menores, pero en algunos se han ido reemplazando parcialmente por centros de inclusión con todo tipo de niños y niñas, donde algunos previamente diagnosticados reciben atención especial. Las familias son los que eligen a qué centro llevar a sus hijos e hijas.

REINO UNIDO

El alumnado con necesidades especiales pueden ser educados en la escuela pública ordinaria, que recibe fondos para esta función, o en centros especiales, la mayoría sufragados por el Estado y algunos privados. De unos 1,2 millones de alumno.as con discapacidad, el 50 % asiste a colegios ordinarios, que cuentan en mayor o menor medida con profesorado de apoyo, y el resto (aproximadamente un 2 % de la población en edad escolar) a centros especializados. Las familias pueden elegir cualquiera de estos centros.

PORTUGAL

La inmensa mayoría del alumnado de educación especial frecuenta los colegios ordinarios, y apenas un 1% está matriculado en escuelas específicas. Desde 2018 está en vigor una nueva ley de educación inclusiva que busca poner el foco en criterios pedagógicos y no clínicos para que haya una mayor inclusión y que incluso elimina la categoría de “necesidades educativas especiales”.

En caso de que la escuela no sea capaz de dar respuesta a las necesidades de un alumno o alumna, los servicios dependientes del Ministerio de Educación pueden proponer su matriculación en una escuela de educación especial, siempre con el acuerdo de las familias.

AUSTRIA

En Austria, el 5 % del alumnado de Primaria y Secundaria son “menores con necesidades de apoyo pedagógico especiales”, que en su mayoría (un 64 %) recibe educación junto a compañeros y compañeras sin discapacidad en “clases integradas” de centros ordinarios. Un 35 % asistía a clases especiales no mixtas, también en escuelas ordinarias, mientras que el restante 11 % se repartía en los 290 colegios especializados.

Con su ratificación de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, Austria está comprometida a convertir su sistema de educación en uno completamente inclusivo: varias escuelas especiales se han abierto a niños y niñas sin discapacidad, transformándose en centros de educación ordinaria inclusiva, y en los últimos años va en aumento el porcentaje de estos menores que reciben enseñanza integrada. Las familias tienen la libertad de elegir.

La elección de la Coordinadora de Formación nos lleva a plantear la necesidad de un cambio en el proceso de selección

Recientemente la Delegación de Educación de Cádiz ha efectuado un proceso para seleccionar al nuevo Coordinador o Coordinadora Provincial de Formación mediante un procedimiento calificado por el Delegado “de libre designación”. Un proceso que lleva a preguntarnos por la idoneidad de esta vía de selección para determinados puestos que son fundamentales, lo que puede generar no pocos problemas.

Vayamos a los hechos.

El pasado 27 de agosto el Delegado de Educación, Miguel Andreu Estaún, firma y hace pública la convocatoria de Concurso de Méritos para cubrir el puesto próximo a quedar vacante de Coordinador/a Provincial de Formación del Profesorado de Cádiz mediante  su correspondiente Resolución (en este enlace).

En las bases de la convocatoria encontramos lo siguiente:

Primera. – Realizar convocatoria pública para cubrir el puesto próximo a quedar vacante de Coordinador o Coordinadora Provincial de Formación en esta Delegación Territorial, por el procedimiento de libre designación, previsto en el artículo 18 del Decreto 93/2013, de 27 de agosto.

Si analizamos el citado artículo de la norma referenciada, encontramos:

Artículo 18. Coordinación provincial.

2. La persona titular de la Delegación territorial competente en materia de educación nombrará a un coordinador o a una coordinadora provincial de formación, que se adscribirá, en régimen de comisión de servicios con reserva del puesto de origen, al servicio de dicha Delegación que tenga encomendadas las funciones relativas a la formación del profesorado.

3. La selección de la persona que ocupe la coordinación provincial de formación se realizará mediante convocatoria pública en la que podrá participar cualquier profesor o profesora en servicio activo en la Comunidad Autónoma de Andalucía que tenga una antigüedad de, al menos, cinco años como funcionario de carrera en los cuerpos de la función pública docente. Entre los criterios de valoración de las solicitudes se considerará la participación en las actividades del Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado.

Se desconoce en la convocatoria el resto de criterios, la puntuación asignada a cada uno y no hay mención a listas de provisionales o definitivas del personal seleccionado, ni plazo de alegaciones. No obstante, sí existe en la resolución un elemento que puede tener un (¿pretendido?) carácter disuasorio para cualquier interesado/a que cumpla los requisitos: por el procedimiento de libre designación, previsto en el artículo 18 del Decreto 93/2013. Sin embargo, como hemos comprobado, el artículo 18 de dicha norma no recoge que el nombramiento deba ser por “procedimiento de libre designación”; es más, dicho artículo establece una selección y marca uno de los criterios que debe tener la convocatoria, entre otros.

Un dato más sobre este proceso: las y los aspirantes, además de reunir el requisito, han de enviar su curriculum vitae (Base Tercera) como si de una empresa privada se tratara.

Este proceso finaliza con la publicación de la Resolución de 17 de septiembre de 2020 de la Delegación Territorial de Educación en Cádiz por la que se nombra Coordinadora Provincial de Formación del Profesorado de Cádiz a Dª. Paola García Varela, una docente que precisamente antes de este nombramiento trabajaba en el Gabinete de Prensa de la Delegación, por puesto de libre designación del Sr. Delegado, Miguel Andreu Estaún.

Por lo tanto, esta convocatoria adolece de todos los requisitos que entraña un procedimiento administrativo riguroso para la cobertura de un puesto en la administración educativa. Se trata de un puesto de libre designación en convocatoria pública que carece de los principios rectores de acceso al empleo público de igualdad, mérito y capacidad que invoca nuestro TREBEP.  Desgraciadamente, es la forma de cubrir vacantes en puestos de altos cargos, de los diferentes Servicios que componen las Delegaciones Territoriales de Educación. De esta manera se demuestra que el Delegado de Educación, Miguel Andreu Estaún, al igual que los y las anteriores, utiliza los mismos mecanismos de colocación tan poco transparentes.

Desde USTEA Cádiz cuestionamos públicamente la idoneidad de recurrir a semejantes procedimientos para la selección y nombramiento de una persona para un puesto de estas características, sobre todo cuando es de unas características y un calado mucho más técnico que político. Un procedimiento opaco, en el que no se plantean criterios concretos, que se limita al envío de un curriculum como si de una empresa privada se tratara, mientras a las y los trabajadores públicos -y concretamente al profesorado- se nos exige formación y pasar por procesos selectivos regulados con una precisión infinitamente mayor. Un procedimiento, en definitiva, muy laxo, al que recurre el Delegado de Educación de un partido que quiso imponer un MIR para docentes.

Tengamos en cuenta, además, que un procedimiento semejante puede acabar en la selección para un puesto técnico de una persona que poco o nada tenga que ver con el ámbito de dicho puesto. Lo que sabemos es que la persona seleccionada para coordinar la formación del profesorado viene de desempeñar un puesto en el gabinete de prensa de Delegación, tareas que -parece- tienen bien poco en común. Poco podremos saber sobre cómo se habrá considerado “la participación en las actividades del Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado”, que es de los pocos criterios que marca la normativa, ya que desconocemos el perfil y características del resto de candidaturas. La elección de personal no cualificado puede generar problemas de gestión, que podrían llegar a sufrir en primera instancia las y los técnicos y el personal de la Delegación, pero también el profesorado.

El acuerdo de PP, C’s y VOX para los presupuestos es una amenaza para la educación pública

El gobierno de Andalucía, formado por PP y Ciudadanos, ha llegado a un acuerdo con VOX para “desatascar” la negociación y sacar adelante la Ley de Presupuesto de 2021. Dicho acuerdo consta de 32 puntos, algunos concernientes al ámbito educativo. Desde USTEA Cádiz queremos denunciar públicamente que este acuerdo supone un nuevo ataque a la educación pública.

Como era de esperar, el gobierno de Andalucía plantea un espaldarazo a la educación privada concertada a costa de la pública. En este sentido, desde USTEA ya hemos denunciado el proyecto de Orden que prepara la Consejería de Educación para extender los conciertos educativos a Formación Profesional y Bachillerato. Ahora en el acuerdo encontramos las primeras concreciones: se recoge para 2021 un incremento para FP y Bachillerato “equivalente a la concertación de 60 unidades”, y para 2022 un incremento nada menos que del 25% en estas unidades. El objetivo es obvio, y de hecho se explicita en el acuerdo: iniciar “un crecimiento sostenido” de la Formación Profesional y el Bachillerato concertado.

De ese modo el gobierno andaluz profundiza en su hoja de ruta privatizadora de la educación pública. La expansión de los conciertos a las etapas educativas no obligatorias, en combinación con el constante cierre de líneas en los centros públicos, supondrá un duro golpe para la educación pública que se hará notar, sobre todo, en ciudades como Cádiz, donde ya más del 60% de las plazas de educación obligatorias se ofrecen en centros privados concertados. Además de profundizar en la segregación y la desigualdad entre el alumnado, tendrá también serias consecuencias para el profesorado: la destrucción de empleo público. Lo que afectará sobre todo al profesorado interino, que será víctima de un “ERE silencioso” y verá cada vez más mermadas sus posibilidades de trabajar, pero también al funcionario, que además de correr el riesgo de salir desplazado de su centro, verá reducidas drásticamente las posibilidades de movilidad geográfica a través de las comisiones de servicio, lo que obstaculizará seriamente las posibilidades de conciliación.

Pero el acuerdo recoge también la amenaza de un nuevo intento de implantar el conocido como “PIN parental”. Así pues, en el apartado de “Revisión de acuerdos anteriores”, se dedica el punto 16 a las “autorizaciones de las familias en actividades complementarias en el sistema educativo”, donde se recoge “el establecimiento de una autorización expresa de las familias para la participación de sus hijos en actividades complementarias”, con el manido pretexto de permitir “a las familias educar a sus hijos en libertad, sin imposiciones de ningún tipo”.

Nos parece cuanto menos sorprendente que el gobierno de Andalucía insista de nuevo en una propuesta que generó un gran rechazo entre la comunidad educativa, lo que conllevó un evidente desgaste de la imagen pública del consejero de Educación, Javier Imbroda. Hasta el punto de que, en febrero de 2020, el consejero declaró a los medios que no se implantaría y que había generado un “debate estéril” que daba por “clausurado”. Exigimos al consejero Imbroda y a su delegado de Educación en Cádiz, Miguel Andréu Estaún, que expliquen a la comunidad educativa por qué se recupera ahora esta propuesta que ya desecharon en febrero tras un debate que el propio consejero calificó de “estéril”. Teniendo en cuenta, además, como ya advertimos desde USTEA en su momento, que dicha propuesta choca contra la legalidad vigente, a nivel autonómico y estatal. Recordamos ahora tan solo que las actividades complementarias forman parte del curriculum y tienen carácter obligatorio. Esta decisión, en fin, tiene la apariencia de ser un peaje del gobierno andaluz para conseguir el apoyo de la extrema derecha a los presupuestos.

Pero el acuerdo nos reserva otras sorpresas, como el fomento de las Escuelas Taurinas, a las que se destina unas partidas nutridas. En esto invierte el dinero nuestro gobierno mientras deja desatendido al alumnado NEAE -la Jefa de Servicio de Ordenación Educativa ha reconocido a USTEA Cádiz que apenas se cubren el 15% de horas necesarias de PTIS- o regatea en contratación de profesorado.

Desde USTEA Cadiz denunciamos este nefasto acuerdo, tan perjudicial para la educación pública. Volvemos a llamar a la comunidad educativa de la escuela pública, y concretamente al profesorado, a tomar conciencia del peligro que supone la extensión de los conciertos educativos a las etapas no obligatorias, a difundir esta información entre compañeras y compañeros de los centros, y a oponer al proyecto presentado por la Consejería de Educación. Exigimos al gobierno que desista de su hoja de ruta privatizadora y de reabrir una polémica que su propio consejero de Educación reconoció como “clausurada” y “estéril”.

USTEA Cádiz denuncia ante Inspección de Trabajo el incumplimiento del Plan de Prevención de Riesgos Laborales

Desde USTEA Cádiz, sindicato comprometido con la salud laboral, queremos comunicar que hemos denunciado ante Inspección de Trabajo el reiterado incumplimiento por parte de la Delegación de Educación de Cádiz del “Plan de prevención de riesgos laborales” de la propia Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía.

En el punto 4 de dicho Plan, aprobado en 2014, se detalla que las Delegaciones Territoriales contarían con 29 técnicos/as que se adscribirían a los Servicios de Gestión de Recursos Humanos y se encargarían de las funciones propias de la prevención en los servicios periféricos y en los centros de trabajo que están bajo su ámbito de competencia. De esos/as técnicos/as correspondían a la Delegación de Cádiz un total de 4 en la primera fase y 10 en una segunda.

Además, en la tercera edición de dicho Plan, con fecha de diciembre de 2019, se plantea una mejora en la situación de las Unidades de PRL, que para la Delegación de Cádiz se concretaría en contar con un/a coordinador/a y un total de 14 técnicos/as. A esto añade que «es propósito de esta Consejería seguir mejorando la estructura preventiva, aumentando periódicamente el número de plazas de asesores técnicos en PRL hasta llegar a doscientos cincuenta y cuatro, cifra acorde al dimensionamiento que recomienda la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para los servicios de prevención propios: “debería haber al menos 1 técnico superior por cada 500 trabajadores”.»

Pero la realidad, a día de hoy, es muy diferente de lo que recoge el Plan: la educación pública de la provincia de Cádiz cuenta con más 17.000 docentes, pero su Unidad de PRL solo tiene tres técnicos/as.

Por esta razón hemos denunciado la situación ante Inspección de Trabajo. Y volvemos a denunciar también públicamente el desinterés e incluso el desprecio de la Consejería y la Delegación de Educación respecto a la salud laboral de los/as trabajadores/as de los centros educativos públicos.

La extensión de los conciertos educativos destruirá empleo público

Desde USTEA Cádiz denunciamos que la Orden para extender los conciertos educativos en Educación Especial, Bachillerato y FP supondrá la destrucción de miles de puestos de trabajo en la educación pública, lo que afectará muy negativamente tanto al profesorado interino como funcionario.

A finales de septiembre el gobierno de Andalucía hizo público el borrador de Orden para acogerse al régimen de conciertos educativos, que pretende que esté en vigor el curso 2021-2022. Un documento que viene con una novedad fundamental: la extensión de los conciertos a las etapas educativas no obligatorias. Ya el consejero de Educación, Javier Imbroda, ha expuesto públicamente su intención de empezar priorizando la FP de Grado Medio.

Desde el sindicato USTEA ya hemos denunciado públicamente ese proyecto de Orden. Además, en este contexto de ofensiva de la educación privada concertada, hemos iniciado una campaña para volver a poner sobre la mesa la necesidad de reversión y desaparición de los conciertos educativos ( https://educacion.ustea.org/ustea-contra-los-conciertos-educativos/ ). De los diversos aspectos que mencionamos en la campaña, hay uno en el que queremos hacer hincapié: la destrucción de empleo público.

Hay que tener en cuenta que el principal instrumento que tienen los gobiernos para la privatización de educación son los conciertos educativos. La expansión de los mismos es un proceso necesariamente sincronizado con el cierre de líneas en centros públicos. Dicho de otro modo: se cierran líneas en la pública, propiciando una masificación de las aulas, para dar más espacio a la educación privada subvencionada. Así hemos llegado a la situación que encontramos en la ciudad de Cádiz: el cierre constante de líneas ha propiciado la expansión de la educación privada subvencionada, hasta el punto de que mucho más del 60% de las plazas de educación obligatorias se ofrecen ya en centros privados concertados.

La comparación de los datos entre comunidades es clarificadora. En Andalucía el porcentaje de alumnado matriculado en la pública no llega ya al 75%, lo que significa que uno de cada cuatro alumnos está matriculado en un centro privado, mayoritariamente concertado: la educación privada concertada supone algo más del 20%. En la Comunidad de Madrid, espejo en el que se mira el gobierno andaluz, donde hay conciertos educativos para las etapas no obligatorias, las matriculaciones en la pública no llegan al 55%, y la educación privada concertada supone en torno al 30% de la oferta. Un dato adicional: en los grados medios, los que quiere favorecer el consejero Imbroda de forma prioritaria, el alumnado que alberga la pública no llega al 59%, mientras que el 29% está en la privada concertada.

A la luz de estos datos, resulta evidente cuál será la terrible consecuencia de la extensión de los conciertos a FP y Bachillerato: la destrucción de miles de puestos de trabajo en la educación pública de Andalucía, en un “ERE silencioso“. Unas consecuencias que volverán a pagar, sobre todo, las y los docentes interinos, el flanco más débil del profesorado. Este sector encontrará muy disminuidas las posibilidades de trabajar cuando participe en la colocación anual de efectivos en verano, o en las convocatorias de SIPRI para cubrir sustituciones y vacantes sobrevenidas, además de que las convocatorias de oposiciones presentarán ofertas cada vez más raquíticas.

Pero las consecuencias las pagará también el profesorado funcionario. El fomento de la educación privada concertada y el cierre de líneas que conlleva puede acarrear que salga desplazado de su centro. Además, reducirá drásticamente la posibilidad de movilidad geográfica a través de las comisiones de servicio, lo que obstaculizaría seriamente las posibilidades de conciliación.

Por eso desde USTEA Cádiz llamamos a toda la comunidad educativa de la educación pública, y concretamente al profesorado, a tomar conciencia del peligro que supone la extensión de los conciertos educativos a las etapas no obligatorias, a difundir esta información entre compañeras y compañeros de los centros, y a oponer al proyecto presentado por la Consejería de Educación.