Bachillerato Internacional: la privada hace caja a costa de la educación pública

Foto: niksebastian (Creative Commons)

En estas semanas pasadas hemos visto cómo las distintas delegaciones territoriales han publicado las convocatorias de puestos específicos de Bachillerato Internacional.

Desde USTEA Cádiz somos muy críticos con este tema. Cuestionamos que la administración se preocupe por un Bachillerato elitista cuando hay tantas carencias en los centros de enseñanza andaluces: falta de personal, ratios por encima de la legalidad, problemas graves en instalaciones, falta de climatización, falta de recursos para la atención al alumnado de NEAE y NEE… No lo entendemos en este contexto, si no es por hacerse la foto, como la que ya se hizo Imbroda a inicios de curso en el IES Padre Luis Coloma de Jerez, donde se llevó la amarga sorpresa de que nuestros representantes sindicales, junto con la FLAMPA, lo pusieron en un aprieto con preguntas ante todos los medios sobre la paupérrima dotación de PTIS en los centros jerezanos.

Sacamos esto a colación ahora porque la publicación de los listados provisionales y nuestras consultas con los baremadores de la Delegación de Cádiz nos confirman lo que ya denunciamos. El Bachillerato Internacional en IES públicos está sirviendo para alimentar las arcas de las empresas privadas a través de sus universidades privadas. Lo explicamos.

El International Baccalaureate exige que el profesorado que imparte clases en su red cuente con la acreditación de haber superado una formación específica homologada que solo pueden impartir instituciones asociadas a la red. En el caso de España la única entidad homologada para impartir los cursos que se exigen al profesorado es la Universidad Camilo José Cela, por supuesto, privada.

El precio del curso requerido en la convocatoria de puestos específicos de la Consejería de Educación (Categoría 1), según la web de la Universidad Camilo José Cela, es de 890 euros por persona, y consiste en un taller presencial de 15 horas de duración. Estos talleres se imparten en un calendario previsto de varias sesiones al año en Madrid y Barcelona, corriendo los gastos de alojamiento y desplazamiento a cargo de los usuarios.

Durante el presente curso, la Consejería, ha sufragado la realización de dichos talleres exclusivamente a profesorado de los siete centros seleccionados para inscribirse en la red. En concreto: el IES Celia Viñas de Almería, IES Padre Luis Coloma de Jerez de la Frontera (Cádiz), IES Medina Azahara de Córdoba, Instituto Diego de Guzmán y Quesada en Huelva, IES Los Cerros en Úbeda (Jaén), IES Padre Manjón de Granada y el Instituto María Zambrano en Torre del Mar (Málaga).

No entendemos cómo una Consejería de Educación tiene que gastar dinero para que una empresa privada de formación (aunque lo que dan es el título, porque la formación como tal es una broma de 15 horas y 890 euros) certifique a profesorado para trabajar en el ámbito público. Nos parece un auténtico disparate solo entendible en las ansias de esta Consejería por favorecer a las empresas educativas privadas y rapiñear con el dinero público.

USTEA Cádiz denuncia nuevos conciertos educativos en plena oleada de recortes en la educación pública

Desde USTEA Cádiz denunciamos que la Delegación de Educación va a «obsequiar» a la educación privada con un lote de nuevos conciertos en plena oleada de supresiones de unidades en centros públicos. El gobierno de Andalucía profundiza en su política educativa: el deterioro y la asfixia de la educación pública para favorecer a la educación privada subvencionada con dinero público, también llamada educación concertada.

En concreto, para el próximo curso van a concertar: un aula de Educación Básica Apoyo a la Integración al IES San Felipe Neri de Cádiz, un aula PFTVA Plurideficientes al CEE Pilar Varo (Afanas) de Rota, un Aula de Educación Básica Especial de Plurideficientes a Upace Jerez y un Aula Básica de Apoyo a la Integración al centro salesiano Manuel Lora Tamayo de Jerez, que tendrá también una FPB de Mantenimiento de Vehículos, y una FP de Grado Medio a Atención a personas en situación de dependencia a Escuelas Profesionales de SAFA en Jerez.

De esta información pueden extraerse dos conclusiones.

La primera, el interés de la Consejería de Educación por extender los conciertos antes en FP que en Bachillerato, donde no hay ninguna novedad. Ya hace meses que Javier Imbroda declaró que no consideraba «prioritario» extender los conciertos en Bachillerato, al tiempo que defendía la concertación de la FP. Es cuanto menos llamativa esta priorización de la FP sobre el Bachillerato, teniendo en cuenta que el consejero Imbroda es fundador de una cadena de centros privados de FP, MEDAC, que podría beneficiarse más pronto que tarde de su proyecto de extensión de los conciertos educativos. En este sentido, no podemos olvidar que el propio Antonio Jesús Castillo, miembro de Ciudadanos y ex delegado de Educación en Granada, ha afirmado respecto al consejero que beneficiar a MEDAC es «su principal objetivo en la legislatura», una empresa con la que mantiene aún «muy estrechas relaciones». Todavía estamos esperando explicaciones públicas de nuestro consejero sobre las durísimas acusaciones vertidas por su ex delegado. Finalmente, desde USTEA Cádiz volvemos a denunciar el proyecto del actual gobierno de Andalucía para extender los conciertos educativos en FP y Bachillerato, que conllevará un duro golpe para la educación pública.

La segunda conclusión tiene que ver con la atención al alumnado más vulnerable. Hace unos días Miguel Andréu Estaún, el delegado de Educación en Cádiz, respondía a una denuncia pública de USTEA Cádiz destacando la «apuesta sin precedentes» por la Educación Especial de su gobierno. Con estos datos sobre la mesa tenemos que matizar las palabras del delegado: lo que encontramos es una «una apuesta sin precedentes» para que entidades privadas hagan negocio con la Educación Especial. Así pues, conciertan nuevas aulas en Centros de Educación Especial privados en Rota (Pilar Varo) y en Jerez (Upace), a pesar de que esta segunda localidad cuenta con un Centro de Educación Especial Pública con plazas suficientes. Mientras, la supresión de líneas en el CEIP Gadir de Cádiz, público, lo condena a tener una única aula de Infantil con 15 alumnos/as de 3, 4 y 5 años, que incluye a 5 alumnos/as de Educación Especial y a una alumna con Trastorno Específico del Lenguaje. Todavía estamos esperando una solución para este centro.

Desde USTEA Cádiz denunciamos una vez más la política educativa de la Consejería y la Delegación de Educación, consistente en desmantelar la educación pública para facilitar la expansión de la empresa privada, a la que además se ayuda con dinero público mediante los conciertos. Y animamos a la comunidad educativa a secundar las movilizaciones convocadas por AMPAs y FLAMPAs de la escuela pública, como la manifestación que partirá el próximo sábado 22 de mayo a las 11:00 de la Plaza San Juan de Dios en Cádiz convocada por FLAMPA Gades.

USTEA Cádiz denuncia que la Delegación concertará otra aula específica en una entidad privada

Lo habíamos adelantado en un comunicado anterior como algo probable, y ahora se confirma: la Delegación de Educación de Cádiz va a concertar una nueva Aula Específica a UPACE en Jerez, una entidad privada. Así pues, UPACE pasaría a tener allí tres Aulas Específicas concertadas, pese a que el CEE Nuestra Señora de la Merced, público y ubicado también en Jerez, tiene plazas para atender esta demanda. El objetivo es claro: asfixiar la pública para beneficiar la privada mediante conciertos.

En efecto, en la mañana de hoy, miércoles 5 de mayo, la Comisión de Escolarización de la zona correspondiente se ha reunido por tercera vez desde que comenzó el proceso. En esta reunión el punto a tratar eran los recursos y colocación del alumnado NEE. En el transcurso de la misma se ha confirmado nuestra sospecha de que Delegación iba a concertar este nuevo aula sin plantearle al CEE La Merced en ningún momento la posibilidad de crear allí ese aula.

La noticia llega en un momento en el que numerosas AMPAs de la provincia, y por supuesto USTEA Cádiz, se movilizan contra la última oleada de recortes de líneas en centros públicos como CEIP Alfonso X o CEIP Elio Antonio de Nebrija (en Jerez), CEIP Menéndez Pidal (Conil), CEIP Reggio (Puerto Real), CEIP Carlos III o CEIP La Inmaculada (Cádiz), etc. Hay un caso que resulta especialmente doloroso en este contexto: el cierre de dos unidades en el CEIP Gadir, de Cádiz, les llevará a tener un solo aula de Infantil con 5 alumnos de Educación Especial y una alumna con Trastorno Específico del Lenguaje, mientras en Jerez conciertan otro aula para el alumnado de Educación Especial en una entidad privada.

Desde USTEA Cádiz denunciamos una vez más la política educativa de la Consejería y la Delegación de Educación, consistente en desmantelar la educación pública para facilitar la expansión de la empresa privada, a la que además se ayuda con dinero público mediante los conciertos.

USTEA apoya la recogida de firmas contra las bases de Rota y Morón

USTEA, sindicato que se define como sociopolítico y antimilitarista, apoya la recogida de firmas por el fin del tratado militar España-USA sobre las bases militares de Rota y Morón.

Desde 1981, con lemas como «OTAN no, Bases fuera» o «Andalucía es tierra de Paz», se han sucedido múltiples movilizaciones contra la presencia en territorio andaluz de bases extranjeras estadounidenses, en especial desde el lamentable referéndum de 1986 y desde la participación de España a partir de 2003 en la llamada «Guerra del Golfo», en que los ataques de las tropas de EE.UU. sobre Irak provocaron centenares de miles de muertes con barcos y aviones que habían salido de Rota o de Morón.

USTEA estuvo presente en muchas de esas movilizaciones, y este año, una vez más, nos sumamos a los colectivos que rechazan el Tratado militar España-USA sobre las Bases militares, triste herencia del franquismo que la democracia española tiene el deber de finalizar.

Aquí enlace de la campaña para firmar: https://www.change.org/p/al-gobierno-de-espa%C3%B1a-por-el-fin-del-tratado-militar-de-espa%C3%B1a-usa-sobre-el-uso-de-las-bases-militares

USTEA Cádiz ante la preocupación del profesorado por la vacuna AstraZeneca

Imagen: Tinafranklindg (Creative Commons)

Desde USTEA Cádiz exigimos garantías absolutas para la seguridad y la salud del profesorado en el proceso de vacunación.

La triste noticia del fallecimiento de una profesora de 43 años que ejercía en Marbella a causa de una hemorragia cerebral tras la vacunación con AstraZeneca, cuya primera dosis había recibido el 3 de marzo, ha provocado pesar en USTEA Cádiz, y desde el sindicato trasladamos nuestra solidaridad a familiares, allegadas/os y comunidad educativa del centro donde desempañaba su labor docente.

Pero esta noticia no solo ha provocado pesar entre las y los docentes de Andalucía, sino también preocupación e incluso inquietud. No olvidemos que este es un caso más de los varios de problemas circulatorios y trombosis cuya hipotética relación con la vacunación con AstraZeneca ha llevado a buena parte de los estados de Europa, entre ellos a España, a paralizar temporalmente la misma. Por circunscribirnos a nuestra provincia, hace pocas horas nos enterábamos de que dos agentes de la Policía Nacional de Cádiz han presentado trastornos circulatorios después de ser vacunados.

Desde USTEA Cádiz no entramos en consideraciones sobre las diferentes vacunas y su efectividad. Pero, como primer sindicato del profesorado de la educación pública de la provincia, nos hacemos eco y debemos dar respuesta a la preocupación que estos días se expande entre las y los docentes. Preocupación que no ayuda a paliar, precisamente, tener a un consejero de Educación tan desconocedor de la realidad que se vive en los centros educativos que declaró «no tener constancia» de que produjera reacción una vacuna que, como todo el mundo sabe, provoca en un alto porcentaje de los casos un notable malestar durante las horas posteriores a ser recibida (fiebre elevada, dolor muscular, temblores, hinchazón y dolor en brazos, etc).

En definitiva, partimos de dos hechos irrefutables: hay una serie de casos de problemas circulatorios que están siendo investigados por las autoridades sanitarias y hay una honda inquietud entre el profesorado.

Así pues, desde USTEA Cádiz, sindicato comprometido con la salud laboral, exigimos:

Una explicación detallada que clarifique las causas de todos los fallecimientos de las personas que han recibido la vacuna, y en concreto la de nuestra compañera de Marbella.

– Una investigación y una explicación detallada de la razón por la que esas personas que han recibido la vacuna han sufrido complicaciones circulatorias y trombos que no habían sufrido con anterioridad y que no corresponden a su edad y estado físico.

– Un seguimiento médico a las y los docentes que ya han recibido la primera dosis. No es solo una cuestión de salud pública sino de responsabilidad: la administración pública es responsable de la salud laboral de sus trabajadoras y trabajadores, que somos nosotros.

– Que se le proporcione al profesorado una vacuna diferente a la AstraZeneca si las conclusiones de las investigaciones resultan no ser satisfactorias y/o clarificadoras.

Además, animamos al profesorado a llenar los registros oficiales de la Delegación de Educación con escritos en los que quede constancia de las incidencias, por pequeñas que sean, que esté provocando la vacunación.

Y, finalmente, para que no vuelva a repetirse la intolerable situación que se vivió en la provincia de Cádiz, y particularmente en el Campo de Gibraltar, tras las vacaciones de navidad, exigimos de cara a una posible cuarta ola que la docencia vuelva a ser telemática si el municipio alcanza los 1000 casos por cien mil habitantes. Siempre hemos defendido la educación presencial como la mejor opción, pero esta debe darse con las máximas garantías para la seguridad y la salud de la comunidad educativa.

La maniobra de la Consejería para ocultar la supresión de llamamientos de SIPRI

Desde USTEA Cádiz denunciamos la maniobra de la Consejería de Educación para ocultar la supresión de los dos llamamientos de esta semana, correspondientes al martes 16 y jueves 18 de marzo, para cubrir bajas docentes.

El pasado jueves 11 de marzo la Consejería de Educación publicó y remitió a los medios una nota relativa a los posteriores llamamientos de SIPRI. En la misma anunciaba el adelanto del primer llamamiento del tercer trimestre a la última semana del segundo trimestre, en concreto al 24 de marzo, con el objetivo de que el personal seleccionado se incorporara la primera semana de abril, a la vuelta de las vacaciones. En dicha nota la Consejería presumía, además, de que «por primera vez, el sistema de provisión de vacantes y sustituciones no dejará de funcionar ninguna semana». Numerosos medios se hicieron eco de dicha nota, que parecía anunciar una buena noticia.

Sin embargo, la realidad es bien diferente: hoy martes 16 de marzo, y tras insistir a la Consejería, publica una nota en la que aclara que no tendrán lugar las dos convocatorias de rigor de esta semana, correspondientes a los días 16 y 18, y que la próxima será el 24 de marzo. Así pues, no era cierta la aseveración de que el sistema de llamamientos para cubrir bajas «no dejaría de funcionar ninguna semana», una afirmación de la que se hicieron eco algunos medios.

La Consejería de Educación ha mentido: a interinas e interinos y aspirantes a interinidad, a la comunidad educativa en general, y a los medios de comunicación. Así pues, lo que en un principio parecía una buena noticia y recogía una demanda de USTEA (que la primera convocatoria del trimestre tenga lugar antes de las vacaciones para que el profesorado se incorpore después sin mucha demora), ha resultado ser un trampantojo con el que la Consejería ha encubierto un nuevo recorte de llamamientos. Un recorte más de los varios, demasiados, que hemos sufrido ya este curso con pretextos diversos: desde la cercanía de un día festivo o un puente hasta un mal funcionamiento del sistema.

En definitiva, una maniobra que contiene tres notas características de esta Consejería: mentira, recortes (en el sector público, claro) y el autobombo injustificado.

Sobre las nuevas incorporaciones por el PROA+

Desde USTEA Cádiz consideramos una buena noticia la incorporación el próximo lunes 8 de marzo de 393 orientadores/as, y en concreto 71 en nuestra provincia, a través del programa PROA+. Si además no estuviesen solo hasta final de curso y pasaran a formar parte de las plantillas de funcionamiento de manera permanente, lo que contribuiría a paliar el déficit estructural que arrastramos en Orientación educativa, la hubiésemos calificado de estupenda noticia. Esto nos recuerda un poco, en fin, al acuerdo estafa de la Consejería de Educación con ciertos sindicatos sobre los refuerzos COVID. Necesidades estructurales deben cubrirse con puestos estructurales.

Desde USTEA Cádiz damos la bienvenida a estos compañeros/as y les hacemos llegar que seguiremos luchando por una mayor dotación de esta especialidad como elemento clave para la mejora del sistema educativo. Pues de manera somera destacan entre sus objetivos:

• Resolver problemas de la vida académica, como dificultades durante el proceso de aprendizaje, ausencia de motivación, etc.
• Ayudar en la toma de decisiones sobre itinerarios de estudio e incorporación al mundo laboral.
• Convivencia y educación en valores.

Todos ellos aspectos claves en una oferta de una Educación Pública de calidad.

Finalmente, desde USTEA Cádiz os hacemos saber a las nuevas incorporaciones que estaremos encantados de acompañaros en esta singladura en un programa que es la primera vez se bota y la experiencia nos dice que os generará multitud de dudas en su travesía.

USTEA Cádiz apoya la exigencia de una renovación de la instalación eléctrica del Colegio Río San Pedro

Imagen del video promocional del centro.

Desde USTEA Cádiz manifestamos nuestro apoyo a la comunidad educativa, y en concreto al AMPA, del colegio público Río San Pedro de Puerto Real en su demanda a la Junta de Andalucía de una adecuación de la instalación eléctrica del centro.

Este colegio lleva años arrastrando un grave problema relacionado con la deficiente instalación eléctrica, por lo que profesorado y alumnado sufren constantes cortes de luz e incluso conatos de incendio por sobrecalentamiento. Una instalación ya insuficiente desde la inauguración del centro hace 35 años, el único de Puerto Real cuyo entramado eléctrico interno nunca ha sido saneado, según ha denunciado el AMPA.

La situación, sin embargo, ha sido especialmente dura este invierno. Durante la ola de frío han tenido que dar clases incluso a 9 grados de temperatura y con mantas, ante la imposibilidad de encender los calefactores. Una situación todavía más insostenible teniendo en cuenta la obligatoriedad de abrir las ventanas para ventilar las aulas a causa de la pandemia.

El AMPA lleva años demandando una adecuación la instalación, y se está movilizando cansada de falsas promesas por parte de la Junta. La última: que las obras comenzarán en aproximadamente un mes, antes de finalizar la segunda evaluación.

Desde USTEA Cádiz nos unimos a las reivindicaciones del colegio Río San Pedro de Puerto Real y de los vecinos de este barrio para que cuanto antes empiecen las obras de renovación de la instalación eléctrica del centro. Tanto el alumnado como el profesorado y toda la comunidad educativa tienen derecho a ejercer su actividad en unas condiciones dignas.

Hacemos un llamamiento a la Delegación Provincial y a la Consejería de Educación para que las obras empiecen cuanto antes y no se siga demorando la solución a los graves problemas que sufre este centro educativo.

USTEA Cádiz frente a la propuesta de Ley de Autoridad del Profesorado

Imagen: santiagonostalgico (Creative Commos)

Desde hace varios años con el desarrollo normativo de la LOMCE el profesorado es reconocido como autoridad pública. Ahora el PP presenta un proyecto de Ley de Reconocimiento de la Autoridad del Profesorado similar a los que ya fueron rechazados con anterioridad en el Parlamento de Andalucía.

Nos parece, sin duda, una simple maniobra propagandística vacía de contenido. Desde el punto de vista penal, la condición de Autoridad y de ser Funcionario Público tienen unos tipos similares y prácticamente indistinguibles, por lo que tienen poca relevancia jurídica. Por otro lado, el anteproyecto de ley no deja de ser un compendio de otras normas ya existentes y de obligado cumplimiento. Los impulsores de la norma acaban de inventar la palanca.

De la misma manera, la propuesta normativa aplica un principio de «presunción de veracidad», otorgando supuestamente a los testimonios del profesorado un valor probatorio, salvo que se demuestre lo contrario. ¿Es que funcionábamos de otra manera cuando evaluamos o sancionamos en el ejercicio de nuestras competencias? ¿Es que alguna afirmación ha dejado de seguir siendo correcta cuando se prueba lo contrario? La nueva ley nos proporciona lo que ya teníamos con anterioridad, sin ningún matiz mínimamente relevante. Los impulsores acaban de descubrir el fuego.

Desde USTEA Cádiz estamos a favor del empoderamiento de la figura del docente, pero esa autoridad no pasa por la propuesta normativa del PP, que supuestamente pretende mayor capacidad punitiva. Parece más bien que podrá amparar nuevas tareas burocráticas y consecuentes quebraderos de cabeza para el profesorado. La autoridad que nosotros defendemos y que queremos que sea reconocida pasa por establecer unas condiciones de trabajo dignas y adecuadas a la realidad de la práctica docente. Nuestra autoridad deriva de nuestra competencia y función social. Nuestra autoridad es la del conocimiento, no la de leyes que no aportan ninguna novedad sobre la que ya son nuestros derechos y obligaciones. Cuando se pretende dotarnos de una mayor capacidad punitiva (que ni siquiera es real), verdaderamente se socava nuestra verdadera autoridad académica y social, derivada de la trascendencia y repercusión de nuestro trabajo, no de imposiciones legislativas.

Por todo ello, no queremos esta ley que establece que somos una autoridad porque sí. No queremos buenas intenciones y palabras, sino que la administración ponga en marcha realmente mecanismos, procedimientos y recursos que se supone que tenemos pero de los que en realidad carecemos, como medidas reales, apoyo y cobertura contra el acoso y la violencia en las aulas. Es más, la misma administración que dice querer «reconocer nuestra labor» socava nuestro reconocimiento de forma contradictoria con propuestas como la del llamado PIN parental, que cuestiona nuestra labor docente e introduce gratuitamente la sospecha sobre el ejercicio de nuestras funciones y responsabilidades legítimas.

En vez de realizar paripés propagandísticos y vacíos de contenido, la Junta de Andalucía sí que podría realizar otro tipo de actuaciones más reales y beneficiosas:

  • Establecimiento y cumplimiento de protocolos de actuación no burocráticos ante las incidencias de convivencia en los centros que protejan eficazmente al profesorado del acoso y el mobbing.
  • El refuerzo de personal en los gabinetes jurídicos, así como en los de Salud laboral y Prevención de Riesgos Laborales de las Delegaciones de Educación. Ya hemos denunciado públicamente la flagrante carencia de medios materiales y humanos en estos ámbitos.
  • Apostar por el desarrollo de planes de convivencia compartidos y centros Comunidad de Aprendizajes en entornos de difícil desempeño, partiendo de la formación específica del profesorado.
  • Replantear la planificación y actuación en centros de difícil desempeño de cara a dotarlos de mayores recursos económicos, personales y flexibilidad organizativa y directiva. Al profesorado de estos centros se le debe valorar ese esfuerzo extra y especial dedicación con medidas como mayor puntuación, posibilidad de continuidad, etc., que permitan incentivar a consolidar plantillas y proyectos a largo plazo. El compromiso con una mejor convivencia debe trabajarse con prevención y recursos reales, no con intenciones supuestamente bondadosas.
  • Por supuesto, la eliminación del llamado PIN Parental, como medida fiscalizadora de determinados individuos y formaciones políticas sobre las propuestas pedagógicas del profesorado amparadas por las leyes de nuestro país.

Comisión Provincial de Escolarización: seguimos vigilantes por la educación pública

El pasado 23 de febrero se reunió de nuevo la Comisión Provincial de Garantías de Escolarización, una reunión en la que USTEA Cádiz volvió a estar presente para defender, como siempre, la educación pública.

Obviamente, los temas centrales fueron las modificaciones en el Decreto de Escolarización y la oferta de unidades en centros públicos para este proceso, que arranca en marzo. Vayamos por partes.

La Delegación de Educación comenzó recordando que se han introducido una serie de modificaciones en el Decreto de escolarización para adaptarlo a la LOMLOE. Las novedades más destacables son dos:

– Una nueva especificación sobre los servicios escolares, las actividades extraescolares y las complementarias, que recoge la imposibilidad de cobro por estas últimas.

– La consideración del concepto de demanda social como punto de partida para la elección de un tipo u otro de centro por parte de las familias.

Respecto a las novedades procedimentales, señalaron las siguientes:

– Se valorarán con 1 punto los partos múltiples en el baremo de escolarización.

– Solo se computarán hasta un máximo de 14 puntos por el total de hermanos/as.

– Se añade un nuevo supuesto a tener en cuenta tanto en la escolarización ordinaria como en la extraordinaria: la discapacidad sobrevenida.

– La reserva de plazas de NEE se mantiene hasta que termine el proceso de matriculación en junio.

– La resolución de los listados de alumnado admitido ya no la llevará a cabo la dirección, sino el Consejo Escolar. Sobre este órgano, por tanto, recaerán los recursos de alzada.

La administración recordó el calendario con los hitos más relevantes de este proceso:

– Marzo: preinscripción.

– 14 de abril: relación de solicitantes baremada. Habrá 10 días, a contar desde el posterior a la publicación del listado, para recurrir.

– 10 de mayo: sorteo de número para desempates.

– 11 de mayo: resolución con el alumnado admitido en el centro prioritario solicitado.

– 21 de mayo: resolución para alumnado no admitido en centro prioritario y adjudicación en subsidiario.

– 24 de mayo: se abre plazo de un mes para recursos de alzadas.

La matriculación en Infantil y Primaria será del 1 al 10 de junio, y para Secundaria tendrá lugar en la primera semana de julio.

Concluida la exposición, aprovechamos el turno de ruegos y preguntas -en el que, como es ya habitual, solo participamos CC.OO. y USTEA- para poner sobre la mesa el recorte de líneas en centros educativos públicos, conscientes de que todos los años la Delegación de Educación aprovecha para plantear lo que desde nuestro sindicato hemos bautizado como recortes a priori.

Así pues, preguntamos por el número de líneas para el próximo curso en comparación con este. Desde Planificación nos facilitan los datos y, como sorpresa positiva, encontramos que en nuestra provincia se contemplan 73 unidades más que el curso pasado, de modo que de las 6840 que se ofertaron entonces pasamos a 6913. Esto a pesar de que, nos dice la administración, hay 532 niños/as menos respecto al curso anterior para acceder a Infantil de 3 años.

Parece, en principio, que la administración no va a recurrir este curso al mecanismo de los recortes a priori. Ahora bien, esto contrasta con las informaciones sobre cierre de líneas en centros públicos de Jerez, Conil o Puerto Real, en el caso de este último municipio un recorte de dos líneas en el único colegio público que queda en la zona centro, el CEIP Reggio. Desde Planificación nos explican que ha habido un incremento de líneas en otros centros de esas mismas localidades, de modo que partirán del mismo número de aulas.

Planteamos también el caso de por el recorte en Arcos de la Frontera, donde no hay compensación con la apertura de unidades en otros centros, y se nos explica que hay un acuerdo con varias directivas de la localidad para salir todos los centros con una sola línea, un acuerdo que incluye la promesa de abrir una nueva en el centro o centros con mayor demanda. Lo mismo ocurre con tres centros muy cercanos en San Fernando.

En cualquier caso, desde USTEA Cádiz nos oponemos al cierre de líneas en cualquier centro público. Y, por supuesto, vamos a seguir vigilantes, por lo que volvemos a pedir a la comunidad educativa que si tiene noticia de recorte de líneas en su centro nos lo comunique a nuestro correo: educadadiz@ustea.net.

Desde CC.OO. y USTEA preguntamos sobre el cierre de un centro concertado de San Fernando. Recordamos que USTEA solo lucha por la educación pública, y tiene una postura clara respecto a los conciertos educativos: nos oponemos a ellos y pedimos su reversión. En este sentido, el cierre de un centro concertado nos parece una oportunidad para que su alumnado sea reubicado en centros públicos. La administración nos explica que habrá que ver lo que solicita ese alumnado entre los centros de la localidad para absorberlo. Respecto al alumnado de 1º de FPB de Informática, se le ofertará que puedan seguir en centros de Cádiz o El Puerto de Santa María donde se imparte este ciclo.

Pero además de lo relacionado con la escolarización, aprovechamos este marco de encuentro con la administración para plantear otras cuestiones que preocupan a la comunidad educativa, y en concreto al profesorado:

– Vacunación. Tenemos una conversación previa a la reunión sobre el tema. El Delegado de Educación comenta que esperan vacunar a todo el personal de los centros menor de 55 en un plazo de 15 días (recordamos que el personal mayor de 56 años debe esperar a la llegada de otra vacuna que no sea AstraZeneca). Hay que corregir y completar los listados por cada centro de todo el personal que trabaja en el mismo. Se recuerda que la vacuna es voluntaria.

– Puestos de «refuerzos COVID». Preguntamos por la continuidad de estas plazas el curso que viene, y el Delegado nos dice que no puede ofrecernos una respuesta porque la Consejería de Educación todavía no se ha planteado este asunto. Desde USTEA Cádiz tenemos la sospecha, y así se lo transmitimos al delegado, de que la intención real de la administración es que no haya continuidad, puesto que esta consolidación debería reflejarse en la propuesta de partida de unidades para el curso. Desde USTEA seguimos defendiendo que si esas plazas han servido para cumplir con la legalidad sobre las ratios, y solo hasta 2º ESO, deberían ser plazas estructurales y no coyunturales, y que su supresión supondría dar pasos hacia atrás en una comunidad autónoma con un problema generalizado de ratios ilegales. Hay que decir que, sin embargo, el representante de los/as directores/as de los centros manifiesta su preferencia por la opción de que no formen parte de la plantilla orgánica, sino de la plantilla de funcionamiento (que se adapta cada curso, es más flexible, y resulta menos complicada de organizar y manejar). En lo que coincidimos ambos es que debería saberse si va a haber continuidad para esas plazas de refuerzo antes de la llegada del verano. Desde Planificación insisten en que no saben nada, aunque añaden que la propuesta de que esas plazas formen parte de la plantilla orgánica la ven positiva pero inviable.